El presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy recluido en una cárcel del Brasil, declarará el próximo miércoles 10 de junio a las 8:00 de la mañana, en el marco del juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior de Mario Abdo Benítez.

Así anunció el tribunal de sentencia presidido por la jueza Adriana Planás al concluir la audiencia en que la Fiscalía presentó varias documentales acerca de las coimas que habría recibido el exministro abdista. El fiscal Jorge Arce realizó la presentación de varios mensajes de la aplicación Whatsapp entre el administrador de la empresa de blindados de Marcus Vinicius con personas ligadas a Arnaldo Giuzzio.

El agente fiscal expuso que se realizó el análisis de la comunicación de la aplicación de mensajería instantánea, extraída del teléfono celular que presenta dos versiones, es decir, vinculada a dos cuentas, entre un contacto que sería Vinicius y el vínculo con Giuzzio identificado como Adolfo D’Ecclesiis.

Así también se expuso los intercambios de mensajes entre Vinicius y Giuzzio. Entre los mensajes, el fiscal expuso que imágenes de vehículos y un reporte periodístico señalados como “familia Mota Ponta Porã”, y describió que “estas fotografías corresponden a reportes periodísticos del procedimiento desarrollado en la ciudad de Ponta Porã, ocasión en la que fueron detenidos Antonio Joaquín da Mota y su esposa Ceci Méndez da Mota en el marco del operativo Patrón de la Baja”.

Seguido a esas imágenes se intercambiaron varios mensajes. “En fecha 22 de octubre de 2021, Marcus Vinicius y Arnaldo Giuzzio intercambiaron mensajes al contacto identificado como Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior para indicarle que ya se encontraba en Asunción y que ya contaba con las muestras para hacer las pruebas de balísticas de los materiales para los chalecos”, fueron parte de las conversaciones expuestas por la Fiscalía durante el juicio oral y público.

El presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido en Brasil en febrero de 2022, declarará el miércoles 10 de junio a las 8:00, en el marco del juicio contra Arnaldo Giuzzio, anunció este viernes el tribunal al concluir la audiencia en que la Fiscalía presentó varias documentales acerca de las coimas que habría recibido el exministro abdista.

El fiscal Jorge Arce realizó la presentación de varios mensajes de la aplicación WhatsApp entre el administrador de la empresa de blindados de Marcus Vinicius con personas ligadas a Arnaldo Giuzzio, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde tribunales al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM.

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El agente fiscal expuso que se realizó el análisis de la comunicación de la aplicación de mensajería instantánea, extraída del teléfono celular que presenta dos versiones, es decir, vinculada a dos cuentas, entre un contacto que sería Vinicius y el vínculo con Giuzzio identificado como Adolfo D´Ecclesiis. Así también se expuso los intercambios de mensajes entre Vinicius y Giuzzio.

Entre los mensajes, el fiscal expuso que imágenes de vehículos y un reporte periodístico señalados como “familia Mota Ponta Porá”, y describió que “estas fotografías corresponden a reportes periodísticos del procedimiento desarrollado en la ciudad de Ponta Porá, ocasión en la que fueron detenidos Antonio Joaquín da Mota y su esposa Ceci Méndez da Mota en el marco del operativo Patrón de la Baja”. Seguido a esas imágenes se intercambiaron varios mensajes.

“En fecha 22 de octubre del 2021, Marcus Vinicius y Arnaldo Giuzzio intercambiaron la siguiente conversación. Luego, en fecha 23 de noviembre el 2021, Marcus Vinicius envió al contacto identificado como Arnaldo Giuzzio ministro del Interior para indicarle que ya se encontraba en Asunción y que ya contaba con las muestras para hacer las pruebas de balísticas de los materiales para los chalecos”, fueron parte de las conversaciones expuestas por la fiscalía durante el juicio.

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Este lunes se reanudó el juicio oral y público para el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, acusado por frustración de la persecución de la ejecución penal por el caso por el caso del empresario Dario Messer. Prosigue con la declaración de cinco testigos, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Hoy continuamos con testigos, en la sesión anterior declaró un grupo de testigos, en total la fiscalía había ofrecido 11 testigos, ya declaró el 50 % prácticamente de esa cantidad y se señaló para poder proseguir con esas testimoniales, para hoy cinco, vamos a ver si dan los tiempos para que declaren los cinco”, indicó el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, a NM.

El abogado Lovera señaló que los primeros testigos declararon y mencionaron que el informe emitido por la institución en el caso del empresario Darío Messer fue legal y se produjo en tiempo y forma, lo que permitió al Ministerio Público iniciar la investigación penal en su momento.

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“Fundamentalmente, el tránsito para lo que es el informe de inteligencia, que es un tránsito normal en lo que implica las reglas de funcionamiento interno de la Seprelad, concretamente aspectos relacionados al borrador de informe y cómo van avanzando diferentes áreas que no necesariamente son la secretaría ejecutiva en ese trámite”, explicó el abogado.

Agregó que “inclusive, también claramente, la secretaria general recordó los periodos de tiempo, que también están acreditados mediante documentos, en el cual el señor Óscar Boidanich no estaba ejerciendo la secretaría ejecutiva”.

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La diferencia entre “internación” y “cuidados” domiciliarios marcó ayer jueves una nueva audiencia en el juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en 2020 cuando convalecía en una casa alquilada tras una cirugía en la cabeza. “Mi criterio siempre fue el mismo: una internación domiciliaria seria”, afirmó la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas y quien atendía entonces a Maradona.

Cosachov dijo que nunca consideró adecuado que el exfutbolista volviera a su casa tras la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020. Para la médica, que habló por primera vez en la sala, la mejor alternativa era continuar la rehabilitación en un centro especializado, debido al cuadro de depresión y adicción al alcohol del paciente de 60 años.

Sin embargo, Maradona se negaba, por lo que surgió la opción de alquilar una casa en Tigre -a 30 km al norte de Buenos Aires- para que pasara su convalecencia. “Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurre entonces esta opción intermedia que era el dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

“Solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias”, prosiguió. “Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?”, sostuvo al referirse a la empresa de medicina privada que participó en la logística.

A su turno, Mariana Flichman, exmédica legista de Swiss Medical que intervino en el acta de externación, declaró como testigo que el servicio previsto era de acompañamiento y enfermería, no de una estructura hospitalaria. “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, declaró.

“Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”, agregó. El juicio en el tribunal de San Isidro, vecino a Tigre, examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Swiss Medical no está imputada como entidad, aunque entre las acusadas figura Nancy Forlini, médica que trabajaba para la compañía y que actuó como coordinadora médica de la convalecencia. Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

Fuente: AFP.