Investigación: Joel Corvalan GEN / Redacción: La Nación

Hablar de la corrupción en el sistema policial, si bien no es algo nuevo, lastimosamente se ha profundizado aún más durante el gobierno actual y principalmente las últimas administraciones del Ministerio del Interior, debido a las crisis internas que se han generado durante las gestiones de Juan Ernesto Villamayor y Arnaldo Giuzzio.

Éste último, en su defensa, había hablado de una “sensación de inseguridad” cuando se le reclamó la ola de asaltos y asesinatos que se registraban en el país y que semanas después explotó con lo acontecido durante un concierto en San Bernardino, donde un tiroteo entre narcotraficantes acabó con dos personas fallecidas y varias heridas y terminó por demostrar la horrenda realidad que se está viviendo y que la ciudadanía está sufriendo.

Una ciudadana, cansada de la corrupción de quienes deben protegerla, contactó con el canal GEN del Grupo Nación para denunciar a policías corruptos y al esquema que emplean en el departamento de Guairá. Un equipo periodístico de este medio viajó hasta la ciudad de Borja y constató la utilización de pistas clandestinas en la zona, donde los pobladores, por temor a represalias de las mafias organizadas, no se animan a denunciar.

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La señora Vilma Macchi, empresaria agroganadera, denunció que lejos de velar por la seguridad de los paraguayos, los agentes policiales llegan a las estancias para hacer tratos directos con los administradores, de manera que los aviones utilicen las pistas en la zona. Al menos, esto es lo que ocurrió en su propiedad, donde denunció que aviones utilizarían una pista que hace años está deshabilitada teniendo como intermediaria a la Policía.

El establecimiento de Macchi se encuentra prácticamente en el límite del distrito de Borja, colindante con el municipio de Iturbe, en el departamento de Guairá. La empresaria relató a GEN que recibió la información de parte de su empleado, que le contó que hace unos meses llegó hasta la estancia un policía identificado como subcomisario Arnaldo Silvera, quien en ese entonces cumplía funciones en la comisaría de Iturbe. Según el relato de la denunciante, Silvera preguntó a su empleado si en la pista que tenían podían bajar aviones y así comenzó todo.

El equipo de GEN llegó hasta la estancia de la señora Vilma Macchi, a observar el lugar y ver las condiciones de la pista, que de acuerdo a la dueña hace años dejaron de utilizar. Foto: Dron de GEN.

“Negociación entre ellos”

De acuerdo a Macchi, el capataz de la estancia le indicó al policía que era un asunto que debía tratar con su patrona; pero este le reveló que “buscaba una negociación entre ellos”, sin involucrar a los dueños, ya que supuestamente debía ser una cuestión rápida.

“Hay comentarios de que han bajado acá aviones, la verdad yo no tengo confirmación de eso. Sí tengo la información de que vino un policía de apellido Silvera junto a mi capataz, y le dijo que quería bajar un avión en mi pista. El personal le dijo que no podía autorizarle sin el permiso de la patrona. Entonces, cuando quiso llamarme, el policía le dijo no, no, no, nosotros nomás. Podemos hacer entre nosotros nomás, sin molestarle a la señora”, narró Macchi.

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Al tomar conocimiento del hecho, la empresaria informó a las autoridades policiales del departamento del Guairá, específicamente al director de Policía Nacional, el comisario Elber Franco. “Fui a hablar con el director de policía del Guairá, pero nunca vino a verificar la situación. Le llamé tres veces y solo respondía que no le da el tiempo. Es preocupante, y un gran compromiso para mí y para él también. Es más, él me dijo que ya tenía conocimiento de que eso está pasando, pero que nadie vio ningún avión, ni nada”, comentó.

De acuerdo a las informaciones que pudo recabar el equipo de GEN, este sería el modus operandi de los agentes de la Policía de la zona, de hacer negocios con capataces o administradores, evitando que los dueños de los establecimientos se enteren del uso de las pistas y cobrando por ello.

Fuentes precisaron que, por 15 minutos de un avión en tierra el pago orilla los G. 10 millones solo para el capataz, mientras que si se tiene cobertura policial y acompañamiento de la carga desde la pista hasta un depósito, se desembolsa US$ 20 mil.

La empresaria contó que por lo general los propietarios o los dueños de estancias se ausentan o no visitan su establecimiento a diario, hecho que también es aprovechado por los peones y capataces. En su caso, indicó que hubo un tiempo en el que tuvo dificultades que le impidieron, por varios meses, llegar a su estancia y que una sola vez, estando ella allí, vio una avioneta de color blanco y rojo aterrizar en su pista.

Macchi precisó que realizó la denuncia ante la unidad del fiscal Martín Escalada. “Una vez que estábamos aquí vino un avión, sobrevoló el lugar y parecía que quería bajar, entonces, corrió todo el persona a altearle y no tuvo otra salida que retomar vuelto, era un avión rojo y blanco”, añadió.

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Deslinda responsabilidad

El equipo de GEN buscó tener la versión policial y llegó hasta el subcomisario Silvera, quien negó tener vinculación con el negociado. No obstante, confirmó que la señora Macchi fue a realizar la denuncia formal en la Comisaría 35 de Vallepé, de que en su estancia supuestamente bajaban aviones.

Indicó que él estaba entonces en una comisaría colindante, específicamente como jefe de comisaría de Iturbe, e hizo las averiguaciones por su parte. “Yo fui para averiguaciones a la estancia, primero hablé con el encargado de la parte de la ganadería, que luego me derivó a hablar con el encargado de la estancia. En ningún momento fui yo a decirle si se podía bajar aviones ahí”, precisó.

Lo llamativo del caso es que Silvera, que entonces prestaba servicios en Iturbe, acudió a la estancia que no estaba dentro de su jurisdicción. “No era mi jurisdicción, corresponde a Borja, pero fui porque mi comisaría está más cerca que la comisaría que recibió la denuncia. No fui acompañado del jefe de comisaría de Borja porque la Policía tiene jurisdicción nacional”, explicó.

Pistas clandestinas

En el Guairá se manejan datos de que hay varias pistas utilizadas de manera clandestina para el aterrizaje, descenso de mercaderías y recargas de combustible, esto lo confirmó a GEN el propio director de Policía del Guairá, Elber Franco.

No obstante, indicó que nunca pudieron encontrar el hilo que sustente una acusación contra sus pares, inclusive hay expedientes abiertos en un trabajo conjunto con investigación de delitos.

Es momento que tanto el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional Antidrogas, así como la Comandancia de la Policía, dejen de lado las rencillas políticas partidarias y se preocupen y ocupen más de la institución policial, que es la encargada de atacar y eliminar la actividad del crimen organizado.

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