Un Tribunal de Sentencia de la circunscripción judicial de Cordillera condenó a 12 años de cárcel a un hombre que abuso sexualmente de su nieta. La fiscala del caso fue Gloria Gamarra. El colegiado estuvo integrado por los magistrados Cristel Muller de Peralta, Haidee Pereira y María Teresa Rodríguez,
A la hora de juzgar, el Tribunal valoró todas las pruebas ofrecidas durante el desarrollo del juicio oral y público y dictó la sentencia contra el acusado, quien pasará 12 años encerrado por el grave crimen que cometió. Este fallo judicial puede ser apelado por la defensa del condenado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deberá decidir si confirma la pena o la revoca.
Según antecedentes de la investigación, la víctima quedaba a cargo de los abuelos, ya que su madre por cuestiones laborales vivía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un día la menor quedó sola con el abuelo, hasta que una de las hijas del mismo llegó a la casa y encontró a su sobrina en una extraña situación, tras lo cual le reclamó a su padre.
Posteriormente, la víctima manifestó que el hombre la mantenía bajo amenazas para que no comentara que la sometía sexualmente y dijo que esto ocurría de manera constante.
La inspección médica realizada a la niña dio como resultado varias lesiones a consecuencia del hecho ocurrido. El Ministerio Público se abocó a la recolección de todos los medios de prueba, tales como el relato de los testigos y la evaluación psicológica de la niña, que fueron corroborados en el juicio oral y público.
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Filicidio en Lambaré: no se confirmó que el niño haya sido víctima de abuso sexual, según Fiscalía
La Fiscalía salió a aclarar sobre las diligencias realizadas tras la denuncia de supuesto abuso sexual que guarda relación con el caso de filicidio y posterior suicidio en un inquilinato de Lambaré. Reconoce que efectivamente se realizó la denuncia el 9 de diciembre de 2024, se inició una investigación, pero supuestamente no se hallaron elementos suficientes con respecto al abuso físico o maltrato sexual que haya recibido el niño.
En su denuncia, la madre sindicó a su expareja, padre biológico de la víctima, como la persona que habría abusado del niño. “Inmediatamente, por disposición fiscal, la víctima fue trasladada a la Clínica Forense, donde se descartó violencia física en el niño. No obstante, se prosiguió con la investigación fiscal”, señala el informe dado a conocer a través de la página oficial del Ministerio Público.
Menciona además que el niño fue atendido en el Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que se le realizó una contención psicológica y una primera entrevista, en la cual el niño mencionó otro nombre, pero en forma dubitativa y no pudiendo precisar fechas ni hechos precisos.
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También se refiere a la madre como una persona “angustiada y con una conducta contradictoria”, por lo cual se requirió un estudio psicológico a la misma. Asimismo, indica que la madre ya había atentado contra su vida y la de su hijo, según testimonio de una vecina.
Amenazas anteriores
“Al día siguiente de la denuncia, en fecha 10 de diciembre de 2024, la mujer habría intentado saltar frente a un vehículo con su hijo y luego se habría subido a un techo donde amenazaba con lanzarse”, indica el expediente fiscal.
Ante esta situación, se dio participación a la Codeni y el menor fue rescatado y entregado a una tía, familiar de la madre. Este hecho se comunicó a la Defensoría de la Niñez de Lambaré, para que realice el seguimiento.
Por su parte, la Unidad Penal prosiguió en la indagación de supuesto abuso para una evaluación psicológica, pero no pudo lograrse debido a las sucesivas ausencias del niño a las entrevistas fijadas.
Por otro lado, la tía declaró ante el Ministerio Público que el niño no le había manifestado ser víctima de abuso ni de otro tipo de violencia. “El examen médico descartó lesiones físicas y descartó signos de violencia sexual; además de la falta de asistencia a las entrevistas para evaluación psicológica, no se han tenido elementos que lleven a una imputación”, concluye el informe de la Fiscalía.
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Filicidio en Lambaré: una mujer y su hijo fueron hallados sin vida en un inquilinato
Este domingo, la dueña de un inquilinato reportó el hallazgo sin vida de una mujer y su hijo de 7 años en la ciudad de Lambaré. Se presume que se trata de un hecho de filicidio y posterior suicidio; la madre dejó una carta en la que acusa al padre de su hijo por presunto abuso sexual en niños y violencia.
Según el reporte policial, el hecho se registró en el barrio Santa Luisa de la citada ciudad, cuando la dueña del inquilinato ingresó al patio de la pequeña vivienda donde residía la mujer y la halló muerta en una de las dependencias. Luego dio aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes encontraron muerto al niño.
“Estamos ante un supuesto hecho de filicidio seguido de un suicidio ocurrido entre la noche de ayer sábado y la madrugada de hoy. Las víctimas serían una mujer de 26 años y un menor de 7 años”, expresó el comisario Sergio Ramos, en entrevista con Telefuturo.
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Expresó que la dueña del inquilinato recibió la llamada de Isidro Aranda para que pueda ir a ver la situación de su pareja e hijastro. “La mujer pudo ver por la ventana que la mujer se encontraba muerta y dio aviso a las autoridades policiales. Al ingresar en una de las piezas encontramos al menor tapado con una frazada”, detalló.
Explicó que a simple vista el cuerpo del niño no presentaba heridas sangrantes o lesiones, por lo que se ordenó que los cuerpos de ambas personas sean trasladados hasta la Morgue Judicial para una autopsia. La mujer dejó una carta en la que denunció al padre de su hijo y expareja de haber abusado sexualmente del menor.
"Mi corazón ya no soporta tanto dolor, tanto sufrimiento, y verle sufrir a mi hijo. No hay un solo día en que él no recuerde todo lo que le hacía ese asqueroso. Espero que después de mi muerte reciba justicia, pero los muertos no tienen justicia en Paraguay”, dice parte de la nota.
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La condena a Lindomar y los vínculos con el abdismo
- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Condenan a 6 años a ingeniero por robo de pagarés a punta de arma a oficial de Justicia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El ingeniero Vladimir Ramón Riveros Cattebeke (61) fue condenado a seis años de prisión por robo agravado, al ser procesado por haber robado pagarés, a punta de arma de fuego al oficial de Justicia, Juan Antonio Arrúa Servián.
Permanecerá con medida alternativa hasta tanto quede firme la sentencia dictada en el juicio oral que culminó ayer miércoles 13 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El tribunal estuvo presidido por Lourdes Morínigo e integrado por Oscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.
El 18 de marzo comenzó el juicio, y se realizaron varias audiencias, hasta que finalmente concluyó ayer con la condena. El fiscal que defendió la acusación fue Luis Fernando Escobar, quien solicitó 6 años por la edad del acusado. El fiscal que inició la causa fue Gabriel Segovia.
El relato del hecho juzgado indica que, el encausado, bajo engaño, citó a un oficial de Justicia a su domicilio y luego a punta de arma de fuego le despojó de un pagaré por valor de 23.230 dólares americanos y un recibo por el mismo monto. Además, lo amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.
Según lo expuesto en juicio, el hecho ocurrió el 8 de abril del 2024, oportunidad en que Cattebeke llamó por teléfono a Juan Antonio Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo y le pidió que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.
Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Éste le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.
Ya en la casa y una vez que Cattebeke tuvo en su poder los documentos, con arma de fuego en mano amenazó de muerte a Arrúa Servián diciéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.
El oficial de Justicia abordó el vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron a la comisaría para radicar la denuncia. Llegó la imputación, luego la acusación y ayer la finalización del juicio con la sentencia respectiva.