El Colegio de Abogados solicita a la Corte Suprema de Justicia revisar la calidad del gasto de su presupuesto para priorizar las inversiones en tecnología y equipamientos por encima de contrataciones de multimillonario seguro médico. A través de una tercera nota presentada hoy, esperan que el Poder Judicial le dé apertura a los expedientes electrónicos en todo el país.
“La imposibilidad señalada por la CSJ pasó, entre otros temas, por razones presupuestarias, aunque la última renovación del contrato de servicios médicos muestre lo contrario”, expresa la nota presentada por el presidente del Colegio de Abogados, Dr. Rubén Galeano. Consideran que el anuncio de la contratación de un seguro médico por US$ 49.000.000 para ministros de la Corte, magistrados y funcionarios del Poder Judicial no responde a la crisis sanitaria que afecta al país.
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Además, les recuerda a los ministros de la Corte que, con la Ley 4017/2010 Electrónica de Datos y la Ley 6495/2020 de Medios Telemáticos para audiencias, tienen los medios normativos para su implementación. “Con la crisis del COVID-19 tienen la oportunidad perfecta y con el consenso no solo gremial, sino cívico y ciudadano para aplanar la curva de privilegios, tienen el apoyo de todo el país para una verdadera transformación del Poder Judicial”, expresa la nota remitida.
Por último, se ponen a disposición del titular del Poder Judicial para iniciar procesos de diálogo en busca de mejores estrategias. Requieren priorizar su tarea misional por sobre las satisfacciones sectoriales internas.
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Administración Central ejecutó G. 22,8 billones hasta abril de 2026
La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.
El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.
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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.
El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.
En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.
El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.
El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.
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Argentinos marchan contra recortes a las universidades públicas
Profesores y estudiantes universitarios argentinos marchan este martes en contra de los recortes presupuestarios a la educación superior y para exigir la aplicación de una ley de financiamiento, mientras el gobierno de Javier Milei anuncia nuevos ajustes al sector.
La marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei en diciembre de 2023, se produce tras la publicación el lunes de una modificación del presupuesto con nuevos recortes en el área de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal.
Los universitarios reclaman la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar fondos para el sistema universitario y actualizarlos por inflación.
Esa legislación fue aprobada por el Congreso, pero Milei la vetó. Posteriormente los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va en contra su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo.
Con manifestaciones en distintos puntos del país, la marcha tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la presidencia, a partir de las 17H00 hora local (20H00 GMT).
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos años los salarios han tenido una caída del 40 % y cientos de profesores han renunciado. Un profesor a dedicación exclusiva recibe una paga que ronda el millón de pesos (unos 710 dólares) mensuales.
“Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina”, dijo este martes el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi. “Esperamos una convocatoria masiva”.
La facultad de Ciencias Exactas de la UBA está en huelga desde hace tres meses. Autoridades de los hospitales universitarios denunciaron que se encuentran al borde del colapso.
“La única ley que vamos a cumplir es la del presupuesto”, sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el lunes a la prensa.
El conflicto ocurre en medio de una caída de la recaudación fiscal, atribuida por analistas a la contracción del consumo y la actividad, que el gobierno busca compensar con nuevos ajustes por 2,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) en educación, salud, subsidios y otras áreas.
- Fuente: AFP
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Empresarios paraguayos y taiwaneses impulsan nueva etapa de cooperación económica
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Asociación China de Cooperación Económica Internacional (Cieca), de Taiwán, firmaron un memorándum de entendimiento orientado a fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre Paraguay y el país asiático.
El acuerdo apunta a generar nuevas oportunidades de cooperación bilateral mediante mecanismos enfocados en la promoción del comercio, las inversiones y el intercambio técnico y económico entre ambos mercados.
Además, contempla acciones vinculadas a investigaciones de mercado, participación en ferias internacionales, misiones comerciales y espacios de articulación empresarial.
La alianza se da en un contexto en el que Paraguay y Taiwán vienen profundizando su relación económica y diplomática, con un creciente interés en ampliar vínculos comerciales y atraer inversiones en sectores estratégicos.
Según informaron desde Feprinco, ambas instituciones trabajarán conjuntamente para promover el intercambio de delegaciones empresariales, la organización de conferencias y actividades de promoción económica, así como el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades empresariales de ambos países.
Uno de los puntos destacados del acuerdo es el acompañamiento previsto para la futura creación de la Cámara de Comercio, Industria y Cultura Paraguay-Taiwán, iniciativa que buscará consolidar una plataforma permanente de cooperación y expansión de negocios entre ambos mercados.
El presidente de Feprinco, Enrique Duarte, señaló que el acuerdo representa “un paso estratégico” dentro de la relación histórica entre Paraguay y Taiwán, basada en la confianza y la cooperación mutua.
“Hoy no solo fortalecemos los vínculos empresariales, sino que también sentamos las bases para una nueva etapa de integración económica y oportunidades conjuntas entre ambos países”, expresó.
Desde el sector empresarial consideran que este tipo de acuerdos puede facilitar una mayor llegada de inversiones taiwanesas al país, además de abrir oportunidades para exportadores paraguayos y empresas interesadas en ampliar su presencia en Asia.
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Del ladrillo a la renta
Por: Alba Delvalle
El mercado de bienes raíces paraguayo no enfrenta una falta de demanda, sino un descalce estructural: mientras la oferta se concentra en productos pensados para inversores, la necesidad real, la de la clase media, sigue sin respuesta.
La panorámica de Asunción se presenta hoy como un mosaico de hormigón y cristal; una ciudad donde los edificios terminados conviven con grúas que redefinen el skyline. Pero, esta oleada de desarrollos, ¿está recibiendo la aceptación esperada? El CEO & Founder Canopy SA, Ricardo Ávalos, brinda una lectura de lo que está pasando.
Él interpreta esto como un error del mercado inmobiliario, de que Paraguay está construyendo lo que no se necesita, pues el sector atraviesa una etapa de transición y madurez, marcada por un cambio de lógica: pasar de construir activos a gestionar rentabilidad. En ese proceso se consolidó un descalce estructural que hoy explica gran parte de su comportamiento.
“No es que la oferta y la demanda no se encuentren; es que hablan idiomas distintos”, comenta Ricardo. El problema, advierte, no está en el costo del dinero ni en la falta de demanda, sino en la ausencia de producto adecuado. Durante la última década, el desarrollo se concentró en el “ladrillo como activo financiero”, priorizando unidades pequeñas en zonas de alto costo, orientadas al inversor. Mientras tanto, la demanda real, la de la clase media trabajadora, quedó relegada.
“El mercado ha ignorado sistemáticamente a su principal actor. Ese segmento busca tipologías de dos y tres dormitorios, con metrajes funcionales y precios razonables, pero ese producto simplemente no existe en el mercado formal”, señala.
Un descalce que define el presente. Este desajuste se profundiza por un modelo de desarrollo que sigue dependiendo de esquemas tradicionales de construcción, financiados con capital propio o preventas, lo que eleva costos y obliga a apuntar a márgenes altos.
“El desarrollador sigue atrapado en un modelo de construcción artesanal, y en paralelo, el usuario final espera un producto más accesible y eficiente”, explica. El resultado es un ecosistema que no carece de demanda, pero sí de diseño de producto. “El mercado se ha especializado en construir lo que sabe hacer, no lo que la gente necesita vivir”, resume.
La radiografía de precios refleja fuertes diferencias según ubicación. En el eje corporativo (Santa Teresa y Aviadores), los valores oscilan entre USD 1.400 y USD 2.200 por m². En barrios en transición como Recoleta o Villa Morra, se ubican entre USD 1.200 y USD 1.600, mientras que en el Gran Asunción rondan entre USD 900 y USD 1.150 por m².
En este escenario, cobra relevancia el VANT (Valor de Alquiler Neto), que evidencia que existen zonas con precios elevados, pero baja rentabilidad, y otras emergentes con retornos más atractivos.
De ahí que el cambio más relevante se da en el perfil del inversor, que está migrando de buscar plusvalía hacia activos que generen rentabilidad recurrente y real. Entre las principales tendencias se destacan el desarrollo de multifamily, activos de baja vacancia en zonas premium, vivienda unifamiliar en rangos medios-altos y la segunda vivienda como inversión resiliente.
Sin embargo, Ricardo advierte sobre un problema estructural, la falta de información. Muchas decisiones se toman en base a percepciones y no a datos, lo que deriva en precios de entrada por encima del valor real y proyecciones de salida poco realistas. “El inversor exitoso hoy es el que exige datos”, remarca.
Con relación a los proyectos de usos mixtos, están ganando espacio en este nuevo contexto, alineados con la lógica de la “ciudad de los 15 minutos”, donde el usuario prioriza reducir traslados. No obstante, su éxito depende de la gestión y de la interacción eficiente entre los distintos usos.
En paralelo, barrios como Manorá o Mburucuyá consolidan su atractivo por ofrecer servicios a escala humana. Allí, el valor no está en intervenciones superficiales, sino en generar propuestas que respondan a lo que el mercado realmente demanda.
Por otro lado, el referente detalla que el concepto de vivienda también se redefine. “La casa propia es un ideal cultural muy fuerte, pero financieramente es, a menudo, un pasivo”. El análisis pasa por el costo de oportunidad: en ciertos casos, alquilar e invertir en activos que generen flujo puede resultar más eficiente que asumir una deuda a largo plazo.
Hoy, además, surgen alternativas intermedias, como los fondos de inversión inmobiliaria, que permiten acceder al mercado sin necesidad de adquirir un inmueble directamente. Ante esto, el foco debe estar en profesionalizar las decisiones y entender el mercado desde los datos. En ese sentido, recomienda evaluar el ingreso operativo neto (NOI), el entorno del proyecto, diversificar inversiones y analizar el historial del desarrollador.
Para Ricardo, el secreto es “comprar lo que la gente necesita, techo y logística, no solo lo que la gente quiere, el lujo”, atendiendo el contexto de un mercado que madura, en el que la diferencia ya no estará en construir más, sino en construir mejor.