La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la excepción de inconstitucionalidad promovida por la abogada María Esther Roa, quien accionó contra las leyes por la violación de la cuarentena sanitaria. De esta manera la profesional del derecho deberá estar sentada en el banquillo de los acusados. Conforman la sala los ministros César Diesel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.
Los altos magistrados concluyeron que no se ha demostrado agravio ni violación de la Constitución por parte de un acto normativo. Es decir, es necesario que se demuestre una conexión directa entre el acto normativo impugnado, su infracción a la Constitución, y a la supuesta lesión concreta, en el caso específico.
Este viernes tenía que iniciarse el juicio oral y público pero el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Sandra Farias decidieron suspender el inicio de la audiencia oral. Como nueva fecha se fijó para el 10 de agosto. El juicio oral está fijado solo para un día, por lo que si no se presenta una chicana, se tendrá que desarrollar la audiencia oral.
El juez Penal de Garantía, Julián López elevó a juicio oral el proceso que enfrenta la abogada María Esther Roa, acusada por violar la cuarentena sanitaria. La misma se expone a una leve pena o una multa que deberá ser analizada por el Tribunal de Sentencia.
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Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
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De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.
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Mousques anuncia acción de inconstitucionalidad
Ayer lunes, la jueza en lo Civil y Comercial Rossana Frutos, en grado de apelación, ha revocado el fallo de la jueza de Paz Gloria Machuca, quien había admitido la denuncia por violencia contra la mujer presentada por Gisele Mousques en contra del empresario Cristhian Chena y la firma Resumen de Noticias.
“Esta sentencia contiene muchos vicios e inclusive contradice disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Por ello, estaremos arbitrando acciones de inconstitucionalidad y esa es la vía que seguiremos”, explicó a La Nación/Nación Media la abogada de Mousques, Margarita Heralesky.
La representante legal indicó que la propia normativa, tanto del Código Procesal Civil como de la Constitución Nacional, faculta a la parte denunciante a tomar las disposiciones mencionadas. Además, agregó que también se faculta a la propia Corte Suprema de Justicia a intervenir.
La representante legal de Mousques manifestó que con respecto a la resolución que revoca el fallo de la jueza de Paz no se ha estudiado a profundidad lo que hace referencia a la violencia ejercida. Habló así de cómo la jueza se abocó hacia lo vinculante con la censura, lo cual nunca estuvo en discusión.
“No se trata de restricciones a la libertad de expresión, sobre lo cual se centró la jueza. Dentro de la sentencia no se ha realizado ninguna valoración completa de los escenarios completos y los titulares que cuestionamos, los cuales son denigrantes y por qué los consideramos agraviantes”, dijo.
Remarcó que dichos aspectos se encuentran en la línea de violencia telemática, además de atentar contra la dignidad de su representada. Sin embargo, lo mencionado no fue tenido en cuenta en la decisión de la jueza Frutos, solo lo referente a la libertad de prensa.
Gisele Mousques había solicitado medidas de protección contra el empresario Christian Chena, alegando haber sido víctima de hostigamiento y ataques en redes sociales, aparte de manifestar un daño a su imagen luego de una serie de publicaciones.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.