El Ministerio Público se encuentra analizando apelar la resolución del juez penal de Garantías Mirko Valinotti, quien el pasado viernes otorgó el arresto domiciliario a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, quienes están imputados por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Son varios los agentes fiscales que intervienen en este caso y los mismos se reunirán para poder resolver si recurren al Tribunal de Apelación solicitando que se revoque la determinación adoptada por Valinotti a favor del clan Ferreira. En caso de ser así, se pedirá que Justo y su hija pisen la cárcel de Tacumbú y del Buen Pastor, respectivamente.
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La resolución del citado magistrado llamó mucho la atención, en vista a que en este caso se plantearon varias chicanas al solo efecto de dilatar el proceso y evitar que padre e hija se sometan a la justicia, pero este punto el juez no tuvo en cuenta y los premió con el arresto domiciliario.
De acuerdo a la presente resolución judicial, padre e hija tienen una fianza de US$ 1,5 millones más la prohibición de cambiar de domicilio y la prohibición de salida del país.
Semanas atrás, la propia Cámara de Apelaciones había ratificado la imputación contra los dos procesados.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Caso María Fernanda: otorgan arresto domiciliario a dueño de farmacia
El Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Coronel Oviedo otorgó el arresto domiciliario a Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia que habría vendido medicamentos abortivos al adolescente imputado por el crimen de María Fernanda Benítez, hecho registrado en la mencionada ciudad.
La defensa pidió la libertad del procesado, pero a criterio del juzgado no hay elementos suficientes para dicha medida. Sin embargo, consideró que el peligro de obstrucción a la investigación se debilitó y por ende corresponde hacer lugar al arresto domiciliario.
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Asimismo, el juez impuso una fianza de G. 700 millones que fue reemplazado por un inmueble que ya fue embargado a los efectos de poder garantizar el sometimiento del procesado a los mandatos de la Justicia.
El Ministerio Público presentó imputación por los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, así como también por supuesta tentativa de aborto. La imputación señala que el 29 de mayo a las 17:53 horas, Acosta Céspedes solicitó a una persona las instrucciones para el borrado total (resetear) del archivo del circuito cerrado del local de su Farmacia “Antonio Fabián”, manifestándole que lo debía hacer de forma urgente, con lo cual obtuvo las indicaciones vía telefónica.
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Proyecto del Ejecutivo dará versatilidad al transporte público, afirma viceministro
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.
“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.
“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.
Licitación de corredores
Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.
“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.
“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.
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Bancada HC analizará pedido de suspensión del diputado Miguel Martínez
El diputado Miguel Del Puerto, vicelíder de la bancada de Honor Colorado, indicó esta mañana que en los próximos días estarán analizando la posibilidad de solicitar la suspensión de su colega liberal Miguel Martínez, debido a los constantes insultos e improperios que lanza hacia los demás colegas.
El legislador se refirió a los exabruptos que propició su colega Martínez, exCruzada Nacional y ahora diputado liberal; quien durante la sesión ordinaria de ayer martes, utilizó términos descalificativos hacia el Partido Colorado, e incluso fue irrespetuoso hacia el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez.
Esto generó una inmediata reacción de los legisladores colorados y del propio presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre quien inmediatamente le llamó al orden y le lanzó una advertencia para que mida sus palabras y respete al plenario.
Del Puerto señaló que si bien aún no hay una propuesta concreta, la misma ya está siendo manifestada por una mayoría de los miembros de la bancada oficialista y que será analizado en los próximos días.
“Creo que el colega fue muy irrespetuoso, salió de lo que fue el reglamento interno sobre el respeto a los colegas; y nosotros estamos analizando la posibilidad de presentar un proyecto de pedido de suspensión”, preció.
La propuesta ya está siendo analizada entre los colegas de forma individual, y que en la siguiente reunión de bancada se estará tomando la decisión.
“Hay un criterio prácticamente de mayoría, para presentar dicho pedido. El principal motivo es que no es la primera vez su exabrupto, ya son reiterativos y con mucha reincidencia pese a las advertencias. Prácticamente con ataques muy personales a los colegas”, acotó.
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