Quema de Colorado Róga: ratifican juicio oral de dos acusados
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El Tribunal de Apelación confirmó la elevación a juicio oral y público de Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, acusados por los hechos punibles de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daño a cosa de interés común y daños a obras construidas o medios de trabajo por el ataque y quema de Colorado Róga, una de las oficinas de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. La decisión fue tomada por los jueces Gustavo Ocampos, Agustín Lovera Cañete y Gustavo Santander.
La defensa de los dos procesados había apelado la resolución del juez penal de Garantías Raúl Florentín, quien en noviembre del año pasado, tras desarrollarse la audiencia preliminar, resolvió que los acusados estén sentados en el banquillo. Igualmente, enfrentarán juicio oral Pedro Manuel Areco y Luis Manuel Trinidad Ruiz.
Ahora el expediente deberá bajar nuevamente al Juzgado Penal de Garantías para que se pueda realizar el sorteo del tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los acusados del presente proceso penal.
De acuerdo a la publicación de la Nación de fecha 2 de noviembre del 2021, la quema de Colorado Róga había acontecido el 17 de marzo del 2021 tras el rechazo del juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez. La sede incendiada está ubicada sobre las calles Tacuary y 25 de Mayo, en la ciudad de Asunción.
Cabe mencionar que los hechos ocurrieron en el 11º día de las protestas en contra de las autoridades del Gobierno Nacional, en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Fue uno de los días con mayor descontrol y violencia por parte de este grupo de personas.
El incendio de la sede partidaria afectó a estudiantes residentes de Colorado Róga, causando destrozos a sus pertenencias. Los manifestantes ingresaron a la ANR hasta que la policía antidisturbios se encargó finalmente de dispersarlos.
Dispositivos del clan Rotela podrían revelar una serie de hechos punibles
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El Tribunal de Apelación ratificó la orden judicial mediante la cual se dispone la extracción de datos de más de 300 dispositivos incautados del poder del clan Rotela en el operativo Veneratio. El juez José Agustín Fernández indicó que decidieron ratificarse debido a la relevancia de los datos que podrían obtenerse en todos los aparatos electrónicos.
“Esos documentos incautados son valiosísimos porque sabemos todo lo que implica esa vida que se lleva en los centros penitenciarios y los usos que tienen estos materiales electrónicos, además de la vinculación que podría tener con una serie de hechos punibles, entonces por eso se pidió esa autorización judicial. Se manifestó la oposición de parte de los propietarios, en este caso los investigados, y nosotros ratificamos la medida otorgada por el juez”, sostuvo.
En el operativo se incautaron 308 celulares, dos tablets, 10 pendrives, dos notebooks y dos computadoras, por lo que el Ministerio Público solicitó que estos dispositivos puedan ser revisados en el marco de la investigación abierta contra los integrantes del clan. El juez afirmó ante la 650 AM que el Tribunal entendió la importancia de acceder a los datos que contienen los dispositivos.
“Es lo que sencillamente la lógica y el sentido común imponen y mucho más las leyes procesales que autorizan en virtud a los principios que rigen, en este caso, el material probatorio, porque estos van a ser instrumentos de prueba y esto fue lo que decidimos por unanimidad”, indicó el magistrado quien integra el Tribunal.
Los demás miembros del Tribunal de Apelación son Delio Vera Navarro y Viviana Benítez quienes estuvieron de acuerdo en ratificar la autorización para la extracción de datos los celulares, computadoras y otros dispositivos. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López.
Ratifican extracción de datos de celulares incautados del Clan Rotela
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El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez y José Fernández confirmó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares que fueron incautados del Clan Rotela. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del Operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de garantía Yoan Paul López.
En la fecha, el tribunal de apelación tomó la decisión de ratificar la resolución de López Y Además de los teléfonos celulares, se extraerán datos de dos tables, 10 pendrives y dos computadoras incautadas del poder de Armando Javier Rotela y otros 8 reclusos que soportan procesos penales por transgresión a la ley de armas, asociación criminal y motín de internos.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado a cargo de López para que el perito del Ministerio Publico realice la extracción de datos en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
Con el operativo se logró el traslado de 708 personas, entre ellas, integrantes del Clan Rotela. Los reclusos fueron llevados al Comando del Ejército, al Comando de Artillería de Paraguarí, al Comando de Infantería de Villarrica y a la Agrupación de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).
Se reportó 15 personas heridas y 11 fallecidos, entre ellos el suboficial del Grupo Lince, Martín Mendoza, de 30 años, quien fue herido gravemente en la cabeza y llegó sin signos de vida al Hospital Rigoberto Caballero. El agente se convirtió en uno de los emblemas del operativo, puesto que dio su vida en cumplimiento de su labor.
La presidenta de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enfrenta juicio oral por falsificar facturas que posibilitaron el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia. Foto: Gentileza
Imedic: juicio oral seguirá el 26 de abril con declaración de cuatro testigos
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El juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está siendo juzgada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país, sigue el próximo 26 de abril a las 11:00.
En la audiencia oral de este miércoles declararon dos testigos y para la próxima semana van a declarar otros cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Además de Ferreira, igualmente están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Juicio oral a extitular de Petropar, Patricia Samudio, seguirá el 17 de abril
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El miércoles 17 de abril a las 8:30 proseguirá el juicio oral y público para la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo, enjuiciados por el delito de lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
La audiencia oral se pospuso porque una de las integrantes del Tribunal de Sentencia tiene reposo médico por lo que se reagendó para el 17 de abril. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja está integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González, mientras que el fiscal del caso es Francisco Cabrera.
El Ministerio Público sostiene que la pareja ocasionó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal. Ambos fueron procesados por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.