El viernes 16 de noviembre de 2001, a las 9:15, luego de una caminata en el parque Ñu Guasu de Luque, María Edith Bordón de Debernardi se dirigió al estacionamiento para abordar su vehículo, pero la conversación con una amiga se interrumpió abruptamente por tres sujetos armados que subieron a la mujer a su camioneta de forma violenta.

La esposa del ingeniero Antonio Debernardi (fallecido en 2018), empresario del rubro de la construcción, estuvo 64 días en cautiverio; su caso conmocionó al país y dio a conocer a un grupo criminal que luego asumiría el título de Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), asociado durante dos décadas a una decena de secuestros que implicaron pagos por casi US$ 5 millones.

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Al cumplirse el vigésimo aniversario de este suceso criminal, nada menos que el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, emitió polémicas y desacertadas declaraciones en que negaba la existencia de esta industria del secuestro que sigue doliendo, sin respuestas, para muchas familias.

“Hoy tenemos tres secuestros vigentes, pero somos optimistas, creemos que todas las acciones que se hicieron posteriormente también desmotivaron mucho la instalación de esa acción, que hoy quiere ser una industria. No lo es aún”, expresó Giuzzio a medios nacionales, el 16 de noviembre pasado.

“En realidad, hablar de industria significa una empresa que genera rédito, que genera recursos y en realidad acá no está ocurriendo eso. Acá los únicos beneficiados son un grupo reducido, el EPP”, se justificó el ministro. Luego añadió que con la Policía Nacional se desactivaron a delincuentes que pretendían dedicarse a esa modalidad delictiva, así como al sicariato.

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A 20 años del primer caso protagonizado por el grupo criminal, varias víctimas han sido asesinadas y otras se encuentran desaparecidas. Infografía: LN.

20 años de lucha

“No sé en qué se basará el ministro, puede tener estadísticas, respeto su opinión, pero yo me baso en 20 años de lucha contra el secuestro, él solo pasó por un periodo momentáneo por alguna causa, no perteneció a la Unidad Especializada de Antisecuestro, pero respeto su opinión”, dijo la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, al reaccionar a las declaraciones de Giuzzio, que minimizó estos 20 años de constantes plagios, extorsiones y amenazas que ejerce el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El senador Fidel Zavala, quien fue víctima del EPP con 94 días en cautiverio en 2009, también refutó “con bronca” las declaraciones del ministro del Interior: “No sé en qué país vive el ministro, pero acá hay realidades irrefutables, 20 años de la fundación, dicen que no creció y yo les digo están equivocados porque creció y creció”.

El legislador del Partido Patria Querida (PPQ) aseguró que el grupo criminal que opera en el Norte tiene abierto acompañamiento de ciertos sectores políticos y de ciertas organizaciones no gubernamentales, aunque no dio detalles. “Tenemos tres secuestrados a quienes el Gobierno no está dando respuestas. Nuestros organismos de seguridad tampoco vienen dando respuestas, tenemos que reconocer”, lamentó.

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María Edith Bordón fue secuestrada el 16 de noviembre del 2001. Foto: Archivo.

“La garantía del fracaso”

Las hijas del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, quien se encuentra secuestrado desde el 9 de setiembre de 2020, también emitieron un comunicado para recordar los 20 años del episodio vivido por María Edith Bordón de Debernardi, hasta llegar a la infausta negación de Giuzzio.

“Tenemos a un ministro del Interior que prefiere dar la espalda al problema, pretendiendo tapar el sol con un dedo a través de un discurso simplista, egoísta, infantil y hasta ofensivo para las víctimas. ‘No hay industria del secuestro en Paraguay’, esas fueron sus palabras”, manifestaron las hermanas Beatriz, Silvana y Lorena Denis. “Y lo grave de esa expresión no es que pretenda esconder la vergüenza de la ineficiencia o que desconozca la magnitud del problema, sino que, conociéndola, prefiera minimizarla”.

La familia Denis considera que minimizar el problema del secuestro es la garantía del fracaso: “Decir que no es una industria porque ‘no genera réditos’ es menospreciar el esfuerzo que costó conseguir cada centavo de los más de 6 millones de dólares pagados por familiares de víctimas secuestradas, muchas de ellas incluso para recibir a cambio los restos mortales de sus seres amados”.

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Fotografía de Cecilia Cubas durante su cautiverio; a la derecha, la fiscal Sandra Quiñónez en el allanamiento en la “casa del terror”. Foto: Archivo.

Las víctimas de esta “industria”

La negación de Giuzzio a creer que el secuestro es un negocio rentable para el EPP omite una lista de al menos 16 víctimas conocidas, de las cuales seis resultaron asesinadas, y otras tres se encuentran actualmente desaparecidas, como es el caso del policía Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el político liberal Óscar Denis.

La lista de víctimas incluye a: María Edith Bordón en 2001, Cecilia Cubas Gunsinky (asesinada tras el pago) en 2004, Luis Alberto Lindstron (asesinado tras su liberación) en 2008, Fidel Zavala en 2009, Isaac Arce (asesinado) en 2014, Arlan Fick en 2014, Edelio Morínigo en 2014, Abraham Fehr (asesinado) en 2015, Robert Natto (asesinado) en 2015 y Erika de Natto (asesinada) en 2015.

Prosigue con: Franz Wiebe en 2016, Félix Urbieta en 2016, Gerardo Wall Rempel en 2017, Bernhard Blatz en 2017, Adelio Mendoza en 2020 y Óscar Denis en 2020. Con los pagos revelados de estos casos se llega a la cifra de 5 millones de dólares que el EPP ha ingresado a sus arcas mediante esta acción criminal.

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Vehículo de Óscar Denis abandonado cerca de la entrada a su estancia; el exvicepresidente lleva 14 meses desaparecido desde su rapto. Foto: Archivo.

“Sensación de inseguridad”

Desde el 8 de setiembre pasado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene en su despacho la “renuncia en blanco” del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Entonces, este mismo lo había confirmado, cuando por “enésima vez”, el pico de ola de asaltos callejeros, a comercios, hogares y episodios de sicariatos en Asunción y Central llegó a poner en jaque su continuidad al frente de la cartera de Estado.

“Si no hay resultados, vamos a dar también un paso al costado. La exigencia es generar resultados para todos y nosotros a todas aquellas dependencias”, dijo en aquel momento el ministro Giuzzio, enfatizando que el plazo que el mismo se dio era de 60 días, tiempo que a la fecha ya sobrepasó, mientras cada día se reportan más casos de inseguridad, que también es negada por las autoridades responsables, al minimizar esa situación como una “sensación” propiciada supuestamente por la cobertura de los medios de comunicación.

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