Un video que se viralizó en redes sociales revela la forma en que el joven Rubén Nicolás Fernández, de 23 años, moría en la madrugada del 17 de enero pasado. El conductor que lo atropelló huyó de la escena del crimen y ahora la Fiscalía pidió su sobreseimiento.
El video del accidente muestra que el conductor alcoholizado, Mauricio Matías Gulino Lird, de 27 años, iba a más de 59 km/h, al contrario de lo que los peritos de la Fiscalía y la defensa del procesado concluyeron. Incluso, echaron la responsabilidad al fallecido y solicitaron la liberación del acusado.
El abogado Ricardo Preda, representante legal de la familia de Rubén Nicolás, o “Nico”, cuestionó que el fiscal solo haya acusado al autor por omisión de auxilio y que llamativamente haya solicitado al juzgado el sobreseimiento definitivo del cargo de homicidio culposo.
“Es un absurdo y una tomadura de pelo que andaba a solo 59 km/h por hora, como dicen los peritos al analizar el golpe que tiene el vehículo, pero obviando las imágenes. Se puede calcular que iba a 109 km por hora antes del impacto, y pese a que frenó 20 metros antes, no pudo evitar el choque”, señaló el abogado.
“Lo que nosotros queremos es que el caso vaya a un juicio oral, para que allí se debata la velocidad. Aclaro que no se pide venganza. Queremos justicia para determinar la responsabilidad del conductor. Esto no es una cuestión de meterlo preso a Mauricio, sino determinar que fue responsable de este acontecimiento. El conductor está con libertad ambulatoria otorgada por el juzgado y nosotros no apelamos eso”, agregó.
El próximo martes 20 se realizará la audiencia preliminar del caso ante el juez Julián López, quien determinará si el caso se eleva o no a juicio oral y público contra el procesado.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Detienen a uno de los sindicados como autor del homicidio de un veterinario en Caazapá
Tras un trabajo investigativo y de seguimiento, en la madrugada de este viernes fue detenido el presunto autor del sicariato en contra de un médico veterinario el pasado 1 de agosto en la zona de Yuty, departamento de Caazapá, cuando el mismo se encontraba en su clínica.
El detenido, identificado como Delcio Rojas, de 26 años, fue atrapado en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, durante un control policial desplegado en la zona. El mismo fue puesto a disposición del Ministerio Público, el cual continúa con las diligencias necesarias.
“Hay muchas líneas de investigación y es una causa de alta complejidad, por lo que todas se están siguiendo con sumo cuidado, por lo que debo extremar cuidados a la hora de dar informaciones en esta etapa investigativa”, indicó Derlys Fanego, fiscal del caso en conversación con el canal de noticias NPY.
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El mismo remarcó que el trabajo investigativo continúa para definir el trasfondo del hecho y, por sobre todo, si existirían más implicados, ya que no se cuenta con información de que el fallecido haya sufrido algún tipo de amenaza previa.
El asesinato de Bartolomé Vega Caballero generó gran preocupación en la población de la zona, ya que este lugar se caracterizaba por ser tranquilo y sin mayores hechos de violencia, por lo que las autoridades trabajan para garantizar la tranquilidad de los mismos.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Prieto “debe estar sentenciado por la Justicia”, dice la Contraloría Ciudadana
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.
Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.