El abogado Ricardo Preda, defensor del senador colorado Javier Zacarías Irún y de su esposa, Sandra McLeod de Zacarías, afirmó que el coacusado Juan Sanabria desacreditó la acusación del Ministerio Público al momento de prestar declaración ante la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete durante el desarrollo de la audiencia preliminar llevada a cabo en Ciudad del Este. Tanto Zacarías Irún como McLeod están acusados de lesión de confianza.
El citado profesional señaló que “los dos fiscales que fueron en representación del Ministerio Público no pudieron responder de manera suficiente los incidentes presentados en la diligencia judicial”.
Agregó que la acusación del Ministerio Público contra sus representados es ilegal, debido a que se basó en todo momento en la declaración del coacusado Juan Sanabria, quien declaró en la audiencia y se desdijo de todo lo que en su momento la Fiscalía planteó”.
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Seguidamente, precisó que “Sanabria declaró que los fiscales anteriores, Josefina Aghemo y René Fernández, le habían solicitado que introduzca un disco duro dentro de la municipalidad y que ellos iban a ir a simular un allanamiento para traer esa computadora”, subrayando que dicha situación “es grave”.
Preda reiteró que “la acusación no puede sostenerse porque se funda en lo que dijo un coacusado”, insistió en que “la pericia que ofreció el Ministerio Público no puede ser válida porque no contestó ningún punto presentado por la defensa” y “existen muchas irregularidades cometidas por la Fiscalía”.
Por último, el abogado agregó que espera que “la jueza entienda y resuelva a nuestro favor, debido a que los incidentes de nulidad de la acusación corresponden en derecho”.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
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Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
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Informe de la CBI ya se encuentra en poder de la Fiscalía
Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal
El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.
“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.
“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.
Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.
“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.
Antecedentes
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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