El juez Rolando Duarte admitió la imputación contra una mujer investigada por poner un GPS y micrófono en el auto de su exesposo. Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 17 de noviembre a las 10:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
El fiscal Juan Olmedo imputó a la mujer por lesión al derecho a la comunicación y la imagen cuya pena es hasta 3 años de cárcel. El representante del Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión para la imputada.
De acuerdo al acta de imputación desde el 7 de marzo de este año el denunciante se percató de que la camioneta que utilizaba usualmente tenía adherida al sistema eléctrico especialmente bajo el tablero un objeto de color negro que al visualizar pudo constatar que se trataba de un rastreo GPS en cuyo interior contenía un chip con el logo de una telefonía nacional, señala parte de la imputación.
Igualmente el documento fiscal señala que “dicho dispositivo fue desinstalado por un técnico, quien refirió que una mujer habría escuchado las conversaciones que mantuvo el denunciante con varias personas antes de que descubra que tenía el dispositivo”, expresa la imputación fiscal.
El fiscal Olmedo solicitó al juzgado penal de garantías seis meses de plazo para poder culminar la presente investigación y presentar su requerimiento conclusivo que podría ser una acusación o una salida al presente proceso.
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Imputan a un hombre pillado en hurto de insumos de Hambre Cero de una escuela
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal N.º 7 de Ciudad del Este, presentó imputación contra Jerónimo Martín Vallejos (30) por ser sindicado como supuesto autor del hurto agravado en perjuicio de una escuela de Minga Guazú. El procesado habría desvalijado la institución escolar.
La causa investigada data el 21 de junio de 2026, siendo aproximadamente las 23:50, cuando Jerónimo habría ingresado al predio de la Escuela Básica N.º 1529 “Santo Domingo Savio”, ubicada en el km 24 Acaray, a unos 400 metros de la Ruta PY02.
El “visitante” nocturno habría forzado las ventanas y las puertas de varias aulas para acceder al interior de las salas y apoderarse delos insumos alimenticios del programa Hambre Cero, además de un equipo de sonido tipo parlante, color negro, propiedad de la institución; cableado eléctrico y; equipos pertenecientes al sistema de circuito cerrado de vigilancia.
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De acuerdo a lo que reportó la Comisaría 8a., cuyo personal policial intervino en el caso, el hombre se estaba retirando de la escuela con los objetos sustraídos en su poder, cuando fue sorprendido en flagrancia. Los agentes llegaron precisamente en el momento en que el hombre se disponía a salir de predio escolar con los enseres robados.
En consecuencia, se procedió a su aprehensión inmediata y traslado a la sede policial correspondiente. Reunido los elementos de rigor, para la Fiscalía, la conducta del detenido se encuadra provisoriamente dentro del hecho punible de hurto agravado, en calidad de autor.
El Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación, a fin de reunir los elementos necesarios para la presentación del requerimiento conclusivo correspondiente.
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Santa Rita: imputan a otro y suman seis los procesados por el mega-asalto
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez Delgado imputaron a Ismael Huespe Ortiz (58), por su presunta participación en el atraco en contra de tres bancos y una casa de cambios de Santa Rita. Fue detenido el pasado jueves al medidodía, en el barrio Kennedy, de Caacupé, departamento de Cordillera.
De acuerdo a la investigación, Huespe habría mantenido vínculos con uno de los procesados en la causa y participado en un intercambio de materiales explosivos el 10 de enero de 2026, consistente en 400 metros de cordón detonante a cambio de 25 metros de mecha lenta.
Con esta nueva imputación, son seis los procesados en la causa por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas y Explosivos.
El mega-asalto ocurrió en la madrugada de 16 de junio y en la noche de ese mismo día fueron allanadas dos viviendas en Embocada, Cordillera donde fueron incautados elementos relacionados a explosivos, siendo detenidas las primeras dos personas: José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), que luego fueron imputadas. Son sospechosos de haber participado en la provisión de explosivos.
La crónica de los detenidos e imputados en el caso sigue con otros tres, el 18 de junio, durante el allanamiento de un “aguantadero”, en el km 24 de Minga Guazú. Se trata de Emanuel Cidade Campos (23), alias Guaraní, Leandro Portillo Achucarro (30), y Adriana Balmori (34).
En el lugar se incautaron armas, chalecos antibalas, municiones, pasamontañas, clavos miguelitos, celulares y tarjetas bancarias.
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Hasta ahora, el asalto más grande en cuanto a cantidad de entidades afectadas
El hecho investigado es el más grande hasta ahora en el país, por la cantidad de entidades atracadas de una sola vez, aunque se desconoce todavía el monto robado. Ocurrió en la madrugada en el centro de Santa Rita, cuando aproximadamente 20 hombres encapuchados y armados con fusiles llegaron a los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, y Santa Rita Cambios.
Desarmaron y tomaron de rehén a un guardia de seguridad y a un policía y a funcionarios bancarios. Los atacantes colocaron explosivos en las entidades y amenazaron con ejecutar a los rehenes, ante una eventual intervención de las fuerzas públicas.
Robaron el dinero en efectivo de los bancos Familiar y GNB. En Ueno Bank, los vidrios resultaron dañados por disparos, mientras que en Santa Rita Cambios el explosivo colocado en la bóveda no detonó. En la huida, los criminales incendiaron dos vehículos y esparcieron clavos “miguelitos” para obstaculizar la persecución de los uniformados.
Durante el procedimiento posterior fueron halladas vainillas servidas y un artefacto explosivo cilíndrico metálico de 1,30 metros frente al Banco GNB, el cual fue desactivado por la Policía Nacional.
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Imputan a presunto microtraficante tras allanamiento y decomiso de drogas
- Ciudad del Este. Agencia regional
El 13 de junio había sido detenido un hombre durante el allanamiento de una vivienda en Juan E. O´Leary, tras incautarse del lugar dosis de cocaína y marihuana.
El agente fiscal de la Unidad Antidrogas, Elvio Aguilera Vázquez, presentó imputación contra el detenido, por la supuesta comisión del hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.
Asimismo, solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva ante el Juzgado Penal de Garantías.
La intervención se había realizado siendo las 19:15 del sábado último, en un inmueble ubicado en el barrio Santa Ana de O’Leary, con acompañamiento del personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Los intervinientes hallaron en una de las habitaciones una cartuchera de color verde que contenía dos porciones de una sustancia blanquecina en polvo, que luego se confirmó que es cocaína, además de una balanza de precisión, varias bolsitas de polietileno y la suma de 210.000 guaraníes en efectivo.
En una habitación contigua, desocupada, fue hallada una bolsa de polietileno con marihuana, según confirmación posterior. Las evidencias fueron sometidas a pesaje y análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest, a cago del personal técnico de la Policía.
El resultado fue positivo a cocaína con un peso total de 0,96 gramos y positivo a marihuana con un peso de 65 gramos. Ante estas evidencias, el fiscal Aguilera Vázquez inició el proceso contra el hombre, por la presunta comisión del hecho punible previsto en la Ley 1340/88.
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Plantean a Espínola que pida su desafuero tras imputación por homicidio culposo
La mesa directiva de la Cámara de Diputados no incluyó en el orden del día de la próxima sesión ordinaria el requerimiento del Ministerio Público de desaforar al diputado abdista Mauricio Espínola, imputado por homicidio culposo por protagonizar un accidente fatal, el pasado 16 de mayo en Asunción.
“Estamos viendo los números y no va a ser fácil. Es más fácil echar a un diputado que aprobar un desafuero. Lo ideal sería que la gente de su propia bancada converse con él y ver la posibilidad de avanzar (...), si él mismo lo solicita. Por supuesto que vamos a acompañar”, sostuvo el líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Baja, Miguel Ángel del Puerto.
El pedido de desafuero fue remitido a la Cámara Baja el pasado 9 de junio por la jueza Diana Carvallo con la finalidad de avanzar en la causa judicial. No obstante, la Fiscalía ya solicitó para Espínola la aplicación de medidas alternativas a la prisión para asegurar su sometimiento a la investigación de avanzar el despojo de sus fueros, entre ellas figura la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del libro de control, la prohibición de salir del país, la obligación de mantener el domicilio fijado, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización judicial y la imposición de una caución real suficiente, acorde a la naturaleza del hecho.
De acuerdo a la descripción de los hechos, Espínola conducía una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, de color negro, sobre la calle Cerro Corá, cuando, al llegar a la intersección con la avenida Kubistchek, habría cruzado imprudentemente produciendo una colisión con una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, también de color negro, manejada por Emilio Benítez Chaparro, quien falleció el 27 de mayo por las graves lesiones.
Según las informaciones recabadas, el joven circulaba por la avenida con dirección sur e impactó contra la puerta lateral izquierda del rodado. Como consecuencia de la embestida, Benítez Chaparro cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El hecho fue registrado aproximadamente a las 18:35 horas.
Posteriormente, al choque, Benítez Chaparro fue auxiliado por paramédicos y trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma para recibir atención médica. El fallecimiento del joven de 30 años de edad que se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se produjo el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
Tras darse a conocerse la imputación a Espínola, surgieron varios materiales audiovisuales obtenidas mediante cámaras de circuito cerrado que revelan el momento exacto del accidente y que complica su responsabilidad. A la vez existen personas que presenciaron el hecho y que actualmente prefieren el anonimato y aseguran que el parlamentario cruzó el semáforo en rojo.