Por una nueva recusación contra el tribunal de sentencia se volvió a suspender el inicio del juicio oral y público del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El abogado Mario Elizeche fue quien presentó la recusación contra los jueces Cándida Fleitas, Alba González y Víctor Alfieri. Los citados magistrados deberán elevar un informe al tribunal de apelación, que deberá estudiar si corresponde separar a los jueces o confirmar la competencia de los mismos en el presente caso.
El fiscal Osmar Legal estuvo igualmente en la sala de juicio oral para iniciar la audiencia, pero debido a la nueva chicana presentada en el caso no se pudo dar inicio a la diligencia. Al respecto, el representante del Ministerio Público sostuvo que ya se había pedido la sanción correspondiente a los abogados de Díaz Verón.
Igualmente, el citado agente fiscal había solicitado que se levante el arresto domiciliario de Díaz Verón, pero se decidió en su momento ratificarlo. También la defensa de los acusados había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la determinación que se adoptó con relación a la integración del tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja Díaz Verón-Morínigo.
Acusación
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero.
La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral. Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591, que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone a hasta 10 años de cárcel por el delito mencionado.