• Gonzalo Cáceres
• Periodista

La revolución de febrero de 1936 es un episodio central en la relación entre Ejército y Estado en el Paraguay del siglo XX. Se trata de la expresión palpable de un país que volvía de una guerra traumática y que exigía soluciones a graves problemas sociales y económicos. Los militares ofrecieron una salida que, para muchos, era necesaria, pero que fue el primer eslabón de la larga tradición autoritaria que vivió el país durante casi toda la segunda mitad del siglo.

La madrugada del 17 de febrero de 1936 un levantamiento cívico-militar depuso al presidente Eusebio Ayala y ubicó al frente del gobierno al coronel Rafael Franco Ojeda, acabando con la hegemonía del Partido Liberal, vigente desde 1904.

Parecía una respuesta acorde a tan agitados tiempos, pero se convirtió en una alteración sin precedentes del tradicional bipartidismo.

Miles de paraguayos volvieron de la guerra del Chaco (1932-1935) exhaustos, con heridas, deudas y expectativas de reconocimiento estatal insatisfechas. La economía hacía aguas por todos los frentes y la clase política, entonces copada por el Partido Liberal, erosionó su autoridad ante la opinión pública.

Tal clima favoreció la eclosión de proyectos de naturaleza nacionalista que recurrieron al prestigio de los oficiales que habían servido en el frente. Veteranos y sectores sociales descontentos vieron en los caudillos de uniforme una opción para superar la crisis y acabar con la corrupción que atribuían a las élites civiles.

A todo ello hay que sumarle el contexto mundial de los años 30, con los modelos autoritarios europeos y sus incendiarios discursos de regeneración patriótica, que se valieron de una poderosa combinación de frustración y estancamiento económico para dar legitimidad a sus respectivos objetivos.

La insurrección fue relativamente rápida. Las distintas fuentes indican que el teniente coronel Federico W. Smith y el teniente coronel Camilo Recalde, con apoyo del mayor Juan Martinich y los capitanes Manuel Franco, Federico Jara Troche, Francisco Chávez Delvalle, Juan Speratti y Rafael Guerrero, coordinaron las tropas de los regimientos de Infantería Curupayty y Corrales, la Aviación, la Escuela Militar y el Parque de Guerra.

También hubo cooperación de formaciones civiles comandadas por referentes como Facundo Recalde y Felipe Molas López, Emilio Gardel, Bernardino Caballero y Rafael Oddone, entre otros.

Los sublevados se movilizaron por Asunción y alrededores. El grueso del cuerpo de combate ocupó la plaza Uruguaya y, tras unas horas de enfrentamientos con la policía y las fuerzas gubernistas, más la irrupción de la Marina, terminaron por dejar al gobierno de Ayala sin capacidad de respuesta.

Tanto Eusebio Ayala como el mariscal José Félix Estigarribia fueron puestos bajo custodia y enviados al Departamento de Policía en la capital. Meses después, ambos fueron enviados al exilio.

El carismático Rafael Franco fue la cara visible del movimiento con sus críticas a los liberales por “la falta de atención del Gobierno hacia los campesinos y desmovilizados de la reciente guerra”. Exiliado por conspirar, regresó de Buenos Aires y el 19 de febrero fue nombrado jefe del gobierno provisional. Un día después juró como 32.° presidente de la República del Paraguay.

León Karê aglutinó el descontento social con la expectativa de realizar los ajustes que, en teoría, debían reflotar la demacrada economía y llevar asistencia a los desmovilizados. Su discurso mezcló nacionalismo, reivindicación social y la idea de combatir la corrupción anterior.

“No copiaremos ninguna de las constituciones presentes, pero aprovecharemos las expresiones de todas ellas y daremos a la nueva organización nacional (...) la sustancia medular de nuestro pueblo y nuestra raza. El Estado paraguayo no será comunista ni fascista ni racista, y no adoptará las formas políticas referidas”, manifestó en su alocución inaugural.

Derogada la Constitución Nacional vigente desde 1870, se fortaleció la influencia del Ejército en la estructura del Estado con los oficiales que habían apoyado la revolución.

Se combinaron medidas simbólicas con intentos serios como la creación del Departamento Nacional del Trabajo; consagrando la jornada laboral de ocho horas, vacaciones pagas, el aguinaldo como derecho adquirido y los derechos laborales de las mujeres embarazadas (además del derecho al descanso dominical).

Las tendencias posteriores que germinaron con la instauración del régimen revolucionario carecieron de toda naturaleza de justicia social, porque al mismo tiempo se prohibió el funcionamiento de las centrales obreras (todo problema surgido entre el patrón y el obrero debía ser arreglado por la referida cartera estatal).

La matriz de la forma autoritaria militar tuvo inicio con el Decreto Ley N.º 152 de 1936 “De defensa de la paz pública”.

Ya el 5 de mayo, el gobierno revolucionario decreta la primera reforma agraria en pro de “la destrucción del monopolio de la tierra” para que “dejara de ser objeto de especulación” y vuelva “a la posesión del pueblo que la trabaja y la hace producir, para hacer tangible la idea de la patria física en la familia agraria”. La iniciativa ni llegó a perturbar los intereses latifundistas.

Se fundaron ministerios cruciales como el de Salud Pública, Agricultura; la Comisión de Fomento y Trabajo, el Banco de la República del Paraguay, el Comité de Movilización Civil, la Facultad de Odontología, Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas; se invirtió en una red de escuelas y colegios para la capital y el interior del país, además de hospitales y universidades populares, la Escuela de Artes y Oficios y granja-escuelas rurales.

En lo que respecta a la reivindicación histórica, se consagró a José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y al mariscal Francisco Solano López como padres de la patria y al último como “héroe nacional sin ejemplar”. Así, por primera vez el jefe del Ejército paraguayo durante la guerra contra la Triple Alianza sale de la proscripción y su figura es reconocida en el plano oficial.

Luego, se estableció el 1 de marzo como feriado nacional en conmemoración de su muerte en batalla, se otorgó el título de ciudadano honorario al cartógrafo ruso Juan Belaieff y se reconoció al teniente Adolfo Rojas Silva, primer abatido de la contienda chaqueña, como héroe nacional.

Otra de las obras más recordadas de su gobierno fue la culminación e inauguración del Panteón Nacional de los Héroes, el 12 de octubre de 1936. Allí fueron trasladados los pretendidos restos del mariscal López, pues hasta ahora se cuestiona la cadena de custodia y que sean los verdaderos.

Las tensiones en el gobierno revolucionario llegaron a un punto de ebullición con la captura del secretario general de la Central Nacional de Trabajadores y presidente del Partido Nacional Revolucionario, dirigentes de base y otros colaboradores (allegados a la izquierda) del gobierno y en los días siguientes (12 y 13 de mayo) se declaró una huelga general.

Inmediatamente, el ministro de Educación, Jover Peralta, fue destituido. Pero el día 14, la Convención de la Asociación Nacional de Excombatientes (con 100.000 miembros) logró la renuncia de los ministros del Interior y de Agricultura (ambos fascistas). En tres meses, el gobierno se había alejado de los extremos ideológicos.

Así, en una insostenible dinámica, la Revolución febrerista fue finalmente derrocada el 13 de agosto de 1937 por otra sublevación militar, que repuso a un liberal (Félix Paiva) en el gobierno.

De esta manera, el coronel Rafael Franco se vio obligado a huir para zafar del capricho de los contragolpistas. Se autoexilió a lo largo de décadas enteras en Montevideo, Uruguay, donde se cuenta que subsistía de la fabricación de jabón artesanal. Tuvo un breve retorno al Paraguay hacia 1946, pero de nuevo fue expulsado.

Fiel a su estilo, Franco participó en la intentona contra Higinio Morínigo, que desembocó en el fallido golpe de 1947 y la consecuente guerra civil. Su retorno definitivo no se dio hasta 1964, ya bajo la atenta mirada del dictador Alfredo Stroessner.

Franco vivió el resto de su vida en condiciones humildes y sin recobrar influencia política y/o en la esfera castrense. Falleció a los 77 años de edad en Asunción, el 16 de setiembre de 1973, y en 2011 se le otorgó el ascenso póstumo a general de Brigada.

El impacto político del gobierno de Franco fue notable a pesar de su brevedad: consolidó al ejército como actor político para la dirección de la sociedad, consagró los derechos de los obreros y reestructuró el Estado. También produjo la base del autoritarismo que se manifestaría de distintas formas en los años venideros.

La realidad es que muchas de sus reformas quedaron a medio camino por la inestabilidad política entre los propios revolucionarios. Sin embargo, el hecho de colocar a los militares como actores importantes, y de atender parcialmente las demandas de los veteranos y civiles quebró el movimiento por dentro.

La revolución de febrero contribuyó a normalizar la idea de que los militares podían intervenir para “corregir” la política civil.