El juez Julián López admitió este jueves la imputación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo por el presunto esquema montado para desviar fondos de la institución estatal en la compra de agua tónica e insumos médicos mediante “licitaciones”.
“Una vez que recibimos la ampliación del acta de imputación en el caso de Petropar, en la que está imputada la señora Patricia Samudio y otras personas, el Juzgado procedió a la admisión”, declaró el magistrado a Universo 970 AM.
El juez mencionó que de igual manera Patricia Samudio debe presentarse este viernes a las 8:30 para su audiencia por la primera imputación en su contra, donde no se incluye la ampliación presentada por el Ministerio Público ayer miércoles.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado a Petropar durante la administración de Patricia Samudio supera los G. 300 millones por las sobrefacturaciones en la compra de agua tónica y que implica hasta a su marido José Costa Perdomo.
Podés leer: “Caridad” criminal: confirman que tapabocas donados por Samudio estaban vencidos
De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el esposo habría contactado con la empresa Solumedic para montar el esquema y “simular” contratos, a fin de desviar los fondos de la institución estatal con las transferencias bancarias tras la “licitación”, que en realidad fue una contratación directa vía excepción y ya había un “acuerdo” antes del llamado.
El Ministerio Público amplió la imputación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y otras 14 personas más por el hecho punible de lesión de confianza. Esto, en el caso de la compra sobrefacturada de agua tónica, supuestamente para combatir al COVID-19, y otros insumos como mascarillas, termómetros y mamelucos.
Nota relacionada: Caso Petropar: Fiscalía amplía imputación contra Samudio e incluye a su esposo
Dejanos tu comentario
Informe de la CGR será clave para indagar casos de corrupción en IPS, afirma Chase
El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, dijo que el informe y dictamen sobre las finanzas públicas realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional, será la base para iniciar las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS).
“El informe de la Contraloría será uno de los puntos a ser estudiados y será la base hacia donde se dirigirá las investigaciones. Se investigarán todas las denuncias que sean presentadas a lo largo del funcionamiento de la comisión especial de investigación”, comentó el legislador, este jueves, a los medios de comunicación.
En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades. Entre los casos detectados por la Contraloría, que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida.
Lea también: Rigo Chamorro busca aplicar sus 30 años de experiencia empresarial al servicio de CDE
También figura la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “El lunes se concretará la primera reunión de la comisión especial de investigación y ahí elegiremos a las autoridades”, refirió Chase.
La comisión especial se encuentra integrada por Chase, Antonio Barrios, Lizarella Valiente, Lilian Samaniego, Dionisio Amarilla y Esperanza Martínez, y también se enfocará en indagar sobre las denuncias de casos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
“Primero convocaremos a la Contraloría, que es la institución que presentó el informe y después seguro iremos invitando a los diferentes actores, tanto proveedores como las autoridades del IPS. El vicio en el IPS proviene de larga data, seguro será incluido el total de los estudios de auditoría y seguro iremos hasta el origen del problema. Nosotros tendremos la potestad de investigar, pero el que juzgará es la Fiscalía y el Poder Judicial. Si el reporte es concluyente lo remitiremos a la Fiscalía”, describió Chase.
Dejanos tu comentario
Oposición traba integración de comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.
“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.
La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
Lea también: Los 10 ejes del ambicioso plan de Rigo Chamorro para transformar CDE
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.
Dejanos tu comentario
Influencer da su versión y rechaza acusación de fraude
La influencer Ana Kim Jang, conocida como Ana Coreana, dio su versión acerca de la imputación por los delitos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Mencionó presuntas irregularidades y apropiación de los ingresos de la empresa por parte de la familia Kao/Wang. En la causa están procesadas otras cuatro personas.
“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, menciona un comunicado dado a conocer por la mediática en representación de la familia Kim – K & K Shopping´s S. A. tras las acciones jurídicas promovidas por la familia Kao/Wang.
“Desde la constitución de la firma en febrero de 2009, la familia Kim asumió de manera exclusiva la gestión, operación y desarrollo integral del centro comercial. En estos años de operación, la familia Kao/Wang nunca trabajó en la obra, no asistía a los asuntos sociales, no asumía riesgos y desalentaba las inversiones. Tampoco confiaron en que el proyecto Shopping Paris superaría las expectativas; sin embargo, ante el éxito actual, han cambiado de actitud”, dice la primera parte del comunicado.
En otro punto, señala que en cuanto a la distribución de funciones “la familia Kao/Wang se acomodó a esta situación mientras la familia Kim trabajaba incansablemente. Aunque se les invitaba a las reuniones, no asistían alegando viajes o asuntos personales. Así, se consolidó una distribución de funciones donde ellos se limitaban a percibir los beneficios correspondientes”.
Nota relacionada: Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
En otro apartado, el comunicado menciona supuestas “irregularidades detectadas”, donde indica que la controversia actual surge tras detectarse que “la familia Kao/Wang ocupó y alquiló espacios del centro comercial a terceros sin autorización” y que los ingresos generados fueron a las cuentas bancarias de Susana (Wang Hsiao Mua) y Rosana Ming Kao, “sin ingresar a la cuenta de la empresa como corresponde, apropiándose así de los ingresos genuinos de la firma”.
En cuanto al reparto legal de dividendos, detalla que “el conflicto aumentó tras la venta del edificio Bonita Kim. Las utilidades se distribuyeron en estricta proporción a la participación accionaria de cada familia, conforme a la ley. Pese a ello, la familia Kao/Wang rechazó la distribución proporcional e inició reclamos infundados”.
Participación accionaria
Así también, expresa su rechazo a las acusaciones de la familia denunciante. “La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la familia Kim. Este proceso fue aprobado en asamblea extraordinaria y ordinaria, cumpliendo los estatutos, las leyes vigentes, las publicaciones legales y contando con la aprobación de la Abogacía del Tesoro”, menciona.
Además habla de instrumentalización judicial y lamenta que “mediante maniobras cuestionables”, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria.
El comunicado finaliza diciendo que “la familia Kim reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo honesto. Exigimos respeto al funcionamiento institucional de K & K Shopping´s S. A. y confiamos en que las instancias correspondientes esclarecerán la verdad".
Te puede interesar: Ministro descarta aumento de impuestos, pero confirma revisión de exenciones
Dejanos tu comentario
Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.