Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.

“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.

Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:

• Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
• Marcela Mallorquín (2.º Turno)
• Dionicia Alfonso (3.er Turno)
• Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
• Marcelo Ramírez (5.º Turno)
• Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
• Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).

También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:

• Rosa Bernal
• Abel Téllez
• Cristian Fernández
• Edgar Vázquez

Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.

La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.

La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.

El Ministerio Público imputó a un hombre por el intento de hurto de un pedazo de carne valuado en G. 101.900 de un local de conveniencia. Igualmente, el fiscal del caso, Julio Paredes Duarte, pidió la prisión del imputado, pero el juez penal de Garantía de la capital de turno, Francisco Acevedo, lo eximió de prisión a César Marcelo Sosa Martínez. El hecho se registró el pasado 20 de junio.

El caso es uno de los numerosos que se presenta en el Poder Judicial y podría considerarse como hecho bagatelario.

El acta de imputación revela que en fecha 20 de Junio de 2025, siendo las 20:56, una persona de sexo masculino ingresa al local de conveniencia situado sobre las calles Teodoro S. Mongelos y 33 Orientales de la ciudad de Asunción. El personal de seguridad se da cuenta de la actitud sospechosa del hoy imputado por lo que el guardia y funcionarios del local procedieron a interceptar a dicha persona encontrando en su poder un pedazo de carne tipo tapa cuadril, cuyo valor aproximado es de G. 101.900.

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Seguidamente se dio aviso al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional, acudiendo al lugar personal policial de la Comisaría 7a., quienes al llegar al local visualizaron que los empleados ya tenían reducido a un hombre que quedó detenido.

Luego fue citado a una audiencia indagatoria y posteriormente el Ministerio Público presentó la imputación por intento de hurto de un pedazo de carne.

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El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, se refirió a la audiencia pública que se desarrolló hoy jueves, sobre el proyecto de Ley “Que regula y promueve la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA)”.

Al respecto, afirmó que se tomaron notas de todas las sugerencias y eventualmente estarán planteando un dictamen desde la Comisión. No obstante, señaló que por ahora la prioridad de la comisión es el estudio de la propuesta de ley de Protección de Datos, que es la base para poder avanzar en el otro proyecto, así como Ciberseguridad que estarán enfocados en el próximo trimestre.

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Mencionó que durante la audiencia pública participaron diferentes sectores de la sociedad civil, representantes de las instituciones del Estado. Entre ellos, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, así como de representantes de la Corte Suprema de Justicia; la Policía Nacional y la Sociedad Paraguaya de la Inteligencia Artificial (Sopaia).

“Lo que sí hemos coincidido es en la necesidad de priorizar el estudio y eventual aprobación del proyecto de Ley de Datos Personales, que ya cuenta con media sanción de Diputados y está en estudio en el Senado. Nos estaremos enfocando en eso, porque vemos muy importante contar primero con una legislación base para luego seguir avanzando en las demás propuestas”, explicó.

Asimismo, explicó que existen otros proyectos más relacionados a la materia de tecnología, como la propuesta de Ciberseguridad. “En este siguiente trimestre nos enfocaremos en poder organizar la agenda legislativa en todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico, ciberseguridad, desarrollo, etcétera. De modo a poder construir legislaciones que sean provechosas para el ambiente, y lógicamente para el desarrollo tecnológico de nuestro país”, acotó.

El legislador explicó que la Ciberseguridad es un conjunto de diferentes cosas al mismo tiempo, ya que contar con una legislación que le permita al Estado paraguayo a través de sus organismos poder implementar medidas de ciberseguridad, por lo menos es uno de sus aspectos.

“En tanto, la información, la formación, o educación de todos los ciudadanos sobre todo lo que hay que hacer, o no, dentro del ámbito tecnológico, sean ésto el celular, la computadora u otro dispositivo, o todo lo que sea acceso a la tecnología en todas sus variables es también muy importante. La gran mayoría de las filtraciones de datos es por un error humano, no siempre por un hackeo o vulneración de un sistema”, explicó.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

Un hombre condenado a muerte por un asesinato cometido en 1976 y que pasó casi medio siglo en el corredor de la muerte fue ejecutado este miércoles en Misisipi, en el sur de Estados Unidos. Richard Jordan, de 79 años, condenado a muerte por el secuestro y asesinato en 1976 de Edwina Marter, de 34 años, esposa de un ejecutivo bancario, fue declarado muerto a las 18:16 central (23:16 GMT), según el comunicado del departamento de correccionales de Misisipi.

Era el preso condenado a muerte que estuvo por más tiempo en espera de su ejecución, agregó el texto. Tras el secuestro y muerte de Marter, Jordan exigía 25.000 dólares por su rescate. Fue detenido cuando iba a recoger el dinero y luego de confesar el asesinato condujo a las autoridades a un bosque donde había dejado el cuerpo.

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Es la primera ejecución en Misisipi desde diciembre de 2022 y la segunda esta semana en Estados Unidos, tras la de Thomas Gudinas, de 51 años, el martes en Florida. Desde principios de año se han llevado a cabo en Estados Unidos un total de 25 ejecuciones, en su mayoría por inyección letal (20).

Tres se llevaron a cabo por inhalación de nitrógeno, un método utilizado por primera vez por Alabama en 2024 y considerado por expertos de la ONU una “tortura”, y dos por fusilamiento en Carolina del Sur, por primera vez en Estados Unidos desde 2010. La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. Otros tres, California, Oregón y Pensilvania, observan una moratoria de las ejecuciones.

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