Recurriendo a la vieja práctica de cambiar de abogado a horas de iniciarse la audiencia preliminar, la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica en plena pandemia del COVID-19, lograron suspender la diligencia judicial que debía realizarse hoy.
Ahora el juez penal de Garantías Julián López Aquino tendrá que fijar nuevamente una nueva fecha para el desarrollo de la diligencia judicial en la que se definirá si Samudio y su esposo van a un juicio oral y público.
Por su parte, se realiza la audiencia preliminar para los procesados para quienes se solicitó la suspensión condicional del procedimiento debido a que los funcionarios son víctimas de la situación presentada atendiendo a que en el desempeño de sus funciones cayeron en el error.
Acusación
La Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones, ocasionado tras el conocido caso de compra de agua tónica supuestamente en el marco de la “lucha” contra la pandemia.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado al ente estatal durante la administración de Samudio supera los G. 360 millones por las sobrefacturaciones en supuestas licitaciones, que terminaron siendo compras directas bajo el argumento de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
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