Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.

Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.

Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.

Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.

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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.

La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.

Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.

Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.

En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.

Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada

El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.

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La Fiscalía investiga un posible feminicidio, tras la muerte de una adolescente de 18 años en Villa Hayes, luego de la denuncia de familiares de presunta violencia y amenazas de muerte de parte de su pareja. La víctima, identificada como Sara Elizabeth Prieto (18), fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda.

Según el fiscal, el cuerpo presentaba hematomas y rastros de lesiones que llamaron la atención de los investigadores. La denuncia fue presentada en la mañana del miércoles, en la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. “Aproximadamente a las 9:00 se acerca una familia a comunicarnos que a eso de las 6:40 encontraron a su hija de 18 años en el baño, sin signos de vida”, relató el fiscal César Pujol, en declaraciones a C9N.

Los familiares trasladaron a la joven hasta el Hospital de Villa Hayes, en donde confirmaron su deceso. “Manifestaron que la noche anterior ella había recibido una llamada telefónica y pidió auxilio a su familia porque su pareja le había amenazado de muerte y le había violentado”, detalló el agente fiscal.

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Por esa razón, los familiares se acercaron a hacer la denuncia. “Estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar la verdadera causa de muerte”, añadió.

El representante del Ministerio Público mencionó que llamó mucho la atención el primer diagnóstico del hospital que determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.

“Llamó mucho la atención porque, conforme a las averiguaciones que conseguimos de las diligencias realizadas, una de las amigas había manifestado que días antes la pareja le había apretado el cuello tratando de ahorcarle, más la amenaza de muerte”, subrayó Pujol.

Una vez inspeccionado el cuerpo, observaron hematomas a nivel del miembro inferior, en la pierna derecha, como también en las rodillas y en los brazos. “Por ese motivo, el médico forense dispuso que se haga la autopsia para determinar la causa de fallecimiento y esclarecer las circunstancias”, apuntó.

El supuesto autor, Carlos Walter Mencia (19), ya se encuentra aprehendido. Todo indica que se trataría de un nuevo caso de feminicidio. “Hay indicios, tanto las declaraciones de las amigas como de la madre y algunos mensajes telefónicos que nos indican que nos encontramos ante un hecho de violencia”, puntualizó el fiscal.

Sin embargo, no hay antecedentes de denuncias anteriores por violencia familiar.

Asimismo, cuentan con imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el hecho y de casas aledañas. Ya se encuentra a cargo del personal de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para su estudio.

“También llamó mucho la atención que en el hogar se encontró una soga en el baño que, según los familiares, no era de la casa, y conforme a las lesiones inferiores, descartamos que se haya hecho pasar como un hecho de suicidio”, manifestó.

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“Ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas”, señaló el fiscal Francisco Cabrera.

El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presunta­mente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la exis­tencia de errores en la carga de datos.

Agregó que el proceso durará una semana aproximada­mente para luego proceder a investigar caso por caso. “A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose per­sonas ante las unidades fisca­les presentando sus documen­taciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funciona­rios encargados de redactar los informes de la Contralo­ría, quienes nos fueron infor­mando que, por el impacto que generó la denuncia, tam­bién otras instituciones fue­ron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, el día de ayer, al pro­grama “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirma­das. También falta un porcen­taje de las instituciones públi­cas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la informa­ción preliminar que en su momento se recibió, la irre­gularidad detectada es que la universidad que informó seña­laba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipóte­sis inicial habla de falsificación de títulos”.

Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos correspon­den a carreras de educación.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, salió al paso de las publicaciones periodísticas que señalan que las habitaciones carcelarias donde estaban alojados capos narcos y criminales de alto voltaje, en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, no son celdas consideradas VIP.

Al respecto, Nicora se puso en contacto con el diario La Nación/Nación Media para aclarar que no son celdas lujosas las descubiertas en el allanamiento del penal de máxima seguridad de Emboscada, tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL).

“La infraestructura no permite tener una edificación distinta a la población convencional, porque es una infraestructura de concreto sin ninguna conexión eléctrica para poder enchufar, ya sea tv de plasma o instalación de cama sommier, aire acondicionado, o cocina”, señaló.

En tanto, afirmó que sí encontraron en alguna celda del módulo 7, de la planta alta, elementos que no están permitidos, como ser ventiladores eléctricos, mixtera, y un parlante a bluetooth (tecnología inalámbrica), más un mosquitero, que tenía una persona privada de libertad.

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“Por ello, hablar de celda VIP no se ajusta a la verdad, y a lo que se acostumbró en algún momento a conceptualizar como esta clase de privilegios”, explicó.

Tras la realización del allanamiento en este centro penitenciario de Emboscada, debido a la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), se logró descubrir que poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de estas celdas ubicadas en el módulo 7 de la planta alta.

El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más, según datos reportados en Universo 970/Nación Media.

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