• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Los trabajos que comprenden la remodelación, refacción y ampliación del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) registran un progreso sostenido. En ese marco, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, realizó este sábado una verificación técnica del avance de las tareas que se desarrollan en el principal hospital oncológico del país.

La secretaria de Estado resaltó el compromiso y la dedicación de los trabajadores que llevan adelante las obras que comprenden el plan de modernización del Incan. Indicó que los trabajos avanzan acorde al cronograma establecido.

Centurión hizo hincapié en la importancia de este proyecto, señalando que el objetivo principal es mejorar el servicio y la infraestructura para los cientos de pacientes que acuden diariamente al hospital. Detalló que el plan de renovación integral no solo busca agilizar los diagnósticos, tratamientos y el seguimiento especializado, sino también garantizar instalaciones más seguras, funcionales y confortables tanto para los pacientes y sus familias, así como para el personal de blanco.

En cuanto a las obras, el MOPC informó que el nuevo Centro de Atención Ambulatoria registra un avance del 28,21 %, mientras que el Parque Sanitario registra una ejecución que llega al 17,6 %. El proyecto contempla la construcción de pilotes de hormigón armado y armaduras para pilarizaciones, movimientos de suelo, canalizaciones, adecuación de accesos y los trabajos previos para la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales del centro especializado.

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“Las nuevas instalaciones se proyectan bajo estándares internacionales, priorizando una gestión más eficiente de medicamentos e insumos, la reorganización de espacios y la incorporación de consultorios modernos y un Hospital Día”, según el reporte de la cartera de Obras.

El plan de modernización del Incan demanda una inversión de unos G. 26.894 millones y es financiado por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú–Paraguay. El plazo previsto para el desarrollo del proyecto es de 20 meses.

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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.

En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.

Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.

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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.

Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.

“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.

Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.

Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.

Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.

“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.

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La senadora Lilian Samaniego ratificó su precandidatura para la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2028 y cuestionó que no sea tenida en cuenta por sus propios aliados en la disidencia colorada. Señaló que los referentes que ya adelantaron su carrera hacia el Palacio de López no se acercaron para llevar adelante conversaciones en torno a la chapa presidencial.

“Soy una candidata, creo que representativa para los colorados. Siempre quieren instalar que a lo máximo que puedo llegar es a la vice, y algunos consideran que ni ahí tengo que estar, mis propios aliados. Creo que esta es la única oportunidad que tengo de probar, debido al tiempo transcurrido”, fueron las expresiones de Samaniego a los medios desde el Senado, este viernes.

La legisladora sostuvo que incluso no la mencionaron para conformar una chapa presidencial como vicepresidenta, tanto por parte del exministro abdista Arnoldo Wiens, como del senador Luis Pettengill, que son los principales aspirantes a la presidencia por parte de la disidencia en el Partido Colorado.

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“No, ni a favor de nadie (descabalgar su precandidatura). A mí nadie me habló de vicepresidencia, a mí nunca ni Wiens, ni Petengill, nadie me habló y todos los medios me instalan como vice, y él habla (Wiens), va a elegir su vice, que nadie le va a imponer y nunca escuché de su boca que una mujer va a ser su vice”, cuestionó la congresista que encabeza el movimiento Causa Republicana.

Samaniego criticó que incluso no existen conversaciones dentro de los principales movimientos internos de la disidencia para desarrollar negociaciones sobre lo que serán las generales. “Voy a ser candidata a la Presidencia de la República a través del Partido Colorado y hasta hoy no nos sentamos para establecer los parámetros”, sentenció.

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