La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y Cristóbal Sánchez, no hizo lugar a la aclaratoria que presentó el exministro del Interior, Rafael Filizzola, procesado por lesión de confianza por el caso conocido como comisarías.
Asimismo, el pasado 10 de agosto, la Corte ya rechazó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el exsecretario de Estado. En el presente caso se encuentran procesados Andrea Angélica Adle Román, exdirectora de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del Ministerio del Interior; Fernando Ángel Sakoda, Juan Diego Fernández, Aníbal Muñoz y Alejandro Candia.
Con la presente resolución se tiene vía libre para fijar la audiencia preliminar para el mencionado caso de las comisarías. En la diligencia judicial se decidirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público.
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Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que, el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
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Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza
Patricia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) y del primer anillo del expresidente Mario Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia de covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
El Ministerio Público había solicitado ambas penas para Samudio y su esposo y el tribunal de sentencia integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González así lo resolvió. Los fiscales Silvio Corbeta y Francisco Cabrera sostuvieron que se probó el delito de lesión de confianza en la compra irregular de agua tónica durante la pandemia.
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Acusación
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a la petrolera estatal.
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Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza
Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.
Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.
La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.
Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.
Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.
“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.
Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.
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Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
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Senado revocó resolución que restituyó fueros de Rivas, Galeano y Filizzola
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de resolución por el cual se revocaron los desafueros de los senadores Hernán Rivas, Erico Galeano y Rafael Filizzola. Tras un intenso debate, finalmente los senadores resolvieron aprobar el pedido presentado por la bancada de Honor Colorado.
Se trata del proyecto de resolución “por el cual se derogan los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución N° 502 dictada por la Honorable Cámara de Senadores, de fecha 4 de abril de 2024, y restablece la vigencia de las resoluciones números 48, 433 y 313, de la Honorable Cámara de Senadores”.
Al inicio del tratamiento de este proyecto de resolución, el senador Derlis Maidana solicitó que el pleno se constituya en comisión para emitir un dictamen sobre la propuesta, lo que fue aprobado por el pleno. En esta instancia, Maidana expuso el dictamen de los abogados constitucionalistas Marcelo Duarte y Luis Lezcano Claude.
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El jurista Marcelo Duarte, indicó en su dictamen que “la facultad del Congreso se limita al levantamiento de las inmunidades y su retiro solo afecta a investigación penal quedando a cargo del juez de la causa decidir sobre la procedencia de las siguientes decisiones procesales solicitadas por las partes”. Exposición que fue presentada por el senador Maidana ante el pleno.
Así también, el abogado señaló en su dictamen que: “el Senado solo tiene la facultad de retirar los fueros a las personas que ocupan determinados cargos, en el caso de los legisladores, en la última parte, del artículo 191 de la Constitución Nacional; no así la facultad de devolvérselos o de otorgárselos a otra persona, por ende, los senadores que fueron despojados de sus fueros recuperarán desde el momento que sean desvinculados de la causa penal por decisión de la instancia judicial”.
En el dictamen del doctor Lezcano Claude, el mismo expone que: “Cuando la Cámara concede el desafuero está diciendo en términos sencillos que está de acuerdo que uno de sus integrantes sea sometido a un proceso penal y lo pone a disposición de la justicia ordinaria en cuanto a un proceso concreto, con todas las implicancias que ello supone, incluida la posibilidad de la prisión preventiva y por todo el tiempo que sea necesario para el desarrollo del proceso”.
Así también refiere que “admitir que el Senado puede revertir un desafuero implica aceptar que puede interferir en el proceso penal en curso, en cualquier etapa del mismo, no se reconoce a las Cámaras la facultad de revertir un desafuero y de este modo intervenir en el curso normal de un proceso penal llevado a cabo ante la justicia”.
Rectificación
Por su parte, el senador Derlis Maidana señaló durante su intervención que la bancada de Honor Colorado tuvo la intención de rectificar la decisión tomada anteriormente, y que en ningún momento se dio la intención de obstruir los procesos judiciales de los senadores en cuestión.
“Nos ratificamos que en ningún momento se hizo una obstrucción a la justicia, al momento en que nosotros dictamos la resolución número 502, no había ninguna resolución judicial todavía. Hoy nosotros como Congreso no podemos entrar a producir un desequilibrio de los poderes del Estado ni incumplir órdenes judiciales, por eso es que solicitamos dejar sin efecto la resolución 502″, refirió.
Mencionó también que, la anterior decisión no causó agravios en los procesos judiciales. “También es importante decir que no se causó agravio, en razón de que ninguno de los legisladores en cuestión ha salido del país, se han fugado de la justicia, no prosiguió la investigación por parte de los mismos, el propio Ministerio Público sostiene en su presentación de que el desafuero es definitivo, entonces corresponde que esta resolución 502 sea dejada sin efecto”, sentenció.
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