El juez en lo civil y comercial Juan Martínez rechazó el amparo promovido por funcionarios del Sindicato de Trabajadores del Centro Educativo Integral de Itauguá, quienes accionaron judicialmente para tratar de cobrar bonificación por peligrosidad y unidad básica alimentaria sin prestar servicio de manera presencial.
Con la referida resolución judicial, el Ministerio de Justicia no procederá al pago de dicho beneficio debido a que la determinación adoptada por la cartera estatal son facultades que tiene la secretaría de Estado, por lo que corresponde rechazar el amparo promovido por el referido sindicato.
Ahora los asesores legales del citado sindicato tienen la posibilidad de recurrir la presente resolución judicial y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá entender y analizar si corresponde confirmar el fallo de primera instancia o, en su defecto, revocar dicha resolución judicial.
Los funcionarios del Centro Educativo accionaron contra las resoluciones ministeriales N° 492 del 4 de agosto de este año y N° 544 del 2 de setiembre, mediante las que se disminuye la bonificación por peligrosidad y la unidad básica alimentaria. Los recurrentes alegan que no perciben mensualmente la suma de G. 1.500.000, lesionando los derechos adquiridos.
Los asesores del Ministerio de Justicia habían contestado el amparo promovido por el sindicato de guardiacárceles pidiendo que se rechace la presente garantía constitucional.
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Corte rechazó chicana de la firma Montego Trading
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez rechazó una chicana más presentada por la firma Montego Trading por lo que el tribunal de apelación en lo civil y comercial podrá estudiar la confirmación del levantamiento de la medida cautelar dictada en primera instancia.
El representante legal de Montego Trading presentó una reposición contra una resolución de la propia sala civil de la Corte al solo efecto de dilatar el presente juicio.
En primera instancia un juzgado en lo Civil y Comercial resolvió levantar la medida cautelar que tenía a su favor la firma Montego Trading, el cual, debido a dicha decisión judicial, seguía operando a pesar de que ya no estaba habilitado para hacerlo.
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Juicio oral en puerta
Los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay SA, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar” deben enfrentar un juicio oral y público.
En su momento, la jueza penal de Garantía Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el presente caso y a su vez dicha resolución judicial fue confirmada por el tribunal de apelación. De acuerdo a los datos, en el mes de junio se debe realizar la audiencia oral para los acusados.
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Por unanimidad Senado rechazó propuesta de devolución premiada
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes 7 de mayo, la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1160/1997 Código Penal”, respecto a la figura de la devolución premiada para funcionarios públicos. El proyecto que cuenta con media sanción será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.
La propuesta legislativa, presentada por el diputado Yamil Esgaib, establece la figura de la devolución premiada, que consiste en llegar a un acuerdo con el investigado o procesado que cumple funciones públicas, por la comisión de un hecho punible en el que, a cambio de la devolución total del daño patrimonial que se le atribuye, reciba un determinado beneficio que puede consistir en la reducción de la pena hasta el 50% del marco penal máximo.
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Al respecto, el senador colorado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, informó que esta instancia legislativa por unanimidad aconsejó rechazar el proyecto, en razón que transgrede el artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece que todos los funcionarios públicos en caso de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones no quedarán exentos de responsabilidad.
Igualmente, hizo hincapié a que “el Estado no puede hacer una política criminal diferente para determinados delitos y, por el contrario, una política legislativa de esta clase puede resultar en un incentivo para realizar hechos punibles contra el patrimonio”, agregó.
También explicó que, en un proceso penal es difícil demostrar contablemente el 100 % del daño patrimonial ocasionado y siempre los montos de los juicios no reflejan la totalidad del perjuicio, siendo así, el autor puede devolver un porcentaje menor al daño real y recibir como premio la reducción de su pena.
Además, mencionó que está establecido en el artículo 95 del Código Penal, el comiso como una pena accesoria en los hechos punibles contra el erario público y en el artículo 25 del Código Procesal Penal, los motivos de la extinción de la acción penal.
En la misma línea, coincidieron los senadores Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Rubén Velázquez, Silvio Ovelar, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Ever Villalba, Natalicio Chase, Blanca Ovelar, Mario Varela, Esperanza Martínez y Colym Soroka, en rechazar el proyecto por considerarse inconstitucional.
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MOPC rechaza paro de buses y lamenta intento de presión por parte de Cetrapam
Tras la medida anunciada por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) de ir a paro por tres días a partir del próximo 20 de mayo, el gobierno nacional, a través del Viceministerio de Transporte, emitió un comunicado en el cual rechazan la disposición del gremio, la cual se da en medio de una mesa de diálogo.
“El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente Cetrapam, presione para forzar una situación absolutamente absurda como duplicar el subsidio, lo cual es la pretensión de este grupo empresarial”, reza el comunicado.
Para el Viceministerio, el paro anunciado por el gremio no forma parte del proceso de construcción de un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos, sino que por el contrario, impiden avanzar con las acciones. Desde la institución ratificaron su compromiso de llevar adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.
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“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, concluye el comunicado.
OPAMA
Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) emitieron un comunicado en el que rechazan totalmente la postura de los empresarios y califican a esta medida como un “chantaje”. La organización acusa a los transportistas de usar como “rehenes” a los usuarios del transporte público para conseguir beneficios propios.
“¡Estamos hartos de ser la moneda de cambio en disputas en las que no nos involucran! Exigimos a las autoridades a no caer en el vil chantaje de los empresarios de transporte público”, manifestaron en el comunicado difundido a través de redes sociales. “Una vez más los usuarios/as del transporte somos rehenes del chantaje de los empresarios al gobierno”, sentenciaron.
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La medida anunciada por la Cetrapam, no cuenta con la adherencia de todos los gremios de transporte. La Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) informó que no se adherirá al paro. “Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, expresaron en un comunicado.
Las empresas que forman parte de Fetram son Magno Línea 12, San Isidro Línea 48-51, Ypacaraí Transporte Línea 242, Ximex Línea 44 y Aregüeña SA Línea 111.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP