El juez Rolando Duarte admitió la imputación contra una mujer investigada por poner un GPS y micrófono en el auto de su exesposo. Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 17 de noviembre a las 10:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
El fiscal Juan Olmedo imputó a la mujer por lesión al derecho a la comunicación y la imagen cuya pena es hasta 3 años de cárcel. El representante del Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión para la imputada.
De acuerdo al acta de imputación desde el 7 de marzo de este año el denunciante se percató de que la camioneta que utilizaba usualmente tenía adherida al sistema eléctrico especialmente bajo el tablero un objeto de color negro que al visualizar pudo constatar que se trataba de un rastreo GPS en cuyo interior contenía un chip con el logo de una telefonía nacional, señala parte de la imputación.
Igualmente el documento fiscal señala que “dicho dispositivo fue desinstalado por un técnico, quien refirió que una mujer habría escuchado las conversaciones que mantuvo el denunciante con varias personas antes de que descubra que tenía el dispositivo”, expresa la imputación fiscal.
El fiscal Olmedo solicitó al juzgado penal de garantías seis meses de plazo para poder culminar la presente investigación y presentar su requerimiento conclusivo que podría ser una acusación o una salida al presente proceso.
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Imputan al cuarto presunto miembro de banda que asaltó vivienda de empresario y robó G. 810 millones
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.
Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.
El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.
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Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.
Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.
Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.
También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.
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Admiten imputación y procesan penalmente a directivos de APA
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados
David Herminio Portillo Biancotti, presidente.
Humberto Victorio Rodas Orué, director general.
Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.
Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Desvío de Fondos
En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía procesa a joven como supuesto autor del abuso sexual de niño de 13 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Penal N.º 4 de Hernandarias, imputó a un joven de 24 años como sospechoso del abuso sexual de un menor de 13 años y solicitó su prisión preventiva. El procesado se encuentra privado de libertad a disposición del Ministerio Público y afronta una causa por el hecho punible de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los datos recabados por la unidad fiscal, la víctima se encontraba en situación de calle desde los 11 años y habría conocido al ahora imputado en esa misma circunstancia, ya que también estaba en situación de calle. Ambos frecuentaban una vivienda del barrio Santa Teresa de Hernandarias, donde presuntamente consumían sustancias estupefacientes.
La Fiscalía sospecha que esta situación habría sido aprovechada por el joven, hoy imputado, para someter sexualmente al niño de manera reiterada durante aproximadamente seis meses.
El caso llegó a las instituciones públicas el 20 de septiembre pasado, cuando el niño fue llevado por su madre Hospital Distrital de Hernandarias por fuertes dolores, tras ser encontrado en esa condición en la calle. Recibió la atención médica y se confirmó que presentaba lesiones coincidentes con un abuso sexual. El estudio laboratorial indicó infección de transmisión sexual.
Con estos elementos el hecho fue comunicado a la Comisaría N.º 24 del barrio Puerta del Sol de Hernandarias y al Ministerio Público, como también a la Consejería Municipal de la Niñez y Adolescencia (Codeni).
En el marco de la investigación a cargo del fiscal Víctor Adolfo Santander, la inspección médica forense a cargo del doctor Martín Alfaro, confirmó las mismas lesiones.
Posteriormente, el 23 de septiembre, el presunto agresor se presentó ante la Comisaría N.º 24, luego de haber sido señalado por la hermana de la víctima como el supuesto autor, pero negando haber sido el responsable. En base a los elementos colectados, el fiscal Santander resolvió imputarlo por abuso sexual en niños y solicitó la aplicación de la prisión preventiva.
Cabe recordar que la víctima luego de haber sido atendido en el Hospital Distrital de Hernandarias, el niño de 13 años fue trasladado al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra) de Asunción, con intervención de la Defensoría Pública de la Niñez y apoyo de Codeni.
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Imputan a directivo de una empresa por desecho irregular de efluentes cloacales
- Ciudad del Este. Agencia regional
La supuesta disposición irregular de efluentes cloacales en un establecimiento del Km 12 Monday, de Ciudad del Este, motivó el inicio de una investigación a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales N.º 2 de Alto Paraná.
El representante legal de la empresa Electrotecnia Duarte S.A., fue imputado por incumplimiento de obligaciones de mitigación ambiental y por el procesamiento ilícito de desechos.
Según el relato fiscal, el investigado es responsable del proyecto “Servicio de Recolección de Efluentes en Camiones Atmosféricos y Disposición en Estanques”, dedicado a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos cloacales residenciales y comerciales.
La planta funciona en una propiedad identificada como Finca N.º 12.452 y Padrón N.º 9.264, ubicada a unos 6.000 metros de la Ruta PY02, municipio de Ciudad del Este.
El proceso comenzó tras un informe enviado por la Subcomisaría N.º 14 del barrio Norma Luisa de Minga Guazú, sobre el constante ingreso de camiones con cargas de desagües cloacales y residuos provenientes de la limpieza de pozos ciegos.
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De acuerdo al escrito de imputación, los desechos se vertían en la planta sin el cumplimiento de las medidas de mitigación, ni los criterios técnicos establecidos, generando un impacto negativo en el entorno. Vecinos de la zona vienen reclamando sobre la situación de insalubridad en la que sobreviven.
Agrega la Fiscalía que las cuatro piletas (a campo abierto) previstas para el tratamiento de los desechos no se encuentran en las condiciones exigidas por la licencia ambiental.
Asimismo, la Fiscalía señala que la irregularidad habría estado generando olores nauseabundos en la zona rural, principalmente durante los días de lluvia y calor, afectando la calidad de vida de los pobladores. Como elementos de sospecha, la representación fiscal cuenta con la nota policial, fotografías del lugar y la resolución ambiental.
La fiscal Ocampos solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y cuatro meses de plazo para concluir la investigación. Además, solicitará la suspensión de la licencia ambiental de la empresa.
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