La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.

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Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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La agente fiscal Claudia Torres se constituyó en el nuevo Barrio San Francisco, en el marco de una investigación sobre adquisición fraudulenta de subvenciones, es decir departamentos. La diligencia fue llevada adelante en coordinación con el asesor jurídico del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Villamayor.

En la presente investigación se presentaron una serie de recusaciones e impugnaciones que han dilatado la investigación, cuya denuncia fue presentada en el año 2021. Sin embargo, recientemente fue notificada a la unidad a su cargo, tras destrabarse los procesos dilatorios, en relación con la misma.

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En torno a la causa, la representante del Ministerio Público, Claudia Torres, indicó que “estuvimos abocados con el doctor Villamayor, asesor jurídico del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a realizar trabajo de inteligencia con la policía jurisdiccional a los efectos de verificar una denuncia que fue ingresada el 3 de marzo del 2021.

Asimismo, indicó que “estamos trabajando de forma coordinada interinstitucional con el doctor Villamayor porque, aparentemente, se van a ampliar los hechos denunciados".

“Hoy constatamos, efectivamente, que el departamento “I1232”, del bloque 12, fue adjudicado por Resolución 1052, del 18 de junio del 2019 a la señora Myrian Beatriz Ayala. Esta señora tiene el paradero desconocido tanto para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, como para la Fiscalía; vamos a realizar a través del proceso penal el pedido de informes y posteriormente si corresponde pediremos la rebeldía”, explico la fiscala.

“Esta es la persona que fue adjudicada, aparentemente cedió sus derechos a Leonardo Ojeda, que no es beneficiario del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y que es la persona que tiene un local comercial; que él, sin permiso legal alguno, habilitó ese lugar utilizando parte de la vereda y haciendo cambios a la vivienda o al departamento que se entregó”, manifestó Torres.

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El Ministerio Público confirmó la localización de la madre de 15 años y su bebé de siete meses, reportadas como desaparecidas desde el pasado 13 de agosto en la zona de Mariano Roque Alonso.

La agente fiscal Cinthia Torres, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, dispuso la activación de los protocolos de búsqueda y localización para dar con el paradero de Liz Camila Fariña Báez, de 15 años, y su hija Vannia Xiomara Fariña Báez, de 7 meses, quienes finalmente pudieron ser ubicadas. Así también se informó sobre la localización de un hombre de 26 años, cuyos familiares denunciaron su desaparición desde el 5 de agosto, aunque no se reveló su identidad.

“Todos han regresado a sus hogares gracias a la intervención coordinada de la Fiscalía y otras autoridades”, confirmó el Ministerio Público con una breve publicación en redes sociales.

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Por otro lado, la agente fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal n.º 3 de Lambaré, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición del adolescente identificado como Darío Alejandro López Maciel, de 17 años, domiciliado en la localidad de Lambaré.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta la denuncia de su desaparición desde el 6 de agosto, en horas de la tarde, del corriente año. El mismo salió del Centro Transitorio de Protección del PAINAC.

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