Una vez más se suspendió el juicio oral y público de Pablo Ferreira, querellado por lesión culposa por atropellar al ciclista Juan Manuel Teixidó. Foto: Archivo
Por decimocuarta vez se suspendió juicio oral de Pablo Ferreira
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Por decimocuarta vez se suspendió el juicio oral y público de Pablo Ferreira, querellado por lesión culposa por arrollar presuntamente en estado de ebriedad al ciclista Juan Manuel Teixidó, hecho registrado el 6 de enero del 2019 en la ciudad de San Bernardino.
Esta vez la audiencia oral se pospuso debido a que Ferreira presentó a un nuevo abogado, quien solicitó tiempo para poder preparar la defensa del querellado. Ante esta situación, la jueza de sentencia Ángela Carolina Jara fijó para el 6 de julio el inicio del juicio oral y público.
El presente juicio oral ya se viene suspendiendo en más de catorce oportunidades por chicanas exclusivamente presentadas por los abogados de turno de Pablo Ferreira, pero varios pedidos de sanción para los profesionales duermen en la sala penal de la Corte.
El presente caso es uno de los que más chicanas presentaron y hasta el momento no se aplicó ninguna sanción a ningún profesional del derecho que ejerció la defensa del querellado, que a través de esas maniobras buscarían que el caso quede impune. La víctima del accidente, Juan Manuel Teixidó, en su momento, manifestó vía redes sociales que espera que se haga justicia por el accidente que sufrió.
Antecedentes
El accidente de tránsito ocurrió el 6 de enero del 2019 a la altura del kilómetro 48, sobre la avenida General Jacinto Morínigo, de la ciudad de San Bernardino. Estuvo involucrado el conductor Pablo Ferreira, de 29 años –hijo del entonces titular de la Ande, Pedro Ferreira– quien fue sometido a la prueba de alcotest y arrojó resultado positivo con 0,27 mg/l. En la ocasión, Teixidó sufrió diversas lesiones al caer de su bicicleta al pavimento, luego de haber sido atropellado por el vehículo al mando de Ferreira.
La defensa de la exfiscala solicitó la acumulación de la causa de otro procesado y por ende se suspendió el inicio del juicio oral y público. Foto: Archivo
Se suspendió el juicio oral de exfiscal acusada por extorsión
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Se suspendió el inicio del juicio oral para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros procesados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La defensa de la exrepresentante del Ministerio Público planteó una reposición solicitando que la causa sea acumulada junto con la de otro procesado.
Con la presentación que se hizo de parte de la de la defensa de Girala se pretende acumular esta causa con la del abogado Marcos Aurelio Velazco, quien fue acusado en febrero del corriente año por la presunta comisión de los hechos de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal.
En febrero del año 2023 el Fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.
En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Se suspendió juicio oral a propietario de local nocturno acusado por polución sonora
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Se suspendió el juicio oral y público para Diego Sánchez, dueño del bar Budapest, ubicado sobre las calles Senador Long entre Lillo y Tte. Vera, en el barrio Villa Morra de Asunción. La audiencia se pospuso debido a que el acusado presentó un certificado médico.
El Tribunal de Sentencia que debe juzgar al acusado está integrado por Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri. Los mismos deberán fijar una nueva fecha para el desarrollo del juicio oral contra el acusado. El fiscal del caso es Alcides Corbalán, quien tendrá que sostener la acusación contra Sánchez. De acuerdo al Ministerio Público, tiene varios elementos de prueba que deberán ser debatidos durante el desarrollo de la audiencia oral y pública.
Los vecinos de la zona de Villa Morra realizaron una denuncia formal en contra de Budapest Bar, ubicado sobre las calles Senador Long entre Lillo y Tte. Vera. Según manifestaron en su momento, la situación se vuelve insostenible debido al nivel de polución sonora que genera el citado local nocturno, con música a muy alto volumen.
A este hecho se suma que en las noches de mayor actividad los vehículos de los clientes bloquean el acceso a los garajes de las viviendas particulares, impidiéndoles entrar o salir de sus casas.
La situación viene arrastrándose desde hace varios meses, tiempo en el que no han podido descansar con tranquilidad durante las noches.
La presidenta de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enfrenta juicio oral por falsificar facturas que posibilitaron el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia. Foto: Gentileza
Imedic: juicio oral seguirá el 26 de abril con declaración de cuatro testigos
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El juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está siendo juzgada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país, sigue el próximo 26 de abril a las 11:00.
En la audiencia oral de este miércoles declararon dos testigos y para la próxima semana van a declarar otros cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Además de Ferreira, igualmente están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
La defensa de Miguel Prieto y otros imputados pretenden que el proceso penal sea trasladado a Ciudad del Este y es por ello que presentaron varios incidentes. Foto: Archivo
Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
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Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.