El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Juan Ledesma presentó imputación contra el exgobernador del departamento Central Hugo Javier González y otras 49 personas por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.
De acuerdo al acta de imputación, entre los meses de marzo de 2019 y diciembre de 2020 Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, habría autorizado indebidamente las transferencias de recursos por la suma total de G. 24.424.032.733, en concepto de aportes, con el aparente fin de financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la gobernación; sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutar los proyectos formulados.
Así mismo, el exgobernador, pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, habría emitido las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de la gobernación.
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Por su parte el fiscal explicó que cuenta con evidencias para poder formular la imputación contra Hugo Javier y otras 49 personas. En igual sentido, resulta necesario el sometimiento de los imputados al proceso, considerando además que existen indicios suficientes para sostener, razonablemente, sobre su presunta autoría o participación en los hechos por los cuales fueron imputados.
Además de funcionarios, representantes de organizaciones civiles fueron imputados como el caso de Cirilo Daniel Darmanas Flores y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, presidente y tesorero, respectivamente, del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, quienes efectivizaron ocho cheques por la suma total de G. 1.693.409.509, que fueron desembolsados por parte de la gobernación para financiar ocho proyectos; sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación de Central que asciende a la suma de G. 957.763.109.
Ahora se deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o se ordena la prisión preventiva.
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