El manejo de la causa Ronaldinho es pésimo, según abogado
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El abogado José Casañas Levi, calificó de “pésimo” al manejo que dieron las autoridades a la investigación por las documentaciones paraguayas adulteradas, que tiene como protagonistas al ex futbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho” y a su hermano, Roberto de Assis Moreira.
“El manejo que se le dio al caso fue muy malo, desde las autoridades de la Nación, fue pésimo. El trato de una cuestión insignificante para el Ministerio Público es vergonzoso, que se plantee siquiera aplicar el Artículo 19 del Código Procesal Penal que habla de criterio de oportunidad ya es una bofetada a la razón. Es un Artículo que se usa para casos menores o cuando el Estado no tiene interés en la persecución”, manifestó Casañas Levi en entrevista con Universo 970.
En cuanto a la falta de claridad y el silencio de algunas instituciones estatales, como el departamento de Identificaciones, el profesional sostuvo que lo que realmente correspondía en ese caso era emitir un comunicado explicando lo que pudo haber ocurrido.
“Lo que correspondía o lo que hubiese sido, es que ese mismo día saquen un comunicado, eso es categórico porque no es cualquier sellado, no es cualquier formulario, son pasaportes, son cédulas de identidad. Es cierto, la presunción en el caso de la cédula es que no fueron originadas en el departamento de Identificaciones, pero eso no quiere decir que la autoridad que expide no tenga que hacer las aclaraciones y decir qué pasó”, mencionó.
Agregó que le molestó que inicialmente los fiscales hayan actuado con “tibieza”, para luego tras el escándalo generalizado pasar al otro extremo.
“Se le muestra a una persona esposada en el pasillo del tribunal lo cual también es absurdo, no tiene ningún sentido, como que se reacciona en la medida de lo que va ocurriendo en vez de mostrar una posición mucho más firme, mucho más institucional y más seria”, dijo.
Disidentes de las FARC secuestran a funcionarios fiscales
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Bogotá, Colombia. AFP
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades ayer sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín ayer sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición, además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas.
El expresidente Mario Abdo Benítez y los demás imputados por filtración de datos solicitaron el cambio de fiscales en la investigación abierta contra Aldo Cantero y otros por prevaricato.
En el marco de la causa Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, solicitó la reasignación del caso, actualmente en manos del fiscal Néstor Coronel.
La pesquisa inició luego de la difusión de las supuestas conversaciones de WhatsApp entre los fiscales que investigaban a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. El argumento de la solicitud de la reasignación de la causa es, de acuerdo al escrito, garantizar la objetividad de la investigación, ya que según alegan, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación. Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí no hubo ningún avance.
CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores se turnan en los pasillos de los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa y evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación.
Tras haber recusado a la jueza, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla presentaron otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cantero por prevaricato.
En el marco de la causa abierta contra los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisettiy otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación legal de Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui, extitulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio exministro del Interior, solicitaron la reasignación del caso, que actualmente está en manos del fiscal Néstor Coronel.
Esta investigación nació luego de la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp fraguadas entre el fiscal que investigaba a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. Recordemos que Ovelar había afirmado que dichas conversaciones eran falsas y que tal hecho no ocurrió.
De acuerdo a lo que publicó el diario Hoy Digital, el argumento de la solicitud para la reasignación de la causa radica en el interés de garantizar la objetividad de la investigación, ya que según se alega en el escrito presentado, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.
Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no ha habido algún avance.
El proceso penal que investiga al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete se encuentra paralizado por las múltiples chicanas presentadas por los abogados de los acusados.FOTO: ARCHIVO
La Sala Penal debe destrabar la causa y sancionar a chicaneros
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Los abogados encargados de la defensa de Mario Abdo Benítez y su gavilla recurren a diversas maniobras dilatorias para evitar que avance la investigación del caso por filtración de datos confidenciales de la Seprelad. La Corte Suprema de Justicia debe aplicar su propia acordada para sancionar a los abogados que hacen abuso del derecho y actúan de mala fe.
El proceso penal que investiga al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete se encuentra paralizado por las múltiples chicanas presentadas por los abogados de los acusados. El expediente se halla pendiente de una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Diesel, estos dos últimos puestos en la Corte durante el mandato de Abdo Benítez.
Estos ministros de la Corte deben analizar un recurso planteado por el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Carlos Arregui, quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera. Lo llamativo del caso es que se recusó al camarista Riera sin que este siquiera haya aceptado formar parte de este tribunal de apelación para analizar la causa. Otro argumento que motivó la recusación fue que se sorteó la conformación del tribunal a las 17:30, sin que esto sea fundamento alguno para parar por completo el caso.
Con esta nueva presentación, la Sala Penal de la Corte deberá destrabar el caso y confirmar a los magistrados que a su vez deberán estudiar otra recusación que había sido presentada contra la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien admitió el acta de imputación contra los procesados.
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, había recusado a la jueza Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.
Con este accionar los abogados defensores de Abdo y sus exministros demuestran que la presentación de estos recursos tiene exclusivamente un fin dilatorio y no el resguardo del derecho a la defensa.
CASTIGO A CHICANEROS
La presentación abusiva de recursos procesales por parte de abogados defensores que tienen como único fin evitar que las causas judiciales no avancen debe ser sancionada por la Corte.
El ordenamiento legal prevé sanciones bien claras que no se aplican. Para los chicaneros los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal son claros y delimitan bien el accionar que tienen que tener los auxiliares de Justicia para no abusar del derecho.
A esto se suma la Acordada n.º 961/15 que emitió la Corte Suprema y que establece sanciones a los que abusan de los incidentes con el solo objetivo de no dejar que el proceso avance, pero que pocas veces son aplicadas a los litigantes de mala fe.
En estas reglamentaciones se habla de apercibimientos, multas y hasta casación de matrícula a abogados, en caso que reiteradas veces incurran en malas prácticas jurídicas.
La Corte Suprema de Justicia debe aplicar la acordada que castiga a los abogados que abusan de las recusaciones, ya que la misma establece que las acciones planteadas deben tener un cierto sustento y fundamento jurídico sobre la supuesta imparcialidad del juez.
Acordada 961/15.FOTO: GENTILEZA
LLUVIA DE CHICANAS
La defensa de cada uno de los imputados presentó hasta el momento más de una docena de incidentes ante el Juzgado Penal de la magistrada recusada Cynthia Lovera. Esta actitud de los abogados defensores denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien solo de dilatar el proceso penal.
En ese sentido, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defensor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicialmente una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.
Estas reposiciones deberán ser estudiadas recién cuando se destrabe el proceso penal, es decir, cuando la Sala Penal de la Corte estudie la recusación contra los camaristas, quienes a su vez deben estudiar la otra recusación que pesa contra la jueza del caso.
Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtraciones para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.
Así también el abogado Kronaweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.