La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo ratificó la prisión preventiva en la cárcel de Emboscada de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por narcotráfico y lavado de dinero. La resolución de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo vía telemática.
La defensa de Cabaña presentó hechos nuevos como ser un hábeas corpus donde un ministro de la Corte menciona que se tiene que respetar el artículo 236 del Código Procesal Penal, que habla de la proporcionalidad de la prisión preventiva y las personas que cumplan en prisión los dos años y no tengan aún condena firme deben ser puestos en libertad, en el término de la duración de la prisión preventiva.
Asimismo, se puede apelar la presente resolución judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que definir si confirma la prisión de Cucho Cabaña o se dispone la libertad del mismo.
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Reinaldo Javier Cabaña está privado de libertad en el proceso penal que enfrenta por varios delitos en el marco del operativo Berilho realizado en setiembre del 2018 en distintos puntos de Alto Paraná, donde se realizaron más de 20 allanamientos en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de US$ 800.000. Además de Cabaña, están procesados el fiscal Gustavo Yegros, asistentes fiscales, jefes policiales, entre otros.
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Justicia ratifica querella de Conmebol contra directivos del Banco Atlas
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas; Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros imputados por presunto lavado de dinero.
El magistrado rechazó la excepción de falta de acción planteada por la defensa de dos de los procesados. Con esta determinación judicial, se confirma la validez de la querella presentada por la matriz del fútbol sudamericano.
Días atrás, el juez Otazú ya había rechazado un recurso previo presentado por la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, el imputado continúa recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente deberá ser analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual ya podría aplicar sanciones disciplinarias tanto a los abogados como al procesado.
La defensa de Zaldívar presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Otazú, quien fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares. El argumento de la defensa es que existe un recurso extraordinario de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Una vez que el Tribunal de Apelación destrabe el proceso penal, el juez podrá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas, en la que se definirá si Zaldívar y los demás implicados enfrentarán el proceso en prisión o serán beneficiados con medidas alternativas.
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Decretan la prisión preventiva de la empresaria Dalia López
El juez Raúl Florentín decretó la prisión por 10 días en el Departamento Judicial Femenino de la empresaria Dalia López, capturada el jueves tras permanecer prófuga por 6 años por producción de documentos de contenido falso y asociación criminal.
Luego de cumplido este plazo, la procesada deberá ser trasladada hasta la cárcel de mujeres de Emboscada.
La defensa había solicitado de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria.
“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.
Sin embargo, admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene. Hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó.
OFRECIMIENTO DE CAUCIÓN REAL
Para lograr la medida alternativa a la prisión y garantizar que no habrá una nueva fuga, López puso a disposición como garantía un inmueble de alto valor.
“Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, aseguró el letrado.
Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, argumentó que la investigación sobre la causa de producción de documentos públicos de contenido falso, en la cual está acusada López, ya está agotada.
“Ya sería algo inexistente, atendiendo a que la causa ya ha sido juzgada. Se dieron varias salidas a varios de los imputados y acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional del procedimiento. Algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la pena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.
De filántropa a prófuga de la Justicia
Dalia Angélica López Troche (55) tiene una historia que combina la filantropía con supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, al que se suma ahora sospechas de vínculos con el narcotráfico.
Su nombre cobró protagonismo al descubrirse un presunto hecho de falsificación de documento que involucró al exjugador brasileño Ronaldinho Gaúcho, demorado en nuestro país el 4 de marzo de 2020 durante una visita promovida por la empresaria y en la que se descubrió que el futbolista portaba pasaporte y cédula paraguaya de contenido falso.
Como dueña de un holding empresarial multirrubro y presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, era muy conocida en el departamento de San Pedro, donde al momento de desatarse el escándalo –hace seis años– tenía planificado lanzar un proyecto de salud preventiva para niños, para el cual había invitado a participar a Ronaldinho.
“Debe justificar el origen del dinero”
Durante el operativo fiscal-policial que llevó a la detención de la empresaria Dalia López en una lujosa residencia capitalina, los investigadores hallaron USD 220.000 y G. 440 millones.
En este sentido, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la detenida deberá justificar el origen del dinero, al mencionar que no se descarta que esté vinculada con el narcotráfico. La detenida se presentó ayer en compañía de sus abogados defensores ante el Juzgado, donde se realizó la audiencia de imposición de medidas.
López solicitó a través de su defensa medidas alternativas a la prisión alegando problemas graves de salud. Supuestamente, padece varias dolencias que la obligan a consumir 15 tipos de medicamentos. Por otro lado, el equipo legal argumentó que la mujer apeló a la huida por miedo a raíz de supuestas amenazas de muerte que habría recibido vía telefónica.
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Prisión de Marset no es garantía para otorgar a su pareja prisión domiciliaria, afirma tribunal
El Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, ratificó la prisión preventiva de Gianina García Troche, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de Emboscada. La pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
De manera unánime, los camaristas confirmaron la resolución de la juez penal de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, de mantener la prisión preventiva de García Troche ante el requerimiento de sus abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete, consistente en otorgar a su clienta el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Los letrados indicaron en su requerimiento que existían elementos nuevos que desvirtúan la imputación, en este caso, la supuesta falsificación de la escritura pública de constitución de la empresa; la prisión de Marset en Estados Unidos, así como la falta de fundamentación del fallo sobre la prisión de la mujer.
“Los motivos que justifican la prisión de Gianina García, no han variado, pues no existen nuevos elementos aportados a la causa, y la privación de la libertad de Marset no resulta suficiente como justificativo para alterar su estado”, refiere el tribunal.
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En su petición, los abogados también alegaron que la prisión preventiva a García Troche ya era excesiva, que no había ausencia de justificación de la medida, debido a que no existe peligro de fuga y que su sometimiento fue voluntario.
Los camaristas agregaron que “es necesario que la responsabilidad de la misma sea determinada en un juicio con todas las garantías y respetando los principios procesales - artículo. 1ro. del C.P.P.-. Para ello se debe asegurar su presencia al acto”.
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Hermano de excomandante policial, imputado por presunto abuso a adolescente en San Pedro
Leonardo Machado Orihuela, hermano del excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado Orihuela, se encuentra imputado y con prisión preventiva tras ser denunciado por un supuesto caso de abuso sexual contra una adolescente en el departamento de San Pedro.
El caso salió a la luz en enero pasado, en la localidad de Villa del Rosario, donde la familia de una joven de 17 años lo acusa de haber cometido reiterados abusos entre diciembre y enero.
De acuerdo con la denuncia, la víctima trabajaba como empleada doméstica en la vivienda del procesado, circunstancia que habría sido aprovechada para perpetrar los hechos. La abogada de la familia, Gisselle Auada, sostuvo que incluso la esposa del acusado habría tenido conocimiento de la situación sin intervenir.
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Siempre según la versión de la parte denunciante, Machado habría intentado evitar que el caso trascienda ofreciendo inicialmente una vaca lechera y posteriormente la suma de G. 50 millones a cambio de silencio, propuestas que fueron rechazadas.
Tras la formalización de la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, el fiscal Walter Melo Acosta resolvió imputarlo por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación.
El vínculo familiar con un exjefe policial genera preocupación en el entorno de la víctima, que teme eventuales influencias en el proceso. Por ello, la defensa solicitó celeridad en la causa y pidió que se avance hacia la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.
Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada, en Asunción, mientras prosiguen las diligencias del Ministerio Público.