Se inició la audiencia preliminar para Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, acusados por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La audiencia se está realizando ante el juez Humberto Otazú.
En esta audiencia se definirá si se eleva a juicio oral y público el presente caso. Los abogados Sara Parquet, en representación de Óscar González Daher, y Claudio Lovera, defensor de Óscar González Chávez, pedirán el sobreseimiento definitivo de los acusados.
Óscar González Daher y su hijo, Óscar González Chávez, fueron imputados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa por el caso que guarda relación con la inmobiliaria Príncipe Di Savoia.
La Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) había detectado que la firma presentaba movimientos de sumas importantes de dinero de carácter sospechoso, por lo que había relevado un informe que luego fue derivado a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.
En otro caso, González Daher enfrenta causa penal por supuesto tráfico de influencias, por los audios filtrados sobre supuestos malos manejos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Por su parte, su hijo Óscar Rubén González Chávez está procesado en otra causa por usura.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para Prieto en el caso ollas populares
Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el marco de la causa conocida como ollas populares. Los agentes requirieron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este elevar la causa a juicio oral y público.
En su pedido conclusivo, la Fiscalía afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo a las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el líder del Partido Yo Creo el 10 de junio del año 2020.
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La Fiscalía refiere también que en ese contexto se gestionaron y obtuvieron aportes por G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas. Asimismo, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques.
De acuerdo a la información proveída desde el Ministerio Público esta situación evidenciaría la existencia de un esquema organizado para el desvío de los recursos económicos de la municipalidad esteña.
A la vez, el órgano extrapoder calificó al esquema montado por funcionarios municipales y particulares como un “mecanismo estructurado, sistemático y organizado" con el fin de canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.
Otros imputados
Además de Prieto fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares; Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la Subcomisión de ollas populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión de la olla popular; Luana Magdalena Silva, José Augusto Cardenas, Aníbal Pérez y Adriana Paola Martínez.
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Chicana posterga definición de juicio por coacción sexual
Debido a una chicana presentada por la defensa de un joven acusado por coacción sexual, se suspendió la audiencia preliminar en la que se debía definir si el proceso penal se elevaría a juicio oral y público, tal como solicitó el Ministerio Público en su acusación.
Una vez que se destrabe el proceso en la Cámara de Apelaciones, el juez Raúl Florentín estará habilitado nuevamente para fijar la fecha de la diligencia judicial. La defensa cuestionó que el magistrado difiriera el estudio de la declaración de una persona para el momento de la audiencia preliminar; este tipo de recursos busca dilatar el avance del caso.
La acusación
El pasado 7 de febrero, la fiscal María Angélica Insaurralde presentó la acusación contra el joven y solicitó el juicio oral y público, dada la gran cantidad de elementos probatorios recolectados.
La acusación fiscal señala que “los actos sexuales padecidos por la víctima en contra de su autonomía sexual consistieron en manoseos en los pechos, ser besada a la fuerza, el despojo de una prenda conocida como body e intentos de desnudarla al tratar de quitarle el pantalón".
Igualmente, la Fiscalía refiere que el presunto autor “en todo momento neutralizó a su víctima subiéndose sobre ella; además, trató de ocultar su identidad colocándose una manta en la cara y haciéndose pasar por otra persona”. El Ministerio Público indica que estas conductas constituyen un hecho punible que cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal mencionado.
Prohibición de la publicación: el artículo 29 de la Ley n.º 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia establece que “queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.
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Juicio de Giuzzio: la inclusión probatoria se resolverá el próximo 25 de febrero
El juicio oral y público contra el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado como narcotraficante brasileño, inició este miércoles con la presentación de incidentes por parte del Ministerio Público y también de la defensa. El juicio continuará el próximo 25 de febrero.
“El Ministerio Público planteó dos incidentes y la defensa también planteó algunos incidentes que van a ser contestados en la siguiente sesión. Se solicitó una copia espejo del resultado de la extracción de datos del teléfono del señor Lindomar Reyes, que fueron incautados en su oportunidad a los efectos de contar con información que pueda ser útil para el Ministerio Público”, indicó la fiscal de la causa, Verónica Valdez, en conversación con Nación Media.
Ratificó que la solicitud de los datos del teléfono de Lindomar, se da atendiendo a que puede ser información útil para la Fiscalía en el marco de esta causa.
Detalló que son dos teléfonos celulares que pertenecen a Lindomar Reyes, con uno de ellos ya se cuenta con el resultado en el juzgado de Crimen Organizado a cargo del juez Osmar Legal, por lo que la diligencia será “solicitar una copia por las vías correspondientes", ya en el caso del segundo teléfono que fue incautado también en el momento de la detención en Brasil, se deben realizar los trámites a través de una cooperación internacional.
Argumentó que el pedido de acceso a estos dispositivos se dan “por los vínculos entre Lindomar y Marcur Vinicius, y como se mencionó en juicio, se tiene información que Lindomar frecuentaba la empresa de Marcus Vinicius donde se suscitaron los hechos acusados”.
Los incidentes de inclusión probatoria planteados por la Fiscalía al inicio de este juicio serían claves para demostrar la responsabilidad de los hechos acusados al exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
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Fiscalía pide inclusión de chats de Lindomar al iniciar el juicio de Giuzzio
Luego de varias suspensiones por chicanas, este miércoles finalmente inició el juicio oral y público contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado como narcotráficante brasileño.
El extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, llegó hasta la sede del Poder Judicial acompañado por su nueva abogada y exfiscal, Gilvi Quiñónez. El juicio oral y público está fijado ante el Tribunal de Sentencia, presidido por Adriana Planás.
En la ocasión, la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, solicitó la inclusión de copias espejo de extracciones de datos, en relación a teléfonos vinculados al también narco brasileño Lindomar Reges Furtado.
“Esta representación pública ya solicitó a las autoridades brasileñas una copia de la extracción de datos para el caso de que el tribunal considere admisible este medio de prueba para que sea producido en juicio. Se solicita al Tribunal de Sentencia, la admisión de la inclusión probatoria de resultados de la extracción de datos y del informe pericial que sea elaborado”, refirió Valdez.
Operativo Turf
Reges Furtado es considerado el rey de la cocaína y fue detenido en febrero del año 2025 en Rio de Janeiro; formaba parte de una estructura criminal en la que también estaba involucrado Marcus Vinicius. La Fiscalía aguarda que las extracciones aporten elementos importantes para el proceso judicial que enfrenta Giuzzio.
La expectativa del Ministerio Público es que este intercambio de información internacional permitan aclarar aspectos sobre los supuestos vínculos que se investigan en la causa, ya que se sospecha que dada la cercanía de Giuzzio con Marcus Vinicius, habrían existido comunicaciones entre ellos, especialmente en relación con las alertas sobre el operativo Turf, mediante el cual Reges Furtado logró escapar de los agentes de la Senad por cuestión de segundos.
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El viejo discurso
La solicitud fiscal fue cuestionada por la defensa de Giuzzio quien alega que desconoce si se ha respetado la cadena de custodia. “No tenemos una pericia técnica en la cual se haya dado oportunidad a nuestra parte a los efectos de controlar la prueba”, alegó Quiñónez.
Buscando desvirtuar el cúmulo de pruebas que posee la Fiscalía en su contra, Giuzzio acudió al desgastado discurso de persecución política. “Esta acusación, es más una excusación del Ministerio Público por causas absolutamente políticas. No les tiene que extrañar situaciones como estas que se vienen dando como, por ejemplo, de Arnoldo Wiens. Evidentemente, hay una manipulación grosera de la Justicia en varios casos. Esto vamos a llegar a instancias internacionales”, dijo Giuzzio a los medios de comunicación apuntando al oficialismo colorado.