El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.

Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.

Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.

En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.

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El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que Petropar bajará G. 300 en los precios de todos sus combustibles. William Wilka, gerente general de la empresa estatal, destacó que se trata de la octava reducción de los precios durante este Gobierno y que los precios se mantendrían, en principio, hasta abril.

Los precios de los combustibles de Petropar tendrán una reducción de G. 300 por litro, en atención las bajas internacionales en los productos derivados del petróleo y compras eficientes de parte de la empresa estatal. El anuncio lo realizó el presidente Santiago Peña a través de sus redes sociales, destacando que se trata de una “medida concreta para aliviar el bolsillo de las familias y acompañar el esfuerzo de quienes mueven el país”.

La sorpresa y felicidad se apoderaron de los rostros de los estudiantes de los 22 distritos priorizados en el marco de la entrega de los nuevos mobiliarios. La entrega de estos mobiliarios, adquiridos con la colaboración de Itaipú Binacional, ha iniciado teniendo en cuenta parámetros de matrícula y urgencia.

En esta primera fase se ha programado la entrega de un total de 330.000 mobiliarios para instituciones educativas de distritos priorizados de los departamentos de Alto Paraná, Caazapá y Caaguazú. De este trabajo de distribución se encarga el Ministerio de Educación (MEC), recibiendo la estrecha colaboración de las autoridades municipales y de las Fuerzas Armadas para retirar el mobiliario antiguo y facilitar el acceso.

Este domingo concluyó con gran éxito la 57.ª edición del Campeonato Sudamericano Juvenil de Golf por Equipos, que regresó al Paraná Country Club de Hernandarias después de 40 años. Colombia brilló al consagrarse campeón en ambas categorías por equipos, mientras que Paraguay celebró en la competencia individual femenina con el triunfo de Victoria Livieres.

En la categoría masculina, el equipo colombiano revalidó su título con un total de 589 golpes (+13). Liderado por Tomás Restrepo, campeón individual, junto a Santiago Russi y Samuel González, el equipo cafetero dominó de principio a fin durante las cuatro jornadas de competencia. Tanto Restrepo como González formaron parte del equipo vencedor en la edición pasada, disputada en el Club de Golf del Uruguay.

Por primera vez en la historia, un presidente del Grupo Banco Mundial hará una visita oficial al Paraguay, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. En su último informe, el organismo internacional calificó al país como una nación con un futuro prometedor.

Ajay Banca, titular del Grupo Banco Mundial, estará en Paraguay el 1 de abril en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay para el conversatorio sobre el rol de este organismo en la región. Abordarán las oportunidades de cooperación con nuestro país en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, anunciaron las autoridades.

La selección paraguaya se alista para visitar la calurosa Barranquilla, donde espera una herida Colombia, por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Gustavo Alfaro sabe que la formación cafetera representa un desafío mayúsculo, no solo por su juego y por ser local, sino porque a su entender será “una combinación de todos los partidos que jugamos hasta ahora”.

“Cambiar, no. No vamos a cambiar nuestras actitudes”, advirtió el seleccionador nacional, ayer domingo en conferencia desde Ypané. Sobre el equipo, indicó que, mirando lo que contra Chile, la estrategia guaraní sí podría tener algún retoque. “Un parado táctico es el punto de partida de un partido, como distribuís el campo de juego. La estrategia es lo que tenés que hacer, que se implementa de acuerdo a cada partido”, explicó.

La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“El Ministerio Público hace sus diligencias. Tengo desarrollado en la resolución de nueve tomos de expediente, en el cual comunica al juzgado que solicita la desestimación en razón de que la conducta observada por los mismos no es la conducta típica de estas normativas y tampoco los hechos presentados son ilícitos”, indicó. En este sentido, el juzgado realizó una búsqueda profunda de todas las documentaciones, lo que se ha plasmado en la resolución en la consideración, de suma importancia, a los efectos de dar o no viabilidad del requerimiento fiscal.

“Encontramos que esta empresa Emtrasur, que es la responsable, vamos a decir, de la aeronave en cuestión, porque aquí también hay que hacer una división entre la problemática generada con el avión y la problemática generada con la tripulación y también la problemática generada con la carga de la empresa Tabesa. Son tres ejes en la misma cuestión. Esta empresa Emtrasur vendría a ser una división logística de transporte de carga de origen venezolano y como brazo logístico de la empresa Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A.)”, explicó la jueza a Nación Media.

Indicó que la empresa Emtrasur realiza a su vez una subcontratación de otra empresa paraguaya, con domicilio en Ciudad del Este (Alto Paraná), para que la misma realice las gestiones documentales en el aeropuerto. “Todas estas circunstancias han acontecido, creo que fue el 13 de mayo del año 2022, específicamente. Bueno, esta empresa, que sería como una operadora terrestre, nuevamente contrata a otra empresa exclusivamente para el transporte de la tripulación desde el Aeropuerto Guaraní hasta un hotel con domicilio en Ciudad del Este”, apuntó.

En esta operación de traslado de carga y tripulación intervinieron varias empresas, y estas documentaciones fueron las arrimadas por el Ministerio Público, con una secuencia de informaciones, también se han prestado varias declaraciones testimoniales de los responsables de todas las empresas involucradas, y todas han demostrado cuáles son sus responsabilidades.

También se cuenta con un informe remitido por la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), por el entonces titular Félix Kanazawa, que manifiesta que la aeronave con matrícula 3531 realizó una operación en el mes de mayo del 2022 y que contaba con todas las autorizaciones ya desde mayo del mismo año. “Estaba preestablecido el itinerario que debía de traer esta aeronave que partía del aeropuerto, Maiquetía (Venezuela), esta venía directamente a esta ciudad y de Ciudad del Este nuevamente a Aruba”, mencionó la jueza.

Finalmente, indicó que la investigación giraba en torno a que independientemente de que la actividad comercial sea lícita o ilícita, si ésta iba dirigida a financiar a grupos terroristas. “Ese punto y ese extremo no fue acreditado, ni fue demostrado, ni existen documentaciones, y por sobre todas las cosas hay que tener muy presentes también los informes remitidos por entonces”, puntualizó la magistrada Lici Sánchez en comunicación con Nación Media.

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