El Tribunal de Apelación ratificó las condenas de 17 y 15 años de cárcel para nueve marinos condenados por abuso sexual en niños, cuya víctima fue una niña de 13 años de edad. Foto: Archivo
Ratifican condenas de 17 y 15 años de cárcel para marinos que abusaron de una menor
Compartir en redes
El tribunal de apelación integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández confirmó las condenas de 17 y 15 años de pena privativa de libertad para nueve marinos acusados por el delito de abuso sexual en niños, donde fue víctima una niña de 13 años de edad. El hecho se registró en el predio de la Armada en agosto del 2018.
La condena de 17 años de cárcel se confirmó para Héctor Rodolfo Morel Benítez, quien deberá cumplir la sentencia de 17 años de cárcel. Mientras que para Miguel Ángel Júnior Vargas, Cristian de Jesús Saucedo, Ángel Inzaurralde, Marcos Gabriel Delfino Figueredo, Kevin Hernán Fernández Báez, Jorge Rodrigo Ferreira Méndez, Carlos Andrés Machuca y Jonathan Eliel Valenzuela Ramos se ratificó la pena de 15 años de cárcel.
La defensa de los marinos condenados tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes deberán estudiar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o revocar la misma y ordenar un nuevo juicio oral y público.
Antecedentes
El hecho data del 20 de agosto del 2018. La menor había desaparecido de su vivienda el 6 de agosto del mismo año, por lo cual su madre realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Apareció después del mediodía del 7 de agosto, cumpliendo alrededor de 24 horas ausente. Volvió a su vivienda y varios días después le contó a su progenitora lo ocurrido, por lo que fueron a denunciar el hecho.
La Fiscalía llevó a cabo la investigación por abuso sexual en niños y pornografía infantil, ya que incluso habrían tomado fotografías del hecho, que ocurrió en el interior del Arsenal de la Marina. Además, incautó unos 80 celulares, donde habría evidencias de este hecho y cotejaron las cámaras de circuito cerrado.
Estafa a menonitas: Corte ratifica proceso penal contra imputados
Compartir en redes
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por los imputados José Ljubetic Arrellaga, Willian Bogarín Campuzano, funcionario de la Cámara de Diputados e Ilsa Paredes.
Por ende, ratificó el proceso penal por el delito de estafa de US$ 1.600.000, cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
La máxima instancia judicial sostuvo que el recurso planteado por los imputados no cumplía con el requisito para admitir, por lo que corresponde declarar inadmisible.
El proceso penal contra los imputados se inició el 28 de marzo del 2025, cuando el juzgado penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, cuyo magistrado es Vicente Coronel Villalba, admitió la imputación y fijó fechas para el requerimiento conclusivo y la comparecencia de los procesados.
La defensa de estas personas recurrió a la Corte buscando dejar sin efecto las resoluciones de primera instancia y segunda, que ratificaron la admisión de la imputación y los ministros rechazaron la chicana de los imputados y confirmaron el proceso penal contra los tres imputados.
Con la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia el proceso penal contra los imputados debe seguir su curso ordinario.
De acuerdo al acta de imputación, los procesados ofrecieron tierras ubicadas en el Chaco a los colonos menonitas, quienes desembolsaron grandes sumas de dinero pero nunca recibieron las tierras prometidas y la transacción fue completamente ficticia.
Un Tribunal de Apelación ratificó las altas condenas para los acusados en el operativo antidrogas registrado en la estancia El Tigre, Chaco. Foto: Archivo
Estancia El Tigre: ratifican altas condenas por mega incautación de cocaína en el Chaco
Compartir en redes
El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado segunda Sala, integrado por Paublino Escobar, Mario Camilo Torres y Arnulfo Arias, confirmó las altas condenas para seis personas, quienes fueron encontradas culpables por narcotráfico luego de un operativo antidrogas llevado a cabo en la estancia El Tigre, ubicada en la localidad de Agua Dulce, región del Chaco paraguayo, donde se incautaron 1.375 kilos de cocaína.
El tribunal de alzada ratificó las condenas:
de 18 años de cárcel a Waldemiro Imas González
de 16 años a Edgar Cantero Martínez
de 14 años a Teresito López.
de 10 años a Porfirio Osorio, Albino Núñez y Pablo Robles
fue absuelto por falta de pruebas concluyentes a Porfirio Chávez
En su momento el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y David Federico Martínez, condenó a los citados más arriba luego de ser encontrados culpables por narcotráfico.
Durante el juicio oral, la agente fiscal Ingrid Cubilla fue quien logró demostrar la responsabilidad de cada uno de los acusados, pero el procedimiento para lograr la incautar del mega cargamento de cocaína fue realizado por el fiscal Andrés Arriola, con apoyo de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) y del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
El hallazgo de la droga, distribuida en 30 bolsas, reafirmó el uso del Chaco como ruta del narcotráfico, una problemática que las autoridades aseguran combatir con mayor coordinación interinstitucional y presencia en zonas estratégicas.
Guardiacárceles realizan huelga de hambre reclamando reajuste salarial
Compartir en redes
Un grupo de funcionarios penitenciarios se encuentra realizando una huelga de hambre en reclamo de un reajuste salarial y mejores condiciones laborales. Los huelguistas están apostados desde ayer frente a la sede del Ministerio de Justicia sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Estados Unidos.
“Estamos aquí entre nueve huelguistas ya por tiempo indefinido, por culpa de nuestras autoridades. Y especialmente voy a mencionar que nuestro ministro nos está desamparando. Y lo que queremos aquí es nuestra plata”, dijo Eduardo Estigarribia, huelguista, al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Según manifestó existe un compromiso por ley de otorgar un reajuste de G. 1.500.000 respaldados por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ahora solamente se quiere conceder G. 840.000.
“Nosotros no aceptamos, queremos en su totalidad un millón y medio, nosotros cumplimos bien nuestro trabajo y queremos nuestro dinero, no les vamos a mendigar nada”, expresó.
El funcionario comentó que tiene 20 años de antigüedad y su sueldo actual es de G. 2.520.000.
“Ni siquiera sueldo mínimo gano y tengo seis hijos. Y cómo voy a mantenerles con esa plata a mi familia. Yo en mi día libre ando trabajando como vendedor ambulante para poder solventar el gasto de la casa”, subrayó.
Así también contó que el estipendio de los contratados “es pésimo” y no se les da oportunidad para nombramientos.
“Y necesitamos que les den aumento salarial, que se les dé oportunidad para el nombramiento y esos son los requisitos fundamentales. El presidente de la República se comprometió y había afirmado que es una ley para dar los 1.500.000”, mencionó.
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 4 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenadas por la muerte de Sol Chávez. Foto: Gentileza
Caso Sol Chávez: ratifican condenas de 4 y 3 años de cárcel a bioquímica y odontóloga
Compartir en redes
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 4 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, enjuiciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió por intoxicación por flúor.
En el mes de mayo, en un tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, condenó a Espinoza y Hermosa.
El Ministerio Público pidió 5 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión de odontóloga y bioquímica.
Los padres de Chávez se habían encadenado frente al Poder Judicial exigiendo Justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
Por su parte, la madre de la joven Sol Chávez sostuvo que “recibimos la noticia que el Tribunal de Apelación confirmó las condenas dictadas por un Tribunal de Sentencia contra las dos personas condenadas por el fallecimiento de mi hija”.