El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz y la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), informaron en conferencia de prensa que ambos gremios reclaman el incumplimiento del pago del subsidio por parte del Gobierno y amenazan con reguladas y suspensión del servicio.

Al respecto, Ruiz Díaz señaló que la deuda que exigen por la falta de subsidio corresponde a abril y mayo de este año y asciende a 9.450.000 dólares. Como medida drástica mencionó que la Cetrapam pedirá la suspensión de 500 contratos de trabajadores (choferes cobradores de buses) ante el Ministerio de Trabajo.

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Sostiene que estas “medidas de emergencia” responden a la falta de actualización del coeficiente del costo de la tarifa técnica, que debería impactar en el subsidio, en cuyo pago hay un “retraso sistemático”.

Por tal motivo alertó que de “continuar estas situaciones nos veremos obligados a tomar medidas de emergencia, que podrían incluir reducciones de frecuencia, suspensiones de servicios y otras acciones que lamentamos profundamente”, dijo el empresario.

Asimismo, remarcó que la responsabilidad absoluta por la afectación del servicio recaerá sobre el viceministerio de Transporte, por la inacción y por no cumplir con sus obligaciones contractuales de los compromisos asumidos.

“La situación se ha vuelto crítica y sostenida, de incumplimiento por parte del Viceministerio de Transporte en los pagos comprometidos por el sector privado de transportes públicos de pasajeros y la falta de actualización de coeficientes de la estructura de costos de la tarifa técnica”, explicó Ruiz Díaz.

Agregó además que pasó un año, cuando en junio del 2024, se concretó un compromiso formal por parte del Viceministerio, sobre la actualización del coeficiente que determina el costo de la tarifa técnica, sin que hayan honrado su palabra.

“En los últimos meses hemos registrado retrasos sistemáticos en el pago del subsidio y compensaciones tarifarias, que son fundamentales para sostener la operación diaria del sistema de transporte público. Estos incumplimientos generaron el retraso en el pago de los salarios de los trabajadores del sector; imposibilidad de afrontar los costos operativos como combustibles, mantenimiento, seguros, riesgos de paralización parcial o total del servicio”, precisó.

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Este jueves, el Ministerio de Salud comenzó a implementar el sistema HIS (Health Information System) en el departamento de Concepción, para empadronar a pacientes crónicos y que puedan retirar de forma continua sus medicamentos. El personal de blanco participó de capacitaciones que tuvieron el acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Desde la cartera sanitaria indicaron que muchos pacientes ya retiran su medicamento en una Unidad de Salud familia y luego vuelve para retirar la misma cantidad de un hospital, lo que hace que haya un desabastecimiento y los remedios no lleguen a toda la población. Es por eso que con este sistema se podrá controlar la entrega.

“Se realizará el empadronamiento mediante el sistema HIS para saber la cantidad exacta de pacientes crónicos dentro del departamento. En este caso, de empezaremos con los de hipertensión arterial (HTA) y diabetes, que son los más comunes”, explicó el doctor Rodolfo Barrios, en entrevista con “Dos en la ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Resaltó que la idea es que los pacientes con estas enfermedades crónicas puedan recibir el tratamiento adecuado y que los medicamentos lleguen a destino. “Lo más importante es que el paciente diabético e hipertenso tenga el remedio y haga un tratamiento eficaz, así también estar controlando”, detalló.

Apuntó que mediante este sistema también se podrá ver la disponibilidad de camas, consultas y el expediente de cada persona que haya consultado dentro de la red del Ministerio de Salud. Además, de que cuando se tenga que comprar los remedios se compre para los que están en esta lista.

Este sistema comenzó a implementarse desde ayer miércoles 18, para lo cual se están realizando capacitaciones y talleres para el buen manejo del personal de blanco de la zona. Los cursos, que continuarán hasta mañana, cuentan con el acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

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El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.

“La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En la mañana de este jueves, los intendentes que se encontraban en la zona de conflicto entre Israel e Irán llegaron a Paraguay. De acuerdo con las informaciones, alrededor de las 06:40, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el avión que traía de retorno a los jefes comunales. Las autoridades fueron recibidas por el embajador de Israel en Paraguay, Amet Mekel, además de sus familiares y amigos.

La delegación paraguaya que participó de una capacitación invitada por el gobierno de Israel está compuesta por Felipe Salomón, intendente de San Lorenzo; Cinthia Cabañas, de Paso Horqueta; Fernando Ramírez, de Pilar; José Resquín, de Independencia, y Claudio González, miembro de la Junta Municipal de Salto del Guairá. Durante la permanencia de estas autoridades se dio un intenso ataque en escalada por parte de Irán a Israel.

El presidente de la República, Santiago Peña, ratificó su confianza en la doctora María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud Pública, aunque aclaró que no está satisfecho con la gestión en la cartera sanitaria.

El senador Silvio Ovelar arremetió contra la ministra de Salud, a quien no le perdonó su ausencia en la reunión de la Comisión de Presupuestos el martes. Peña fue consultado sobre la posición de Ovelar y consideró que la opinión del legislador refleja la de varios parlamentarios. “Yo tampoco estoy satisfecho, lo digo públicamente siempre queremos más”, advirtió.

Un ataque con misiles iraníes hirió al menos 32 personas personas, dos de ellas graves, y golpeó un hospital en el sur de Israel, señalaron las autoridades del país hebreo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí reportó en la red social X de “un impacto directo (...) en el Hospital Soroka de Beersheba, en el sur de Israel”. “Es el principal centro médico de toda la región del Néguev en Israel”, subrayó la vicecanciller israelí Sharren Haskel, que consideró el ataque como “deliberado” y “criminal”.

El ministro Javier Giménez, titular de Industria y Comercio (MIC), y miembro del Consejo de Administración de Itaipú en el marco de las negociaciones del Anexo C, indicó que Paraguay sostiene el pedido de aclaración al Gobierno de Brasil sobre el esquema de espionaje contra autoridades paraguayas, develado por la prensa brasileña.

El secretario de Estado adelantó que la respuesta ya se podría dar en unas dos semanas más. “Yo confío mucho que Itamaraty va a resolver esto en dos semanas, pero personalmente, está tardando más de la cuenta”, dijo Giménez, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al nombre del palacio que funciona como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, formó parte de la comitiva de exautoridades nacionales que participaron del acto de conmemoración por los 181 aniversario de creación del Regimiento Escolta Presidencial y Comando en Jefe.

“Recordamos 181 años de historia del Regimiento Escolta Presidencial, símbolo de disciplina, honor, lealtad y servicio a la Patria. Mi respeto y admiración a quienes día a día entregan su vida al resguardo de nuestras instituciones y autoridades", indicó el titular del Partido Colorado a través de redes sociales, invitado al evento en su carácter de expresidente de la República.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.

“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.

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Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.

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