Desde su lugar de reclusión, la cárcel de Viñas Cué, el diputado colorado Ulises Quintana conversó con La Nación y dijo que reclama la injusta privación de su libertad desde hace 20 meses, a la que califica incluso de inconstitucional por violación del artículo 191, que refiere que ningún legislador puede ser privado de su libertad, salvo sea hallado en flagrante delito, y en todo caso deberá guardar prisión domiciliaria. Al respecto, el legislador recluido asegura ser inocente y manifestó su desconfianza del sistema judicial, atendiendo que ya lleva dos años de proceso y sin audiencia preliminar por las chicanas de la Fiscalía, que no tiene pruebas para sostener su imputación.
A la luz de este caso, llama la atención el actuar de la Justicia respecto al caso de Rodolfo Friedmann, quien fue denunciado y la Fiscalía lo imputó por los graves hechos de corrupción respecto al negociado de merienda escolar en Guairá; en cambio, su proceso está paralizado debido a las chicanas que han interpuesto a fin de que se llegara a la audiencia de imposición de medidas. El ex ministro de Agricultura, además de otras cinco personas más, fue imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo, por el caso de la merienda escolar en Guairá. Friedmann y los demás imputados en la causa recurrieron a diversas maniobras judiciales en el marco de la investigación que se lleva en su contra por su gestión al frente de la Gobernación del Guairá, recusando al fiscal Osmar Legal, quien se encarga de la investigación.
En cambio, el diputado Quintana está imputado por su presunto vínculo con Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, supuesto narcotraficante detenido en julio del 2019 en Alto Paraná. A lo cual, él asegura que su relación fue profesional, cuando Cabaña le realizó una consulta jurídica. “Hacía como 45 días que asumí el cargo de diputado nacional y solía hacerle consultas y trámites jurídicos a Javier Cabaña”, indicó.
Añadió que existe una acordada judicial que habilita a los legisladores que son abogados a ejercer la profesión a pesar del cargo. “Yo podía ejercer la profesión, como lo hicieron el ex diputado Hugo Velázquez, el ex senador Tito Saguier y el ex diputado Óscar Tuma, ellos seguían ejerciendo la profesión. Entonces, lo que hice fue atender una consulta jurídica de Cabaña y, como soy abogado penalista, no siempre tratamos con monjas y sacerdotes”, explicó.
Quintana reclama además que tanto la Fiscalía como la jueza penal lo mantienen en prisión, basados en el artículo 42 de la Ley 1.340 del año 88, la cual ya fue derogada por el Código Penal vigente. Indicó que tanto la fiscala Lorena Ledesma como la jueza Alicia Pedrozo sostienen que debe guardar reclusión por la alta expectativa de prisión que, según ellas, es de 5 a 15 años, basadas en la ley derogada, cuando en realidad el Código Penal vigente establece que para el caso de asociación criminal la pena será de 6 meses a 5 años. Por tanto, teniendo en cuenta que Quintana ya lleva 20 meses de prisión preventiva, ya ha compurgado la pena mínima de su expectativa de prisión.
Pide el cambio de calificación
El diputado Ulises Quintana mencionó que ha solicitado el cambio de calificación de su expediente, pero la jueza Alicia Pedrozo se ha denegado alegando que este cambio de calificación debe ser presentado en la audiencia preliminar, la cual hasta la fecha no se ha realizado, a 2 años de que se inició este proceso.
“A los pasos que va siguiendo este juicio, hoy hace 2 años que estoy privado de mi libertad, desde el momento que se ha iniciado este proceso en mi contra, y ni si quiera la audiencia preliminar se ha realizado. Porque la Fiscalía está chicaneando porque se quedaron sin pruebas. Mientras que la jueza Alicia Pedrozo dice que en la audiencia preliminar tengo que solicitar el cambio de calificación, y cómo si me están privando de mi libertad hace 20 meses vamos a esperar la audiencia preliminar. Así como vamos esta audiencia preliminar se va realizar en el año 2056 si tengo suerte, a los pasos como vamos”, criticó. Sostuvo además, que una jueza de Garantías, jamás debería usar una ley derogada para sostener la prisión preventiva de ningún ciudadano paraguayo y mucho menos de un legislador.