El Ministerio Público solicitó 9 y 3 años de cárcel para la madre y el padrastro de la niña desaparecida en la ciudad de Emboscada. Fue en el marco de la exposición de los alegatos finales del juicio oral y público que soporta la pareja por el delito de violación del deber del cuidado y abandono.
Los agentes fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar, Lorenzo Lezcano e Irene Álvarez pidieron la pena de cárcel para los dos acusados, debido a que se pudo probar durante el debate del juicio la responsabilidad de la pareja en el hecho acusado.
Igualmente, la defensa de los dos acusados ya presentó sus alegatos, por lo que el colegiado ya puede dictar sentencia de primera instancia.
Sin paradero desde abril del 2020
Desde el 15 de abril del 2020 no se sabe dónde se encuentra la niña que desapareció en el complejo habitacional Monte Pacará, ubicado en la Compañía Isla Alta de Emboscada, departamento de Cordillera. Hasta el momento el Ministerio Público sigue la búsqueda de la menor.
Es importante señalar que la mujer soporta otro proceso penal por el delito de desacato a una orden judicial, debido a que se negó a la extracción de sangre para la realización de la prueba de ADN. Mientras que el padrastro enfrenta también una imputación por pornografía infantil.
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Imputan al intendente de Luque por muerte de madre e hija en raudal
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tienen elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial; es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
ESCRITO
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de intendente municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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Alto Paraná: intentaron raptar a una niña, pero se lanzó del vehículo en movimiento
Los padres y vecinos de una niña de 11 años denunciaron que un desconocido intentó raptarla ayer miércoles, mientras iba a un despensa en el departamento de Alto Paraná. La Fiscalía está investigando el caso y busca dar con el paradero del hombre.
Según el reporte policial, el hecho se registró en el barrio Caacupemí, de la ciudad de Hernandarias, mientras la víctima iba a la despensa. Ella relató que fue interceptada por un vehículo de la marca Toyota modelo Noah, en el que iba un adulto que la obligó a subir a su rodado.
El hombre aparentemente estaba estacionado en un sitio y en un momento dado abrió su puerta del lado del acompañante e invitó a la niña a subir, pero esta se negó. Esto enfureció al conductor que la gritó y la obligó a abordar, para luego poner en marcha el rodado.
La víctima indicó que cuando ya se estaban alejando del sitio el agresor la manoseó, entonces abrió la puerta y se lanzó del rodado para evitar el rapto. Luego fue socorrida por los vecinos, quienes comunicaron a la Policía y a sus padres.
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“El informe que tenemos es que la niña fue llevada en contra de su voluntad por un desconocido, cuando se dirigía a una despensa cercana a su domicilio”, explicó el fiscal Víctor Santander, en entrevista con la 650 AM.
Detalló que la niña afirmó que no conoce a la persona que intentó llevarla, pero que logró describir su característica física para lograr su reconocimiento y también logró contar de forma detallada las secuencias del hecho. Actualmente recibe tratamiento psicológico.
“Estamos trabajando para dar con el paradero del supuesto autor. De momento no tenemos más detalles al respecto”, apuntó. Agregó que se logró recolectar algunas imágenes de seguridad donde se puede ver el vehículo que sería de color blanco y están trabajando para obtener el número de chapa.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.