El gobernador Hugo Javier González compareció ante el juzgado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, pero la diligencia se suspendió por falta de juez. Foto: Gentileza.
Por falta de juez se suspendió audiencia de imposición de medidas para Hugo Javier
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Quedó suspendida la audiencia de imposición de medidas cautelares para el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza junto a otras 14 personas más por las supuestas obras fantasmas en la citada gobernación.
La diligencia judicial se pospuso debido a que no se tiene un juez competente que pueda entender en el proceso penal debido a que el magistrado Humberto Otazú impugnó la inhibición de su colega José Delmás. Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir quién será el juez que atenderá el proceso penal contra Hugo Javier González y los demás procesados.
El jefe departamental señaló que “la imputación es con base en un hecho punible y eso se va a investigar y mientras dure la investigación y hasta que salga la decisión final, el derecho constitucional de todo ciudadano paraguayo es la presunción de inocencia”.
Incidente de nulidad
El abogado Andrés Casati, defensor del gobernador de Central, presentó un incidente de nulidad de actuaciones, argumentando que el proceso que se le impuso a su representado por lesión de confianza lo deja en “un estado total de indefensión”. En ese sentido, agregó: “Solicitamos también la nulidad de la imputación atendiendo que las conductas atribuidas a mi defendido no cuentan con especificaciones concretas sobre su supuesta actuación y participación de los hechos imputados a Hugo Javier González”, manifestó el profesional del derecho.
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, será investigado por lesión de confianza por los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González. FOTO: GENTILEZA
Fiscalía abre investigación penal contra extitular del IPS
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
Jaime Caballero
Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
Gustavo Alberto González Maffiodo
Carlos Alberto Pereira Olmedo
José Emilio Argaña Contreras
Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
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La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
Documento de recusación.FOTO: GENTILEZA
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
Corte destrabó segundo proceso penal por lesión de confianza del exgobernador Hugo Javier
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el segundo proceso penal que enfrenta el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien ya cumple una condena de 10 años de cárcel. Los ministros confirmaron a los miembros del Tribunal de Apelación, reactivando así la causa abierta por un supuesto esquema de corrupción que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 18.300 millones.
Tras esta decisión, el Tribunal de Apelación podrá estudiar el recurso presentado por la defensa de los acusados contra la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. En caso de ratificarse dicho fallo, el exgobernador y los demás procesados deberán afrontar el juzgamiento.
La defensa buscaba apartar a los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, argumentando que integran el mismo tribunal que intervino en la causa en la que González fue condenado. Sin embargo, la Corte concluyó que no existían fundamentos serios ni jurídicamente válidos para separarlos del caso.
De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados habrían montado un esquema para concretar millonarias transferencias de fondos. Estos recursos debían destinarse a la ejecución de 51 proyectos vinculados al Consejo Regional de Salud de Central y a varias asociaciones civiles.
Atlas: recusación para frustrar imposición de medidas
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El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi –imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros–, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paulino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Con esta recusación, calificada como infundada, la defensa busca frustrar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Al tratarse de un recurso con el solo efecto de dilatar el proceso judicial, la máxima instancia judicial podría aplicar sanciones disciplinarias tanto al abogado Kronawetter como al propio imputado, considerando que estas “chicanas” entorpecen el desarrollo de la causa penal.
Los camaristas ya elevaron su informe a la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá decidir si corresponde confirmar la competencia del tribunal recusado.
VARIOS REVESES JUDICIALES
Días atrás, el juez Humberto Otazú ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros procesados por presunto lavado de dinero.
El magistrado rechazó la excepción de “falta de acción” planteada por la defensa, confirmando así la validez de la participación de la matriz del fútbol sudamericano en el caso.
Asimismo, el juez Otazú ya había desestimado un recurso previo de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, los imputados continúan recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia.
Debido a esto, el expediente será analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a los abogados y a los procesados por el uso indebido de recursos procesales.