El abogado Andrés Casati, defensor de Justo Ferreira, recusó al juez José Delmás y presentó otros incidentes, a los efectos de evitar que su cliente se someta a la justicia. Foto: Gentileza.
Justo Ferreira presenta chicanas para evitar someterse a la Justicia
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El abogado Andrés Casati, defensor de Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA, imputado por contrabando y otros delitos, recurre a chicanas como recusar al juez de Delitos Económicos José Delmás, para evitar someterse a la Justicia.
Además presentó varios incidentes como la nulidad del acta de imputación y reposición y apelación en subsidio contra la fijación de la fecha para la audiencia de imposición de medidas, señalada para este miércoles 29 de julio a partir de las 08:00. Ahora se analizará si se suspende la diligencia judicial.
Días atrás, el magistrado Delmás admitió la imputación contra Ferreira, su hija Patricia Ferreira y los funcionarios de Aduanas, Guillermo Andrés Molinas, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo. También están procesados penalmente el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra y Lauri Pohl. Todos los citados deberán comparecer ante el referido magistrado para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La Fiscalía imputó al empresario, a su hija y a las otras cinco personas por el caso de los insumos médicos chinos que intentaron comercializar al Estado en plena pandemia del COVID-19 y por los cuales habían recibido la suma de G. 17.000 millones de anticipo. Se solicitó prisión preventiva para todos los procesados.
De acuerdo con las propias autoridades del Ministerio de Salud, la institución estatal debe recuperar al menos unos G. 25.000 millones mediante la póliza de seguro. Los G. 17.000 millones de anticipo, más la garantía de fiel cumplimiento de Eurotec e Imedic, que entre las dos firmas alcanza unos G. 8.400 millones. El monto total del contrato fue de G. 85.000 millones.
Abogado confirma que se reunirán con Galeano para evaluar su renuncia
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El abogado Luis Fernando Almada, representante legal de Erico Galeano, adelantó que el equipo jurídico y el senador con permiso están evaluando si él mismo presenta o no su renuncia. Detalló que está prevista una reunión de el equipo de abogados y Galeano para tomar una decisión en las próximas horas.
“Estamos en la misma posición de expectativa, lo que pasa es que esa renuncia es a consecuencia de una decisión familiar, una decisión personal, él está en permanente contacto tanto con su señora como sus hijas, y nosotros como equipo jurídico también estamos en la expectativa. Es posible, esa es la palabra que aplica para este momento”, dijo el letrado en entrevista a la 1020 AM.
Mientras tanto, sostuvo que no puede confirmar o descartar la renuncia, puesto que la decisión es personal del senador. Sobre la reunión, indicó que aún no se estableció un horario. “No tenemos hora, estamos pendientes. Pasa es que esto se está dando minuto a minuto, por ejemplo, la semana pasada no estaba prevista y terminamos reunidos un día a las 11:00 de la noche y estuvimos reunidos hasta la 01:00 de la madrugada, no hay hora”, aclaró.
Por otra parte, el abogado indicó que se debe contextualizar la situación, y que se debe visualizar la situación desde la misma óptica. “Imagínense que una cuestión judicial está siguiendo los vaivenes de lo que disponga el Poder Legislativo, en ese contexto, nosotros estamos ante una situación que excede totalmente de nuestro campo de acción, yo soy abogado, defensor técnico de Erico Galeano y yo estoy pendiente de lo que sucede, de lo que se escucha en el ámbito legislativo para orientar decisiones judiciales”, refirió.
Finalmente, sostuvo que existe una distorsión del caso, “más claro es echarle agua, inclusive nuestra estrategia de la presentación del recurso de casación está totalmente supeditado a estos vaivenes legislativos. Nosotros tenemos plazo hasta el viernes, pero sin embargo, probablemente ya tengamos que presentarlo mañana. Todo eso es totalmente inusual”.
Presentaron libelo acusatorio para expulsar al senador Erico Galeano
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Senadores de la oposición presentaron el libelo acusatorio para la expulsión vía de pérdida de investidura de su colega Erico Galeano, quien finalmente no presentaría la renuncia a su banca por recomendación de su abogado Ricardo Estigarribia, tras ratificarse la condena de 13 años de prisión en un proceso judicial vinculado con la causa A Ultranza Py.
En la exposición de motivos, los legisladores refieren que la permanencia en el Senado de un legislador con dos sentencias por lavado de activos y asociación criminal compromete la dignidad del Poder Legislativo y la credibilidad de las instituciones democráticas. Así como el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el principio republicano de probidad en el ejercicio de la función pública.
“El Congreso Nacional le facilitó o autorizó a Galeano un permiso para que pueda ejercer su defensa, la justificación para eso fue que la sentencia no estaba firme. Existe una confirmación en la segunda instancia, pero hoy en día la sentencia sigue sin estar firme”, argumentó Estigarribia ayer a la 650 AM.
El abogado acotó: “Por lo menos que los senadores nos permitan volver apelar o ir con recursos en área de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Me parece que existe una incongruencia en el razonamiento de ese cuerpo colegiado ya que no vario el argumento fundamental referente a que la sentencia quede firme".
Ayer miércoles, los senadores aprobaron la derogación del permiso concedido a Galeano el pasado 11 de marzo y su inminente salida se dará la próxima semana tras la ratificación de su sentencia a 13 años de prisión. Igualmente, la bancada de Honor Colorado ratificó su postura a favor de la expulsión del parlamentario.
Libelo acusatorio impulsado por la oposición y que contaría con el respaldo de todas las bancadas de la Cámara Alta. Foto: Gentileza
La Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), deberá realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López. Foto: Archivo
Juez libró oficio judicial para saber si Dalia López puede usar tobillera electrónica
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El juez de Garantías, Francisco Acevedo, libró un oficio judicial a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), a efectos de realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López.
La procesada permaneció prófuga, burlándose de la Justicia durante seis años, tras ser imputada por facilitar cédulas de identidad y pasaportes falsos al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y a su hermano.
La medida fue solicitada por la defensa de López, quien busca allanar el camino para obtener el beneficio del arresto domiciliario. Con esta estrategia, se pretende dilatar el proceso penal y asegurar que una eventual condena de cárcel se cumpla en su residencia. Según la determinación judicial —una situación poco habitual—, el personal de la dependencia de monitoreo deberá trasladarse hasta el domicilio propuesto para la reclusión.
De otorgarse la libertad a López para que abandone el penal de mujeres de Emboscada, se sentaría un precedente negativo, considerando su largo historial de evasión judicial. Días atrás, el propio juez Acevedo había ratificado la prisión preventiva de López en Emboscada. Sin embargo, la procesada insiste en abandonar su lugar de reclusión.
Fuentes judiciales mencionan que, presuntamente, políticos e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estarían operando para favorecer a la mujer.
Celda VIP
Recientemente se descubrió que Dalia López estaba montando una “celda VIP” en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, hecho que generó un fuerte repudio en la ciudadanía y puso bajo la lupa los privilegios a los que intenta acceder.
Caso Atlas: abogado subraya la rigurosidad de la investigación fiscal por lavado de dinero
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“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
Claudio Lovera, representante legal la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Foto: Gentileza
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.
Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019,desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.