Desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hubo un relacionamiento muy cercano con los referentes del Partido Democrático Progresista (PDP), pero hasta el momento solo sirvió para el blanqueo al Gobierno, minimizando o desmeritando los hechos de corrupción denunciados.

El caso más reciente es del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y encargado de la Comisión de Compras ante el COVID-19, Arnaldo Giuzzio, quien en su informe alegó que no hubo daño patrimonial en las licitaciones del Ministerio de Salud para la compras de insumos, a pesar del millonario anticipo que recibieron las empresas Imedic y Eurotec de Justo Ferreira.

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Las licitaciones amañadas fueron denunciadas y la cartera sanitaria no tuvo otra opción que cancelar algunos procesos y rescindir otros acuerdos, quedando sin equipar los hospitales y los médicos sin los materiales de protección para el combate al COVID-19, pero para Giuzzio no hubo daño patrimonial.

Tras darse el informe de la comisión especial, las reacciones no tardaron en llegar y todos apuntaron al ministro Arnaldo Giuzzio y al titular de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández. Coincidentemente ambos forman parte de los “opositores aliados” al Gobierno.

Pero nada es casual en la relación entre los referentes del Gobierno y los “opositores”, quienes fungen más de aliados que otra cosa, como es el caso de la senadora Desirée Masi y su esposo Rafael Filizzola, recientemente designado como asesor del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Ambos son conocidos dirigentes del PDP.

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Abogado de secuestrador

Como si todo esto fuera poco, el abogado del líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Alcides Oviedo Brítez, es director jurídico de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Se trata de Federico Hetter, con oscuros antecedentes y a pesar de todo su historial fue designado en una institución que debe velar por la transparencia en el Estado.

La falsa moral, el doble discurso y otras falencias cobran fuerza en la Secretaría Anticorrupción, un ente estatal que hasta ahora no ha podido impulsar una sola investigación seria y formal contra figuras y entidades que encierran sonados casos de corrupción, contrariamente a la naturaleza de sus funciones. La presencia de Hetter es cuestionada por figuras de varias instituciones del Estado.

Otros referentes del PDP en el Gobierno son Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el abogado José Casañas Levi, director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

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