La Corte Suprema de Justicia aprobó de forma unánime la reducción de costos operativos institucionales para lo que resta del 2020, a fin de poder colaborar con los esfuerzos del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
En ese aspecto, los ministros de la máxima instancia judicial decidieron reducir varios rubros, entre ellos cupos de combustibles, pasajes aéreos para magistrados judiciales que deban realizar cursos en el extranjero, regalos institucionales, provisión de alimentos, arreglos florales exequiales, telefonía celular y televisión por cable.
La propuesta fue hecha por el propio presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y tuvo el apoyo de los ministros Antonio Fretes, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Gladys Bareiro de Módica y César Garay Zuccolillo, quienes de forma unánime aprobaron la reducción de los costos operativos institucionales, disponiéndose el recorte inmediato de los citados rubros.
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Tras la decisión asumida por la Corte, el cupo de combustible queda en G. 2.500.000 mensuales para cada gabinete de los altos magistrados, como también el rubro de combustible extra para los viajes al interior del país, por lo que resta del año. Asimismo se aclaró que el combustible para los demás casos será concedido a pedido de la Dirección de Transporte sólo para vehículos institucionales.
En la reunión de hoy se decidió eliminar por el resto de este año los viáticos al exterior y al interior de los ministros y miembros de sus gabinetes, salvo choferes. Igualmente se suspendieron los gastos de pasajes y viáticos al exterior para los ministros, magistrados y funcionarios de la institución, por lo que queda del año. El magistrado o funcionario podrá viajar si la entidad organizadora extranjera corriera con todos los gastos.
Otros rubros eliminados son los vinculados a coronas exequiales y telefonía celular. Del mismo modo se dejará sin efecto el servicio de televisión por cable de los ministros de la Corte, salvo el utilizado por la Dirección de Comunicación para los juicios de monitoreo informático.
Se determinó encomendar a la Dirección General de Administración y Finanzas la elaboración de un plan de ejecución de lo dispuesto, que debe ser presentado al pleno de la Corte Suprema de Justicia en la próxima sesión plenaria.
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