El tribunal de apelación, integrado por los jueces Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y Gustavo Auadre, ratificó la admisión de la imputación por extorsión y quebrantamiento de depósito contra Ramón González Daher. Ahora se tiene vía libre para que el juez penal de garantía Gustavo Amarilla pueda fijar una nueva fecha de audiencia de imposición de medidas cautelares.
La defensa del exdirigrente deportivo Ramón González Daher había atacado la admisión de la imputación por extorsión y quebrantamiento de depósito. Sobre este último hecho punible, los abogados manifestaron que el encausado fue imputado en grado de instigador, pero que no existe un autor del quebrantamiento, por lo que no hay prueba de la instigación.
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El 30 de diciembre del 2021, la fiscala Natalia Cacavelos presentó imputación contra Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y por el hecho de extorsión en calidad de autor. Además, la agente fiscal solicitó medida de prisión preventiva. Ramón González Daher (RGD) soporta una condena de 15 años de cárcel por usura y lavado de dinero.
Por otra parte, la agente fiscal de Luque, Sandra Ledesma imputó por denuncia falsa a Ramón González Daher y había solicitado la detención y la prisión preventiva del mismo este jueves pasado, teniendo en cuenta que el imputado cuenta con una condena y un proceso penal abierto.
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Tribunal de Apelación dio luz verde para audiencia a Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
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A pesar de contar con pruebas, fiscala pidió sobreseimiento provisional de procesado por estafa
La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.
La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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El BPO ya no es solo atención telefónica
La tercerización de procesos no se trata solo de la atención al cliente vía telefónica, pues hoy día ya se habla de finanzas, contabilidad, marketing digital, soporte técnico, desarrollo de software, análisis de datos, gestión documental y mucho más.
La Cámara Paraguaya de Contact Center y BPO (Capacc) tiene la premisa de visibilizar el potencial de la industria del BPO en Paraguay, que logró consolidarse como un importante formador de talentos, con capacitación continua en habilidades técnicas, idiomas y herramientas digitales.
El gremio está cumpliendo 10 años de trayectoria, en los que fue sumando actores tanto empresas como colaboradores directos que a la fecha, suman cerca de 10.000, muchos de ellos quienes encontraron primer empleo en el sector, siendo jóvenes de entre 18 y 23 años.
El BPO o Business Process Outsourcing (Tercerización de Procesos de Negocios) es una fuente clave de inclusión laboral, ya no es solo atención telefónica, ya que actualmente se habla de finanzas, contabilidad, marketing digital, soporte técnico, desarrollo de software, análisis de datos, gestión documental y mucho más, según Pablo Zabala, presidente de Capacc.
“Paraguay tiene todo para destacarse como un proveedor de servicios globales, por eso lanzamos el primer foro de Servicios y Tercerización, en conmemoración al 10º aniversario, que marca un punto de inflexión para mirar al futuro con una visión ambiciosa”, expresó.
Es por ello que la Capacc organiza su primer foro de Servicios y Tercerización, en conmemoración de su 10º aniversario, a realizarse el 6 de mayo en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay. El foro será una plataforma para debatir sobre las oportunidades y desafíos junto con autoridades nacionales y referentes locales y regionales del sector.
Según un informe de Global Business Process Outsourcing Market Size & Outlook, el mercado de la tercerización de procesos en América Latina generó más de USD 15.600 millones al 2023, y se proyecta un crecimiento sostenido del 6,7 % anual hasta 2030. Ante esto, es que Zabala destaca que Paraguay busca posicionarse estratégicamente para captar parte de esa demanda global.
“La industria del BPO puede convertirse en un motor de desarrollo para Paraguay, ya que genera empleo, atrae inversiones y nos posiciona como actores relevantes en el mercado global de servicios”, remarcó el presidente de Capacc.