El Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma estructural del Estado, apunta a eliminar varios ministerios debido a la dualidad de funciones. Al respecto, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sostuvo que se apunta a erradicar el Ministerio de Hacienda y a la creación de un Ministerio de Economía.
“Hoy hay un anteproyecto de la ley del servicio civil que es el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, que ya estamos leyendo en el Ejecutivo y se remitió a la Comisión Bicameral de Reforma del Congreso. También se está ejecutando una nueva ley sanitaria y para la educación paraguaya. Lo que tenemos en la mira son la cantidad de instituciones dentro del Estado que hacen las mismas cosas; es decir, la dualidad del trabajo que vamos a tratar de incorporar todo en una misma institución”, indicó Velázquez.
Señaló además que existen instituciones con exceso de funcionarios. A la vez, indicó que es más factible para el Gobierno disminuir la cantidad de las instituciones públicas, fusionarlas con la finalidad de mantener un mejor sistema de trabajo.
“Hay algunas instituciones donde hay exceso de funcionarios y en otras no, vamos a estar mirando todos estos puntos. Esto significa la desaparición de las instituciones, pero se incorporarán a otras. Es mucho más fácil para el Poder Ejecutivo sentarse a dialogar con 12 o 15 cabezas de los ministerios que hablar con 90 de ellos. Se estará creando el Ministerio de Economía y va a desaparecer el Ministerio de Hacienda, entonces se incorporarán otros ministerios. Se está haciendo un trabajo de forma exhaustiva y es imposible hacerlo a tambor batiente porque también nos encontraremos con leyes de creación de esas instituciones que tendremos que afinar para que el Poder Legislativo pueda darnos la posibilidad que eso ocurra”, expresó Velázquez en comunicación con la Radio Nacional.
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Reforma del Transporte: destacan que es una apuesta decidida del bienestar de los trabajadores
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.
Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.
Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.
“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.
Contratos claros
El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.
“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.
Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.
Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.
Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.
Segmentar licitaciones
Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.
“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.
El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.
Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.
“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.
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Ministro de Corte Garay aclara sobre su estado de salud y denuncia suplantación de identidad
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Garay, aclaró a la opinión pública y a sus colegas que se encuentra realizando un tratamiento médico, pero que eso no le impide seguir trabajando en la máxima instancia judicial y en el JEM. De esta manera, el alto magistrado salió al paso de ciertos rumores sobre su estado de salud.
El ministro Garay afirmó igualmente que realizó una denuncia ante la sede del Ministerio Público debido a que personas inescrupulosas envían mensajes de WhatsApp en representación del alto magistrado pidiendo favores particulares.
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También, agradeció a la vicepresidenta del JEM Alicia Pucheta y a sus compañeros de este órgano juzgador por el aprecio, respeto y educación hacia su labor.
El titular de JEM participa de la sesión de este órgano vía telemática, así como lo hace igualmente en las sesiones plenarias de la Corte Suprema de Justicia. Garay es actualmente el presidente de la sala civil de la máxima instancia judicial y vicepresidente de la Corte.
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Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Fuente: MOPC
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Diputado Gamarra apoya plan del Ejecutivo para transformar el transporte público
El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.
Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.
Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.
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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.
Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.
Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.
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