La fiscal Carina Serón solicitará al juzgado la exhumación y necropsia del cuerpo de Braulio Vázquez, fallecido el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS, a raíz de una presunta negligencia médica. Posteriormente, convocará a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras para una declaración.

“Tengo que dar participación a todos los involucrados. Son muchos los profesionales que van a ser llamados”, manifestó la representante del Ministerio Público en declaraciones a la 1020 AM.

Asimismo, se refirió al informe que revela graves negligencias en la muerte del asegurado e identifica a responsables en distintas áreas del IPS, según una última auditoría de la previsional. Incluso se menciona que el expediente fue alterado después de la muerte del hombre de prensa.

“La Junta Médica va a analizar todas las documentaciones y se van a ir contrarrestando las documentaciones que ellos tienen con lo que yo tengo”, manifestó la agente fiscal. En ese sentido, explicó que desde el día que el paciente se presentó a pedir consulta hasta el día de su deceso tiene que ser analizada por una Junta Médica.

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En cuanto a una resolución final sobre la muerte del asegurado tras la exhumación y definir responsabilidades, la profesional admitió que lleva su tiempo.

“Es un proceso largo, tiene su tiempo y proceso, se alarga, muchas veces son varios profesionales, a veces empiezan las chicanerías y van alargando, pero nosotros siempre cuidamos todos los detalles como para tener rápidamente una respuesta”, argumentó.

Van a ser convocados médicos, enfermeras, todos los que estuvieron involucrados en la atención del paciente y forman parte de la investigación. “Primero se va a hacer la exhumación y después se va a convocar a los médicos a declarar”, añadió.

Braulio Vázquez esperó tres días en ayunas por un cateterismo; no aguantó y falleció. Familiares del fallecido siguen de cerca los pormenores del proceso judicial.

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El exdiputado Ulises Quintana se presentó este lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios para firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas luego de la elevación a juicio oral y público de la causa Berilo, que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.

Quintana estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. El exparlamentario fue sobreseído de los cargos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pero enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero.

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En la misma causa es investigado el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien al igual que Quintana estuvo recluido en Tacumbú hasta el pasado 1 de abril y actualmente está con medidas alternativas. Cucho tiene prohibido salir del país y solamente puede movilizarse entre Asunción y Lambaré usando tobillera electrónica.

A diferencia del exlegislador, Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.

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El exdiputado Ulises Quintana y el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña deberán comparecer mañana lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios, encargado de la causa Berilo iniciado en el 2018 y que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.

La convocatoria esta fijada para las 11:00 con la finalidad de firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión, que les fueron impuestas luego de la elevación de la causa que enfrentan a juicio oral y público.

Quintana y Cabaña se encontraban recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. La convocatoria realizada a través del auto interlocutorio N 232, de fecha martes 31 de marzo del 2026 es bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento por parte de los acusados, se revocarán las medidas alternativas y se ordenará la prisión preventiva de ambos.

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El magistrado había otorgado la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del exdiputado Quintana. Mientras que para Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.

Quintana fue sobreseído de cargos como narcotráfico y enriquecimiento ilícito, enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero mientras que Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.

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El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.

Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.

El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.

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“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.

En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.

“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.

Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.

“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.

En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.

“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.

Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.

Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.

Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

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