La Justicia encontró culpable en un juicio oral y público y condenó a 4 años de cárcel al exfiscal César Garay Azucas por pedir una coima de US$ 15.000 para favorecer a un extranjero en un proceso judicial. Foto: Archivo.
Condenan a exfiscal a 4 años de cárcel por cohecho pasivo agravado
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Un Tribunal de Sentencia condenó a 4 años de cárcel al exfiscal de la ciudad de Quiindy, César Ariel Garay Azucas, tras ser encontrado culpable por el delito de cohecho pasivo agravado y se decidió el comiso del dinero que fue encontrado en poder del exfiscal. El Tribunal de Sentencia que condenó al exrepresentante del Ministerio Público estuvo integrado por los magistrados Manuel Aguirre, Lourdes Peña y Rosana Maldonado.
Los antecedentes de la causa señalan que el ahora condenado ejercía el cargo de fiscal penal de la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, y fue detenido el 27 de abril del 2018 por haber recibido una coima de US$ 15.000 para finalizar un proceso judicial.
La detención se produjo en una estación de servicio, donde Garay se encontró con un hombre que hacía de nexo entre las partes para una entrega vigilada del dinero. Todos los billetes utilizados para el pago eran de G. 100.000, que fueron previamente fotocopiados y autenticados por la Fiscalía.
La denuncia contra Garay fue presentada por el representante de un ciudadano español imputado por estafa, apropiación y evasión de impuestos. El entonces fiscal pidió la suma de US$ 20.000 para anular el proceso que se inició en el 2016. Sin embargo, luego de negociaciones, ese monto se redujo a US$ 15.000.
Tras el procedimiento de detención, el vehículo de Garay fue inspeccionado por los intervinientes, quienes encontraron una alta suma de dinero, que quedó comisada. Durante el juicio oral se probó positivamente que el origen de ese dinero no era lícito. Tanto el dinero encontrado en la guantera del rodado como el entregado bajo vigilancia fue puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Durante el juicio oral y público, la Fiscalía presentó un gran cúmulo de elementos en contra de Garay como pruebas periciales, documentales y testificales.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
Juicio oral contra exjueza civil Tania Irún se iniciará el 22 de julio
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Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
Tribunal halló culpable a Vivian Genes por quema de Colorado Róga y dio por cumplida la pena
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El Tribunal de Sentencia dictó la sentencia de 5 años y 2 meses de prisión para Vivian Genes en el marco de la causa por perturbación de la paz pública y producción de riesgos comunes, vinculada con la quema de Colorado Róga, la sede institucional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que ocurrió el 17 de marzo del 2021.
Sin embargo, el Tribunal presidido por la jueza Lourdes Garcete determinó que la pena ya fue compurgada teniendo en cuenta el tiempo que Genes pasó bajo prisión preventiva y arresto domiciliario durante el proceso, y fue puesta en libertad. Así también, la joven fue absuelta por los cargos de daño a costas de interés común y daño a obras construidas o medios de trabajo.
La joven aparecía en materiales audiovisuales donde se la puede ver encendiendo y llevando un cartel en llamas hacia el acceso del local; que fue utilizado en el proceso de juzgamiento, como así testimonios de otras personas que se encontraban en el sitio. Igualmente, el tribunal realizó un peritaje de la vestimenta de la acusada, que fue comparada con las imágenes tanto del material audiovisual como fotos de las redes sociales.
Con estas imágenes se pudieron confirmar los hechos que son atribuidos a la joven, lo que demuestra que la misma es una de las personas que incendiaron la sede partidaria, como así también se demuestra la intención dolosa de sus acciones, de acuerdo al tribunal. La jueza Garcete subrayó que la indignación ante la corrupción estatal no constituye una causal de legítima defensa ni un estado de necesidad que justifique el ataque a una propiedad privada.
Un tribunal de sentencia condenó a 7 años y 3 meses de cárcel a la exfiscala Ana Girala luego de ser encontrada culpable por prevaricato, cohecho pasivo y otros. Foto: Archivo
Condenan a 7 años y 3 meses de cárcel a exfiscala por prevaricato, cohecho pasivo y otros
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El tribunal de sentencia, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrada culpable por un esquema de extorsión y pedidos de coima en su unidad fiscal de San Lorenzo.
Asimismo, el colegiado condenó a la exsecretaria fiscal Griselda Acha a la pena privativa de 6 años y 6 meses, a la exasistente fiscal Christi Magalí Ortega a la pena privativa de libertad de 4 años. Mientras que al abogado Marco Velazco, a la pena de 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez a 3 años y 6 meses. Igualmente se mantiene las medidas cautelares impuestas a los sentenciados.
La exrepresentante fiscal fue encontrada culpable por los hechos punibles de prevaricato, extorsión en calidad de coautora, tentativa de extorsión en calidad de coautora, cohecho pasivo agravado.
El colegiado sostuvo que Girala utilizó su investidura para obtener beneficios económicos, dirigió operativamente a sus funcionarias, direccionó causas hacia abogados de confianza y afectó gravemente la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público y en el sistema de justicia.
Por otra parte, la acusada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de reproche y pena al no probarse su participación en los hechos acusados por el Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Yolanda Morel, ratificó la existencia de una organización criminal que operaba dentro de la sede del Ministerio Público en San Lorenzo para obtener réditos económicos ilícitos.