La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitu­ción de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Jus­ticia tras denuncia de Gia­nina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría reci­bido maltrato en el penal de Viñas Cue.

La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van tur­nándose para imponer alguna acción. La jueza fue consul­tada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los traba­jos que se han realizado res­pecto a la señora Gianina Gar­cía están dentro del sistema al cual acceden todos sus aboga­dos de defensa.

“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferen­ciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actual­mente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosa­rito Montanía en comuni­cación con radio 1080 AM.

Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Ins­frán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.

“Esto a los efectos de cons­tatar su condición de habita­bilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclu­sión en el penal de Viñas Cue, que en teoría debería estar personal militar pro­cesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferen­ciado de prisión”, acotó.

El objetivo de esta consti­tución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.

La jueza Montanía explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que esta­blecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.

“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistra­tura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.

De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nuli­dad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.

Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue además de entrevistar a la procesada, entrevistar también al director del penal de Viñas Cue; así como obser­var personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.

“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.

Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cua­les se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.

“Entonces, no estamos incumpliendo ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucio­nales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.

Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.

La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitución de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia tras denuncia de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría recibido maltrato inhumano en el penal de Viñas Cue. La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van turnándose para imponer alguna acción.

La jueza fue consultada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los trabajos que se han realizado respecto a la señora Gianina García están dentro del sistema al cual acceden todos sus abogados de defensa.

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“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferenciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actualmente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosarito Montanía en comunicación con radio 1080 AM.

Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Insfrán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.

“Esto a los efectos de constatar su condición de habitabilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclusión en el penal de Viñas Cué, que en teoría debería estar personal militar procesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferenciado de prisión”, acotó.

El objetivo de esta constitución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.

La jueza Montania explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que establecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.

“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistratura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.

De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nulidad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.

Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue a más de entrevistar a la procesada, también entrevistó al director del penal de Viñas Cué; así como observar personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.

“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.

Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cuales se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.

“Entonces, no estamos incumpliendo, ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucionales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.

Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.

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Desde el Ministerio Público informaron que esta tarde el Juzgado Penal Adolescente de Caazapá, a cargo de la magistrada María Roxana Ramírez, decretó la prisión preventiva del adolescente imputado por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso, en calidad de coautor en el caso de la niña Melania.

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La medida fue solicitada por los agentes fiscales Laury Rossana Vázquez y Carlos Germán Ramírez, quienes impulsan la investigación del caso.

A continuación indicaron que la jueza resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público tras evaluar los elementos presentados, la etapa incipiente de la investigación y la gravedad del hecho investigado.

“La prisión preventiva resulta idónea para resguardar el proceso, evitar obstrucciones y proteger tanto al adolescente como a su entorno”, explicó la magistrada .

Un detalle revela que en la misma resolución fue rechazado el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa, por no reunir las condiciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

La causa continúa bajo investigación por parte de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Regional de Caazapá.

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En el marco de la causa por el homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, el juez José Armando Mendoza confirmó la medida de prisión preventiva para Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia de donde el supuesto autor del homicidio habría comprado las píldoras abortivas.

La defensa de Acosta Céspedes había solicitado la libertad ambulatoria, pero el juzgado determinó que no se dan los presupuestos legales. Anteriormente ya habían solicitado también el cambio de calificación de la causa, pero el juez Gustavo Ovelar no dio lugar a la solicitud.

La causa figura como frustración de la persecución penal, atendiendo a que Acosta Céspedes no habría proporcionado toda la información solicitada por las autoridades al inicio de las investigaciones, lo que posteriormente llevó a varios allanamientos y más indagaciones.

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En el marco de las investigaciones, no solo se había corroborado la compra de las pastillas, sino que se encontraron otros medicamentos que también habrían sido comercializados en el mismo lugar. Se cuenta además con imágenes de circuito cerrado que ubican al supuesto autor del crimen en la farmacia en varias ocasiones.

Los encargados de la causa destacaron que este tipo de solicitudes aún no pueden ser aprobadas, ya que el caso se encuentra en pleno análisis de pruebas, remarcando que todas las aristas de este crimen, al igual que las evidencias que surgieron, están siendo analizadas.