El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que la institución contralora se mantiene en la postura de tener la competencia de auditar las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

El contralor se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, con modificaciones, “que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283, numerales 1) y 4) de la Constitución Nacional”.

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“Nosotros tenemos una posición muy clara al respecto, creemos que sí, tenemos competencia para auditar de conformidad a lo que estable la Constitución Nacional, por eso es que dictamos esas resoluciones de auditorías financieras y obras que ahora fueron atacadas de inconstitucional”, refirió Benítez.

Asimismo, indicó que se trata de una discusión de más de 30 años acerca de si la Contraloría tiene o no competencia para auditar los fondos que se gastan en Paraguay que provienen de las binacionales. “Nosotros creemos que siempre respetando lo que refiere a la margen derecha, que pertenece al Estado paraguayo, y a la ejecución realizada en territorio nacional, la Contraloría puede fiscalizar”, explicó.

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La Corte debe expedirse

Por otra parte, refirió que al momento de analizar este proyecto de ley, acudieron como institución para dar un parecer sobre esta propuesta. “Nosotros acudimos al Senado para dar nuestra opinión respecto a esta última ley que tiene media sanción, que también fue aprobada por el Senado”, sentenció.

Mientras tanto, se refirió además al artículo 3º de la normativa, en la cual se habla de la utilización de fuerza para realizar una intervención, a lo que señaló que primeramente la Corte Suprema de Justicia debería expedirse sobre si la Contraloría tiene o no competencia, obviamente si no tenemos competencia ese artículo no debería ser aplicado.

“Esto tiene que ver con coercibilidad de la norma jurídica; es decir, una norma jurídica que te dice que no hagas algo, pero no te da ninguna sanción, en el mundo y especialmente en países como el nuestro no tienen mucha eficacia”, sentenció.

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