Los senadores Sixto Pereira y Hugo Richer, del Frente Guasu, así como el parlamentario Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), quienes incitan a ocupantes ilegales de la estancia Pindó a seguir con las invasiones de inmuebles, se exponen a ser imputados por la Fiscalía por incitación a cometer hechos punibles en calidad de instigador y apología al delito.
Esto se genera tras divulgarse un video en el que los parlamentarios animan a los ocupantes ilegales de la estancia Pindó de Curuguaty a seguir ocupando tierras de empresarios.
El artículo 238 del Código Penal, donde se habla sobre apología al delito, menciona claramente que “el que públicamente, en una reunión o mediante las publicaciones señaladas, hiciera en forma idónea para perturbar la paz pública la apología de un crimen tentado o consumado, o un condenado por haberlo realizado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
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Asimismo, refiere el artículo 237 del mismo cuerpo legal donde se habla sobre incitación a cometer hechos punibles y señala textualmente: “El que públicamente, en una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como instigador”. Asimismo, menciona igualmente en un segundo artículo que “cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
A los dos delitos penados por nuestras normas jurídicas se exponen los tres senadores que estuvieron incitando a ocupantes ilegales de Pindó a seguir con las ocupaciones ilegales en el departamento de Canindeyú.
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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Imputan a mujer que habría asesinado a su expareja en Hohenau
Este viernes fue imputada por homicidio doloso Florentina Chávez, de 53 años, quien se presume habría asesinado a su pareja para luego intentar autoeliminarse. El pasado lunes se reportó el fallecimiento de Sergio Ledesma, de 25 años, en la localidad de Mbarigui Kua, en el distrito de Hohenau, del departamento de Itapúa.
“De acuerdo a las evidencias recabadas en la escena del crimen y las declaraciones de los testigos nos hacen suponer que la misma habría asesinado a su expareja, es por eso también que el día de los hechos habíamos librado la orden de detención en contra de esta mujer”, indicó el fiscal Reinaldo Castillo en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
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Aclaró que aún no se pudo hacer efectiva esta orden de detención debido a que la mujer continúa internada en el Hospital Distrital de Encarnación a causa de profundas heridas que la misma se habría autoinfligido en los brazos, pero remarcó que una vez que se encuentre bajo custodia será llamada a brindar su declaración testifical.
“La hermana del joven fallecido, quien vive en la habitación contigua donde se dieron los hechos, ya brindó su declaración de lo que presenció el pasado lunes. Así también, tenemos el testimonio de otro hermano del fallecido, quien fue testigo de varias de las peleas que mantuvo la pareja, previo a lo acontecido. Por otra parte, hasta el momento no hemos logrado contar con ninguna declaración de los familiares de la acusada”, remarcó el fiscal Castillo.
Antecedentes
Según el testimonio de la hermana que vivía con el fallecido, el mismo habría cortado la relación de noviazgo que mantenía con la sindicada como autora del homicidio, pero ésta no aceptaba la ruptura, motivo por el cual habría iniciado la pelea el pasado lunes, y que, tras la gresca, escuchó a su hermano pedir ayuda porque lo estaban atacando.
Ya cuando la joven pudo abrir la puerta de la habitación donde se desarrolló la pelea constató que tanto su hermano como su pareja yacían en el suelo, el joven con dos heridas de arma blanca y la mujer con cortadas en las muñecas.
La joven remarcó que su hermano no habría podido defenderse y mucho menos atacar a la mujer, ya que había nacido con una condición que impidió que los dedos de ambas manos se desarrollaran y solo contaba con los dedos pulgares, hecho que refuerza la idea de la Fiscalía de que la mujer habría sido la atacante.
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Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Senado: proyectan nuevo acueducto en el Chaco con inversión privada
En el transcurso de este lunes, el senador del Partido Patria Querida (PPQ), Orlando Penner, presentó el proyecto denominado Agua para el Chaco que tiene como finalidad la construcción de un nuevo acueducto de canal abierto para proveer agua al Chaco, mediante una inversión privada.
“Hoy está de fiesta el Chaco paraguayo porque hay un Congreso Nacional y un Ejecutivo trabajando armónicamente para permitir una nueva obra que lleve agua del río Paraguay al Chaco central, a la gente necesitada. Debemos mirar para adelante, estamos hablando de la construcción de una obra de 280 kilómetros de extensión que llevará agua cruda”, comentó.
Penner dijo además que la obra demandaría una inversión de USD 250 millones y será costeada por el sector privado a través de una sociedad anónima que estará conformada por las cooperativas Chortitezer, Colonizadora Fernheim y Multiactiva Neuland.
“Prestarán el dinero necesario para la construcción del canal y su red de distribución, no se necesitará ni un solo guaraní del Estado paraguayo. El Chaco está en emergencia y debemos centrarnos en poder construir una nueva obra. Esta infraestructura será un canal a cielo abierto y llevará en su punto óptimo de funcionamiento 50 metros cúbicos de agua por segundo. Esta sociedad asumirá la responsabilidad del préstamo, la construcción, administración y explotación de la venta del agua para repagar la deuda”, refirió.
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La iniciativa es respaldada por otros parlamentarios de diferentes partidos. Desde el movimiento Honor Colorado afirman que desde el Ejecutivo se ve con optimismo la presentación del documento teniendo en cuenta las constantes sequías y falta de agua potable en el sitio.
“El proyecto de ley prevé que esta sociedad anónima entregue al Estado paraguayo sin costo la cantidad de agua cruda que necesite para potabilizarlo y darle a los hermanos indígenas. El resto de la población tendremos que comprar el agua. Costará lo más barato posible para el consumidor final, no se busca lucro”, puntualizó.
La iniciativa parlamentaria surge tras la fallida y costosa construcción de un acueducto durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que requirió una inversión de USD 130 millones, pero solo funcionó algunos meses luego de que fuera inaugurada su tercera fase.
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