El juez Julián López admitió este jueves la imputación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo por el presunto esquema montado para desviar fondos de la institución estatal en la compra de agua tónica e insumos médicos mediante “licitaciones”.
“Una vez que recibimos la ampliación del acta de imputación en el caso de Petropar, en la que está imputada la señora Patricia Samudio y otras personas, el Juzgado procedió a la admisión”, declaró el magistrado a Universo 970 AM.
El juez mencionó que de igual manera Patricia Samudio debe presentarse este viernes a las 8:30 para su audiencia por la primera imputación en su contra, donde no se incluye la ampliación presentada por el Ministerio Público ayer miércoles.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado a Petropar durante la administración de Patricia Samudio supera los G. 300 millones por las sobrefacturaciones en la compra de agua tónica y que implica hasta a su marido José Costa Perdomo.
Podés leer: “Caridad” criminal: confirman que tapabocas donados por Samudio estaban vencidos
De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el esposo habría contactado con la empresa Solumedic para montar el esquema y “simular” contratos, a fin de desviar los fondos de la institución estatal con las transferencias bancarias tras la “licitación”, que en realidad fue una contratación directa vía excepción y ya había un “acuerdo” antes del llamado.
El Ministerio Público amplió la imputación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y otras 14 personas más por el hecho punible de lesión de confianza. Esto, en el caso de la compra sobrefacturada de agua tónica, supuestamente para combatir al COVID-19, y otros insumos como mascarillas, termómetros y mamelucos.
Nota relacionada: Caso Petropar: Fiscalía amplía imputación contra Samudio e incluye a su esposo
Dejanos tu comentario
Fiscalía exige destrabar causa penal de Arnoldo Wiens en el caso Metrobús
Los fiscales Nathalia Silva y Giovanni Grisetti, quienes llevan adelante la investigación contra el exministro de Obras Arnoldo Wiens —imputado por lesión de confianza en el caso Metrobús—, presentaron un urgimiento ante la Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, a fin de que se resuelva la chicana presentada por la defensa del procesado.
El recurso fue promovido por la defensa de Wiens, que cuestionó la providencia del 4 de marzo de 2026 mediante la cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos admitió la imputación formulada por el Ministerio Público. Ante el rechazo de dicha presentación, la defensa apeló la decisión, trámite que ahora debe destrabarse en el tribunal de alzada.
En el urgimiento presentado, el equipo fiscal señala que el trámite del recurso quedó suspendido como consecuencia de las recusaciones planteadas contra los magistrados que integraban el Tribunal de Apelación. Una vez resueltas dichas incidencias, solicitaron que la Cámara proceda al análisis y resolución de la apelación pendiente.
Asimismo, los agentes fiscales destacaron que el Juzgado Penal de Garantías fijó el 16 de agosto de 2026 como fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo. En ese contexto, consideran indispensable que el recurso sea resuelto con prontitud a fin de garantizar la continuidad y el normal desarrollo del proceso penal.
Dejanos tu comentario
Imputan a dos productores por hurto de 452 toneladas de soja de otra finca
- Ciudad del Este. Agencia regional
El propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. Luis Carlos Pisani, de nacionalidad brasileña y un directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., Sidinei Da Silva Schneider, paraguayo, fueron imputados por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave.
El fiscal Fidel Godoy, de Minga Pora investiga el hurto de 452 toneladas de soja de una plantación supuestamente ajena.
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026 por el productor agrícola Odimar Agostinho Caus, ante la supuesta cosecha y retiro de cultivos de soja de inmuebles de su propiedad, recurriendo a la fuerza, mediante el uso de maquinarias agrícolas y personal de la empresa del hoy procesado.
El afectado manifestó que el 27 de febrero del mismo año personas que no contaban con autorización habrían ingresado a inmuebles rurales de su propiedad, ubicados en las colonias San Roque y Tamburi, distrito de Minga Porã (de 50 y 72 hectáreas). Habrían utilizado tractores, cosechadoras, camiones y demás maquinarias para cosechar la producción de soja y trasladarla a destino desconocido.
De acuerdo al escrito fiscal, el propietario de la empresa agrícola habría sido quien organizó y dirigió el operativo, en el que participaron empleados de su firma y otras personas. Indica el agente que se habrían cosechado aproximadamente 452 mil kilos de soja, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 150.000 dólares.
Puede interesarle: Compatriotas sobrevivientes del trágico accidente en Brasil regresan al país
Supuesto atropello
El Ministerio Público señala también que el otro imputado, directivo de la cooperativa citada, habría participado en las tareas posteriores de preparación de las parcelas y siembra de nuevos cultivos.
Conforme al relato fiscal, cuando el propietario tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para impedir la continuidad de los trabajos, habría encontrado un grupo numeroso de personas, algunas presuntamente armadas y en vehículos que resguardaban el supuesto atropello. El afectado se habría visto obligado a permitir la continuidad de la cosecha, la carga y el retiro de los granos.
La imputación se sustenta en la denuncia presentada por el afectado, documentos sobre la titularidad de los inmuebles, registros fotográficos y audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y declaraciones testimoniales.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares personales, con suspensión de la prisión preventiva bajo reglas de conducta.
Dejanos tu comentario
La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
Te puede interesar: Tribunal absuelve por unanimidad de culpa y pena a Óscar Boidanich
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
Dejanos tu comentario
IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.