La Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Pablino Escobar, Mario Camilo Torres y Arnulfo Arias, confirmó la condena de ocho años de cárcel para el exministro abdista de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en una causa vinculada con la investigación A Ultranza Py, de febrero de 2022.

El exfuncionario de Estado fue encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal en direccionar licitaciones en dicha dependencia estatal para su beneficio personal y el de terceros.

Además de la pena privativa de libertad, los magistrados dispusieron el comiso de un yate de USD 450.000 que obtuvo Roa como fruto de las licitaciones direccionadas y la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años.

Igualmente, fue confirmada la sentencia para el empresario Alberto Koube a seis años de prisión por soborno agravado en calidad de autor, administración en provecho propio, en calidad de instigador, lavado de dinero en calidad de coautor.

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La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme. De acuerdo a la sentencia tanto Roa como Koube causaron un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional de aproximadamente G. 16.000 millones, principalmente mediante contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.

De acuerdo al Ministerio Público entre los años 2018 y 2021, Roa quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube con la finalidad de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando de esa forma una asociación criminal.

Las adjudicaciones direccionadas se canalizaron mediante empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros.

Varios elemen­tos probatorios fueron claves para el presente caso, entre ellos resaltan los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa soli­citaba montos de dinero en concepto de “pan dulce” y “sidra” a cambio del direc­cionamiento de las licita­ciones.

También se men­cionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presio­nando a Roa, a quien tra­taba de “Papacho” para que se puedan liberar los fondos.

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El senador colorado Erico Galeano presentó en la fecha una nota remitida a la presidencia de la Cámara de Senadores, encabezada por Basilio Núñez, en la cual solicita a sus colegas la aprobación de un permiso sin goce de dietas, hasta tanto quede firme y ejecutoriada la sentencia definitiva respecto al proceso judicial en su contra por los hechos de asociación criminal y lavado de dinero.

En la nota que remitió a la presidencia de la Cámara Alta, el senador Galeano argumenta que el pedido de permiso que solicita lo hace en virtud a lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento inteno de la Cámara de Senadores, amparándose de igual forma en el principio fundamental de la “presunción de inocencia”, el cual está garantizado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Menciona además, que en el caso que sea aprobado por el plenario de la Cámara Alta, se tenga en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 191 de la Constitución de la República, en cuanto los derechos y prerrogativas al cargo del legislador, con relación a que ningún senador o diputado puede ser detenido o arrestado desde el día de su elección hasta el fin de su mandato.

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El senador Galeano recuerda además, que existe jurisprudencia, en la Honorable Cámara de Senadores, ya que en el pasado ya se han otorgado permisos sin goce de dieta, por circunstancias personales contempladas en varias resoluciones a lo largo de varios periodos legislativos.

Cabe recordar que la semana pasada, el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Juan Dávalos e Inés Galarza, condenó a 13 años de prisión al senador Galeano por los hechos de asociación criminal y lavado de dinero.

Este tribunal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción encontró la vinculación del legislador con narcotraficantes en el marco de la investigación conocida como A Ultranza Py.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia le mantuvo las medidas alternativas a la prisión, manteniendo la prisión preventiva domiciliaria. Si bien, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 17 años, y la revocatoria de la medida preventiva, este tribunal dictó una pena de 13 años de cárcel. El juicio por este caso duró seis meses.

En caso de que el Senado apruebe este pedido de permiso, inmediatamene convocará a la suplente, que en este caso cae en la persona Guadalupe Aveiro.

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El submarino argentino que implosionó en 2017 con 44 tripulantes estaba en condiciones de navegar, declaró ante el tribunal uno de los exoficiales acusados en el juicio que intenta esclarecer por qué sucedió la mayor tragedia de la Armada, sin certezas de hallar respuesta. El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa luego de una búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país. “El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, afirmó ayer miércoles Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del “ARA San Juan”, al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.

Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. Al igual que los otros acusados, afronta cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años de prisión.

En la audiencia respondió preguntas del tribunal y de la querella. El jueves el juicio proseguirá con la indagatoria al resto de los acusados. Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos, en un proceso que se estima se extenderá hasta mediados de año.

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento “no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio”. Villamide rechaza esta teoría. “El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape”, insistió el exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.

En una extensa exposición técnica, el exoficial admitió que el submarino presentaba una treintena de desperfectos reportados por escrito a lo largo de la cadena de mando, pero que ninguno de ellos le impedía navegar con seguridad.

“Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar”, dijo a la AFP la abogada querellante Valeria Carreras.

La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.

El “ARA San Juan” tenía una restricción de inmersión a 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir reparaciones.

Villamide declaró que “está comprobado que la implosión se produjo a los 550 metros de profundidad. Es una prueba de que el buque no se había inundado y el casco y las válvulas estaban en buen estado”, concluyó.

“Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades”, expresaron mediante un comunicado.

El abogado defensor del exoficial, Juan Pablo Vigliero, expresó a la AFP que confía “absolutamente en una absolución” de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas “esenciales” para llegar a una condena.

“Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic”, afirmó.

El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.

“La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso”, dijo.

Las dudas razonables pueden dejar a los familiares con las manos vacías de justicia y respuestas.

El juicio tendrá audiencias cuatro días consecutivos cada dos semanas. Río Gallegos, una de las capitales provinciales menos pobladas de Argentina, alberga el proceso con relativa indiferencia. A las puertas del juzgado una pequeña bandera con los rostros de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia es la única referencia al caso.

Fuente: AFP.

La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.

“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.

Fuente: AFP.