Miembros de la Asociación de Rematadores Públicos del Paraguay se concentran desde las 9:00 de hoy frente al Poder Judicial para pedir el levantamiento de la suspensión que pesa sobre su presidente Atilio Estigarribia Salina, quien actualmente no puede ejercer su profesión ya que fue suspendido a raíz de una presunta irregularidad en un remate detectada en Encarnación, en el 2017.
En dicho año, la fiscala Zulma Britos abrió una carpeta fiscal contra algunas personas, todas rematadores de profesión, pero no así contra Estigarribia, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, lo suspendió. Estigarribia manifestó que por un caso grave, la suspensión va hasta un año, pero él ya está soportando el tercer año de no poder ejercer su trabajo.
Dijo que ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que le levanten la suspensión, ya que varios de los que estuvieron procesados por la irregularidad detectada en Encarnación ya están trabajando nuevamente.
Pidió al superintendente interino, Mario Elizeche, que lo dejen trabajar. Desde el gremio ya emitieron varios comunicados a la máxima instancia judicial para estudiar el caso de Estigarribia. El 11 de noviembre del año pasado fue la primera manifestación frente al Poder Judicial y como no tuvo eco favorable ante las autoridades, nuevamente salen a la calle a reclamar lo que consideran su derecho.
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Presidente de Colombia retira de redes sociales videos con cadáveres tras orden judicial
El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de supuestos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial.
El martes, una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de setiembre, de la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y de todas las redes del grupo Meta.
La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no.
Con poco más de un mes en el cargo, el derechista De la Espriella lleva adelante una ofensiva a muerte contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos, su principal socio militar.
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El excéntrico abogado multimillonario acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos que siempre cierra al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, con música de guerra de fondo.
En un mes ordenó tres bombardeos contra campamentos guerrilleros en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, con un saldo de al menos 42 muertos, seis de ellos menores de edad.
Tras el mayor bombardeo contra supuestos guerrilleros desde 2015, caminó entre los cadáveres en bolsas blancas junto a la cúpula militar colombiana y amenazó a los rebeldes: “Los acabaremos”.
La publicación del contenido gráfico le costó críticas de la oposición.
En un comunicado en X, la autoridad forense nacional rechazó la exposición de cuerpos en bolsas, por constituir una “vulneración a la dignidad humana”.
A pesar de la retirada del contenido en las plataformas de Meta, los videos siguen en las cuentas presidenciales de X. El mandatario tiene uno de ellos fijado en su perfil personal.
Se puede informar sobre los operativos “sin profundizar las violencias y la crueldad” en Colombia, dijo a la AFP Santiago Osorio, el congresista que interpuso el recurso judicial contra el gobierno.
Este es el segundo revés judicial para De la Espriella y su política de mano de hierro, después de que un juez prohibiera temporalmente los bombardeos a campamentos guerrilleros con indicios de presencia de menores reclutados en una región amazónica.
- Fuente: AFP
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Paraguay fortalece su presencia regional con nuevo foro hotelero
Paraguay da un paso estratégico para fortalecer la presencia de su industria hotelera a nivel regional con la participación de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPy), como integrante del grupo fundador del nuevo Foro de Asociaciones Hoteleras de Latinoamérica.
La iniciativa fue formalizada el 4 de setiembre durante Hotelga 2026, en Buenos Aires, donde ocho asociaciones de seis países institucionalizaron un espacio de cooperación destinado a fortalecer la representación conjunta del sector, intercambiar experiencias y abordar los principales desafíos de la hotelería regional.
Para Paraguay, esta participación amplía la presencia del sector hotelero nacional en los grandes debates de la región y permite avanzar hacia una agenda común en materia de competitividad y costos, cargas fiscales e incentivos, seguridad y facilitación turística, sustentabilidad y transformación y distribución digital, entre otros temas estratégicos.
El país también tuvo una participación específica en la agenda técnica del encuentro, donde se presentaron políticas de incentivo a la inversión para el segmento Mice, además de experiencias y comparativos de otros países de la región.
La articulación internacional representa una oportunidad para que la hotelería paraguaya pueda conectar mercados, generar alianzas y crear nuevas oportunidades de inversión, eventos y turismo para el país y la región. Con esta iniciativa, el sector hotelero paraguayo busca proyectarse más allá de las fronteras y fortalecer su integración con la industria regional, apuntando a una agenda de mayor cooperación, competitividad y desarrollo turístico.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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