El Ministerio Público se encuentra analizando apelar la resolución del juez penal de Garantías Mirko Valinotti, quien el pasado viernes otorgó el arresto domiciliario a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, quienes están imputados por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Son varios los agentes fiscales que intervienen en este caso y los mismos se reunirán para poder resolver si recurren al Tribunal de Apelación solicitando que se revoque la determinación adoptada por Valinotti a favor del clan Ferreira. En caso de ser así, se pedirá que Justo y su hija pisen la cárcel de Tacumbú y del Buen Pastor, respectivamente.
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La resolución del citado magistrado llamó mucho la atención, en vista a que en este caso se plantearon varias chicanas al solo efecto de dilatar el proceso y evitar que padre e hija se sometan a la justicia, pero este punto el juez no tuvo en cuenta y los premió con el arresto domiciliario.
De acuerdo a la presente resolución judicial, padre e hija tienen una fianza de US$ 1,5 millones más la prohibición de cambiar de domicilio y la prohibición de salida del país.
Semanas atrás, la propia Cámara de Apelaciones había ratificado la imputación contra los dos procesados.
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Arrestan a mujer que procuró sobornar a policía y a un delincuente que señalizaba casas para robar
Policías de San Lorenzo detuvieron a un hombre vinculado a una serie de robos domiciliarios en el departamento Central. El sospechoso utilizaba una estrategia especial para cometer su fechoría, marcaba las casas que serían robadas.
De acuerdo a la investigación policial, recorría el barrio en un vehículo con una carpeta amarilla en mano y un quepis, simulando realizar gestiones.
Generalmente, se bajaba del vehículo para rondar el barrio y marcar la casa o las casas que posteriormente sería visitada por el ladrón.
Al percatarse de que los propietarios estaban ausentes, marcaba la vivienda, posteriormente llegaba al sitio con sus cómplices, trepaban la muralla o levantaban el portón basculante para ingresar. Y utilizaban siempre el mismo vehículo para poder llevar las cosas.
La policía le estaba dando seguimiento al automóvil hasta que finalmente lograron identificar el vehículo y detener a la persona que estaba dentro del rodado.
Se trata de Marcelo Damián Ruiz González (29), con antecedentes por hurto agravado y reducción año 2026.
El aprehendido, supuestamente dijo a la policía que podían “arreglar” esta situación. Luego, se presenta en la comisaría una mujer con una mochila y la suma de G. 10.000.000 con la intención de “tranzar” con los policías y liberar al detenido.
La misma fue identificada como Antonella Guadalupe Pineda Ríos (21) y también quedó detenida.
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El operativo se realizó el domingo en el barrio Los Nogales en el marco de una investigación por varios hechos de hurto domiciliario.
Durante el procedimiento fue incautado el vehículo, que circulaba con una chapa presuntamente adulterada y presentaba inconsistencias en su documentación.
En el interior del rodado, los intervinientes hallaron herramientas que serían utilizadas para cometer hurtos, además de chapas metálicas, documentos, tarjetas bancarias, joyas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Según el informe policial, el procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran sobre un automóvil con actitud sospechosa que rondaba la zona.
Tras la verificación, el conductor presentó documentos que no coincidían con la matrícula colocada en el vehículo, por lo que ambos fueron trasladados hasta la Comisaría 1.ª de San Lorenzo.
Posteriormente, varias víctimas de hurtos domiciliarios acudieron a la comisaría e identificaron el automóvil como el utilizado en los hechos investigados.
El caso fue comunicado a las fiscalas Viviana Riveros, Andrea Ríos y Cecilia Núñez.
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Detienen a sospechoso por homicidio en barrio Santa Ana
La Policía Nacional logró la captura de un hombre presuntamente involucrado en un homicidio ocurrido el pasado 22 de junio en el barrio Santa Ana de Asunción.
Se trata de Julio César Saldívar Ríos (34), quien fue aprehendido por agentes del grupo Lince en un procedimiento realizado en la tarde de ayer sobre las calles 36 Proyectadas y México. En principio, los intervinientes informaron que formaría parte de la banda criminal conocida como clan Ríos. Sin embargo, esta versión fue desmentida por familiares.
“Tengo entendido que esta familia no pertenece a ningún clan, sería una coincidencia nada más. No tendría vínculo con el clan Ríos”, dijo el subcomisario Francisco Caballero, en declaraciones al canal C9N.
No obstante, el hombre cuenta con requerimientos judiciales por violencia familiar y homicidio doloso, este último relacionado al asesinato de Ángel Adrián Sánchez Quintana ocurrido recientemente.
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“Estábamos detrás del mismo, y el grupo Lince del área de responsabilidad de la Comisaría 21° divisó a esta persona y trató de identificarlo”, explicó el jefe policial. Sin embargo, proporcionó datos falsos sobre su identidad, por lo que procedieron a su detención y a su posterior traslado a la comisaría.
“Al momento de su detención no llegó a mencionar nada. Primeramente dio datos falsos, pero procedimos a identificarlo correctamente trasladándolo a la comisaría”, mencionó el uniformado.
El hermano del detenido también se encuentra vinculado al homicidio, pero sigue prófugo. “Los dos son sindicados por el mismo caso. Efectivamente, el hermano sigue prófugo, pero estamos tratando de ubicarle para proceder a su detención”, indicó el agente.
Familiares intentaron entorpecer el operativo. “Nosotros no somos de ningún clan. No por contar con el mismo apellido pertenecemos a clanes“, afirmó Cinthia Ríos en diálogo con C9N. Añadió que teme por la vida de su hermano. “Hago esa aclaración para seguridad de mi hermano porque recibimos amenazas y temo por la vida de mi hermano. Mi hermano ya está en manos de la justicia”, apuntó.
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EE. UU. ha arrestado a unas 350 personas relacionadas con Tren de Aragua, dice Fiscal General
Unos 350 miembros o presuntos miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua han sido detenidas en Estados Unidos desde que fue declarada organización terrorista, declaró este miércoles el fiscal general, Todd Blanche.
Tren de Aragua fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump el 20 de febrero de 2025.
El líder de la organización criminal, ‘Niño’ Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el 13 de junio.
“Hemos detenido creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua”, declaró en rueda de prensa Blanche, que destacó que el gobierno Trump se ha centrado en esta nueva amenaza criminal en su segundo mandato en la Casa Blanca.
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Blanche anunció junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y fiscales de Texas e Illinois, la detención de ocho miembros del grupo venezolano en varias operaciones, todos ellos inmigrantes ilegales.
Cuatro de los detenidos son acusados de matar a un padre delante de sus dos hijos menores tras un secuestro en 2024 en Texas. Un quinto involucrado en el caso también fue arrestado. En tanto, otros tres fueron inculpados en Chicago por un secuestro que terminó en ejecución, detallaron los fiscales estatales.
Blanche explicó que tras la designación del grupo hace año y medio, el Departamento de Justicia puede añadir cargos de terrorismo a medida que avanzan las investigaciones.
“A menudo las acusaciones adicionales llegan luego, cuando podemos añadirlas”, explicó. El gobierno estadounidense ha prometido incrementar las operaciones militares en América Latina contra el crimen organizado.
El Pentágono lleva a cabo desde septiembre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 215 víctimas hasta ahora.
- Fuente: AFP
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Corte dejó firme fallo condenatorio contra exsenador Galeano
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la firmeza del fallo que ratificó la condena de 13 años de cárcel para el exsenador Erico Galeano.
El exparlamentario fue hallado culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal, luego de probarse que obtuvo beneficios de la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
La determinación fue adoptada luego de que la defensa del exlegislador desistiera del recurso extraordinario de casación presentado contra la resolución de segunda instancia. No obstante, los abogados aclararon que aún permanece pendiente una acción de inconstitucionalidad, por lo que sostienen que la condena todavía no quedó firme.
La máxima instancia judicial dispuso remitir el expediente al Tribunal de Sentencia para que se realicen los trámites correspondientes a la ejecución de la pena. Cabe recordar que Galeano se encuentra con prisión preventiva.
En el juicio oral, el Tribunal de Sentencia concluyó que el exparlamentario brindó apoyo operativo a la organización criminal entre los años 2020 y 2021.
A cambio, recibió beneficios económicos, entre ellos una inversión de G. 10.370 millones en el Club Capiatá, del cual integraba la comisión directiva mientras Marset era jugador de la institución.
La sentencia también tuvo por acreditado que, en octubre de 2020, Galeano vendió un inmueble ubicado en Altos por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, considerado testaferro de Miguel Ángel Insfrán. Asimismo, se estableció que puso a disposición su aeronave para facilitar los desplazamientos de integrantes de la organización, luego de que la flota utilizada por el grupo fuera incautada en un procedimiento fiscal.
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