Cercanía del PDP y el Gobierno, un instrumento clave en cargos de relevancia para el blanqueo
En el gobierno de Mario Abdo Benítez se observa un relacionamiento muy cercano del jefe de Estado con los representantes del Partido Democrático Progresista (PDP) -liderado por el matrimonio Filizzola-Masi- y que solo sirvió para el blanqueo de hechos de corrupción. El caso más reciente y que involucra al titular de la Senad y encargado de la Comisión de Compras COVID-19, Arnaldo Giuzzio, es el de la adquisición de insumos por parte de la cartera sanitaria para enfrentar la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el informe de la comisión, no existió daño patrimonial.
Destacan repunte del 8% en ingresos de divisas por exportación de carne, en medio de la pandemia
El titular del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa), José Carlos Martin Camperchioli, resaltó el crecimiento obtenido en cuanto a ingresos de divisas por exportación de la carne al cierre del primer semestre del año, pese a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. Los envíos del sector pecuario totalizaron US$ 612 millones a junio, cifra que representa un crecimiento del 8% en comparación con el mismo período del año pasado cuando el monto alcanzado fue de US$ 566 millones.
Reanudan allanamientos en Cordillera que conduzcan al paradero de Juliette
Una comitiva fiscal policial realizó dos allanamientos hoy en búsqueda de evidencias que conduzcan al paradero de la pequeña Juliette. Los procedimientos se llevaron a cabo en Atyrá y en Caacupé, Cordillera, de donde incautaron planillas y teléfonos celulares. Según informaron los intervinientes, las viviendas allanadas pertenecerían a personas cercanas al padrastro de la niña, Reiner Helmut Oberuber, procesado en el caso junto a la mamá de la menor.
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Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
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Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.
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Progreso, no oportunismo
- Por Jorge Torres
- Columnista
El Gobierno nacional concluyó la reglamentación de la Ley 5841/2017 “Que establece la utilización de pavimentos rígidos en proyectos de obras viales”. Así lo anunció la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC).
La ley, que obliga al MOPC a construir pavimento de cemento nacional en las rutas del país, fue sancionada por el Congreso en julio de 2017 y fue promulgada por el expresidente Horacio Cartes en agosto de ese mismo año. Sin embargo, hasta la fecha sigue sin ser aplicada, ya que no se reglamentó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que más bien apostó por seguir asfaltando las rutas, en coincidencia con el meteórico incremento de las importaciones de asfalto de su empresa privada.
Con la llegada de Santiago Peña a la Presidencia, se reactivó la reglamentación de la normativa, que por muchos años fue dejada de lado.
Según la Ley 5841, del total de obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el MOPC debe construir rutas con pavimento rígido en un 15 % en el primer año de vigencia de la normativa, en un 20 % en el segundo año, un 25 % en el tercero, y en un 30 % en el cuarto y los años siguientes, para ir sustituyendo parcialmente el asfalto.
El gobierno actual ve al pavimento rígido en la infraestructura vial y el valor del hormigón como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional, por lo que el Ejecutivo se comprometió a dar a conocer en los próximos días la ansiada reglamentación para incorporar de manera progresiva el hormigón en las rutas.
En ese sentido, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, resaltó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.
A su vez, los productores locales se muestran optimistas con el anuncio hecho por el Gobierno y adelantaron que la medida no afectará el stock disponible en el mercado como así tampoco impactará en los precios actuales.
El pavimento ofrece un amplio abanico de propiedades, como por ejemplo su superficie uniforme que promueve la seguridad vial y facilita el tránsito de vehículos. La durabilidad, resistencia a las cargas pesadas, menor costo de mantenimiento, mayor resistencia al fuego y a la luz solar, hacen de esta opción una alternativa eficiente para la construcción de rutas.
Referente a los mitos que existen en torno a las rutas de hormigón, expertos en la materia desmienten que sean más propensas a agrietarse, que sean resbaladizas cuando se mojan, que conllevan un costo mayor para construirse o sean más difíciles de reparar.
Por donde se lo mire es una ventaja para el Paraguay, en calidad, durabilidad, precio y generación de fuentes de trabajo. Existen tres industrias privadas y una estatal, pero como siempre hay sectores políticos y mediáticos que ven esto como un beneficio a un solo sector empresarial, relacionado. Los mismos que, por cierto, no dijeron ni una palabra sobre los negociados de Mario Abdo y su empresa privada que apretaba a contratistas del MOPC a que compren su asfalto. Paraguay puede salir adelante a pesar a estos boicoteadores seriales. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Gobierno asiste a las familias afectadas por las inundaciones
El vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, sostuvo que el Gobierno nacional está asistiendo a las familias afectadas por las inundaciones y las lluvias en todo el país.
Entre ellos, el departamento de Ñeembucú, donde alrededor de 3.000 familias ya fueron asistidas por el Gobierno con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de la Secretaría de Emergencia Nacional, de la gobernación y otras instituciones, con un trabajo coordinado, de acuerdo a las explicaciones de Alliana.
“Por instrucción del presidente de la República, Santiago Peña, la asistencia y el apoyo continúa, no solamente en el departamento de Ñeembucú, sino en todos los otros departamentos afectados”, indicó al programa “Show de noticias” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Informó que entre los trabajos que vienen realizando, destacó la utilización de maquinarias de diferentes instituciones para la limpieza de los canales, que ayudaron y siguen ayudando al desplazamiento de las aguas.
“La cantidad de maquinarias que hoy tenemos trabajando en lo que respecta a limpieza de los canales, con la autorización del Mades y en lo que respecta a la reparación de los caminos, a la reconstrucción y reparación de puentes en el departamento de Ñeembucú, es nunca antes visto”, refirió.
El vicepresidente Alliana se trasladó este viernes a la ciudad de Pilar en el marco del día de gobierno en Ñeembucú, donde anunció que más familias serán asistidas.
“Vinimos a anunciar también que va a seguir la asistencia a las familias que todavía continúan afectadas por los temporales. Hoy ya no hay tanta cantidad de agua, la cantidad de lluvia ya no fue tanto como hace 15 o 20 días, entonces eso aliviana un poco el trabajo, muchas familias ya volvieron a sus hogares y continúa el apoyo y la asistencia del Gobierno en coordinación con las autoridades departamentales y distritales”, mencionó.
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Solución a largo plazo
El vicepresidente Pedro Alliana se refirió a las soluciones a largo plazo para evitar este tipo de inundaciones y que las familias de las zonas rivereñas sean afectadas, para lo cual se está acelerando las licitaciones para culminar las fases b y c de la costanera de Pilar.
“Estamos llamando a licitación, estamos haciendo lo más rápido posible el llamado a licitación de la fase b y fase c de la costanera que sí ya tiene un financiamiento y que va a hacer posible que podamos instalar las motobombas más rápidamente también en la ciudad de Pilar”, apuntó. Cuestionó que en el gobierno anterior no se continuó con esta obra, por lo que la zona sigue siendo fuertemente afectada por la gran cantidad de agua.
“Se hizo la primera etapa de la costanera, por más de dos años, el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez no solucionó la licitación, no tenía el financiamiento de la fase b y la fase c”, sentenció. La fase b implicaba la instalación de motobombas mucho más potentes de las que había y esas motobombas en la primera etapa se sacaron, y actualmente Pilar no tiene una funcionando.
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La cadena de la carne y su peso en la economía social del país
- Por Ing. Agr. Diego Heisecke
- Presidente Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
- Por Lic. Hugo Jiménez de Recalde
- Asesor Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Nos hemos acostumbrado a tener una perspectiva “vertical o rubrista” de la agroproducción e incluso las políticas públicas han sido diseñadas entorno a ese concepto. Así conocimos el “plan del trigo”, “plan algodonero”, “programa lácteo”, etc.
Sin embargo, de la finca a la mesa o del tambo al vaso, interactúan otros múltiples actores y en los tres niveles de la economía (primario - secundario - terciario), por lo cual, es necesaria la mirada HORIZONTAL bajo el concepto de CADENA PRODUCTIVA.
Datos del Banco Central del Paraguay (BCP) refieren una participación de la ganadería en el producto interno bruto (PIB) del Paraguay, entorno a un 2,2 %. Sin embargo, la cadena de la carne no está representada por este número, ya que deja de lado sectores que también participan en la cadena de la carne bovina, como por ejemplo es el sector transporte del ganado, que realiza anualmente más de 75 mil viajes de las unidades de producción a las industrias frigoríficas.
En consecuencia, la cadena ganadera participa en la generación de valor a través de los distintos sectores, incluso antes de la producción ganadera, para la provisión de insumos productivos, los servicios logísticos que ya mencionamos, el sector financiero, el comercio exterior (fletes carreteros, aéreos, fluviales, etc.) y el interior, que implica movimiento en carnicerías, supermercados, etc. En todas estas operaciones se pagan impuestos, tasas, aranceles y gravámenes aduaneros, conforme apreciamos en la gráfica.
Los medios se hacen eco permanentemente de los avances y progresos en el posicionamiento de la carne paraguaya en los mercados de consumo global y la valoración positiva del producto pero, sin embargo, desde la tranquera para adentro, es decir, la finca o unidad productiva, desde hace un poco más de una década no pasa bien, debido a la caída en los precios recibidos por la ventas de animales a los frigoríficos.
AHORA BIEN, ¿QUIÉN O QUIÉNES SOPORTAN EL MAYOR PESO EN CUANTO A INVERSIONES NETAS Y GENERACIÓN DE EMPLEOS DENTRO DE ESTA CADENA?
La gráfica expuesta a continuación habla por sí sola.
Sin embargo, en términos comparativos entre los años 2011 y 2024, mientras el valor FOB de exportación de carne subió 21 %, el precio pagado al productor bajó 17 %.
Si estas condiciones persisten, uno pudiera concluir que la actividad productiva bovina presenta flujos financieros negativos, lo cual obliga al productor a una mayor faena para equiparar ingresos vs. gastos, ocasionando una disminución del hato ganadero y configurando así una actividad financieramente riesgosa.
La ganadería ha sido reconocida históricamente como una actividad vinculada al ámbito rural y la vida misma del pequeño productor, que ve en sus animales un escape financiero ante adversidades familiares de salud, malas cosechas, climas adversos, etc, por cuanto la venta de una o más cabezas puede significar un desahogo momentáneo. Las consecuencias en la persistencia de estas condiciones desfavorables de precios será más impactante en este segmento que en los medianos y grandes productores, por cuanto estos podrían migrar a otras actividades como la agricultura, la reforestación, etc.
Este es un país eminentemente AGROPECUARIO, donde los ingresos de divisas provienen en sus ¾ partes del campo, conforme apreciamos en la imagen siguiente.
Por todo esto, ha llegado la hora de construir consensos amplios entre todos los actores de la cadena, entendiendo que si al eslabón más INFLUYENTE en el antes y el después de la producción le va mal, eso se transmitirá a lo largo de la cadena.
Hoy, el sector productivo pecuario bovino está en un escenario de pérdida real en términos económicos, con una deuda bancaria significativa, con acceso restringido a los mejores mercados y el alto y decisorio peso del eslabón industrial que no solamente define los precios, sino además condiciona los niveles de faena, llegando incluso a reducir esta actividad a menos de la mitad de las capacidades instaladas.
El acceso a la información segura, oportuna y confiable para transparentar los procesos a lo largo de la cadena, desde la producción.