El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.

Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.

Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.

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El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.

La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.

La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.

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El Washington Post anunció el sábado pasado la partida de su director general y editor, Will Lewis, apenas unos días después de que el célebre periódico propiedad del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, realizara drásticos recortes de empleos que provocaron indignación en los lectores. La gestión de Lewis al frente del medio fue duramente criticada tanto por los suscriptores como por los empleados durante sus dos años de mandato, en los que intentó revertir las pérdidas financieras del diario.

Lewis, que es británico, fue reemplazado por Jeff D’Onofrio, exdirector ejecutivo de la plataforma de redes sociales Tumblr, quien se incorporó al Post el año pasado como director financiero, informó el periódico. En un correo electrónico dirigido al personal y difundido en redes sociales por uno de los periodistas del diario, Lewis afirma que es “el momento adecuado” para dar “un paso al costado”.

Un comunicado del Post se limitó a señalar que D’Onofrio sustituía a Lewis “con efecto inmediato”. Cientos de periodistas del Post, incluida la mayoría de su personal en el extranjero, local y de deportes, fueron despedidos en los recortes generalizados del diario anunciados esta semana.

El Post no reveló el número de puestos eliminados, pero The New York Times informó de que aproximadamente 300 de sus 800 periodistas fueron despedidos. Se prescindió de toda la plantilla para Oriente Medio del periódico, así como de su corresponsal en Ucrania basada en Kiev, a pesar de que la guerra con Rusia se prolonga. Los departamentos de deportes, gráficos y noticias locales se redujeron drásticamente y el pódcast diario del periódico, Post Reports, fue suspendido, informaron medios locales.

Cientos de personas se congregaron el jueves en una protesta frente a la sede del periódico en el centro de Washington. El Washington Post es famoso por la investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de Watergate y ha ganado numerosos premios Pulitzer.

The Wall Street Journal informó el mes pasado que 250.000 suscriptores digitales abandonaron el Post cuando su dirección se negó a tomar partido antes de las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Donald Trump. Sin embargo, periódicos nacionales como The New York Times y The Wall Street Journal han logrado capear el temporal y salir financieramente sólidos, algo que el Post, incluso con el respaldo de un multimillonario, no ha conseguido.

En la nota de Lewis al personal, compartida en X por el jefe de la oficina de la Casa Blanca, Matt Viser, Lewis dijo que “se han tomado decisiones difíciles” durante su gestión “para garantizar el futuro sostenible de The Post, de modo que durante muchos años pueda publicar noticias de alta calidad y no partidistas”.

Bezos, una de las personas más ricas del mundo, y Lewis han sido objeto de escrutinio por intervenir directamente en los procesos editoriales del periódico. Además, el periódico perdió alrededor de 100 millones de dólares en 2024 debido a la caída de los ingresos por publicidad y suscripciones.

Fuente: AFP.

El exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó una apelación contra la resolución judicial que hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada en su momento contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió en octubre de 2025 desestimar la denuncia contra el exjefe de Estado.

El pedido de archivo del caso fue solicitado por el Ministerio Público tras una exhaustiva investigación que concluyó que Cartes no cometió ningún hecho punible.

El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez debe sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 18 de febrero.

No se descarta que recurra a nuevas “chicanas” para evitar someterse a la justicia, donde debe explicar sus presuntos vínculos con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Del mismo modo, Giuzzio afronta otro proceso penal junto a varios exministros de la administración de Abdo Benítez. Se los acusa de haber orquestado, desde la Seprelad, una persecución política contra Horacio Cartes mediante la falsificación de informes y documentos en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Este proceso penal se encuentra actualmente trabado en la Corte Suprema de Justicia, la cual debe resolver las innumerables acciones dilatorias presentadas por varios de los acusados.

Desde marzo de 2024, la jueza Cynthia Lovera no ha podido desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares debido a que los procesados se turnan para presentar recursos que impiden el avance del caso, manteniendo así la impunidad.

Además de Giuzzio, están acusados en el caso conocido como “Seprelad”: Carlos Arregui (ex titular de Seprelad), René Fernández (exministro de la Senac) y los exfuncionarios Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

Todos ellos han sido acusados asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

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El juez Rodrigo Estigarribia dio trámite a una chicana presentada por el exministro Arnaldo Giuzzio contra la desestimación solicitada por la Fiscalía de la denuncia falsa hacia el expresidente de la República, Horacio Cartes. El magistrado corrió el traslado a las partes de defensa y del Ministerio Público sobre la apelación presentada por el exfuncionario de confianza de Mario Abdo Benítez, quien cuenta con un llamativo antecedente de chicanas en sus causas ante la justicia.

En octubre del 2025, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, admitió la desestimación de la falsa denuncia que había sido impulsada por Giuzzio desde el 26 de enero del 2022. El requerimiento fiscal n.° 52 del 6 de junio de 2025 fue remitido por los fiscales Jorge Arce, Franciso Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, al no hallarse pruebas de delito alguno.

El exfuncionario del gobierno abdista había mediatizado su relato en una sesión vacía en el Congreso, durante una audiencia en que debía dar explicaciones sobre un tiroteo en un festival en San Bernardino, y luego radicó su falsa denuncia ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público, como correspondía.

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En el pedido de desestimación, que contiene más de 30 páginas, los agentes fiscales informaron que se habían conformado diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con la finalidad de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Se mencionó, además, que, con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación.  En la desestimación se detalla que la Contraloría concluyó que la evolución patrimonial de Cartes entre los años 2013 y 2018 fue sustentable y con trazabilidad acreditada entre ingresos, egresos y activos. Esto termina excluyendo la hipótesis de incremento patrimonial ilícito que pudiera dar sustento a la figura de lavado.

Agrega que, respecto al enriquecimiento ilícito, no se ha acreditado, siquiera de manera indiciaria, un incremento patrimonial injustificado, constatándose por el contrario que la evolución del patrimonio del denunciado fue sustentable y trazable entre ingresos, egresos y activos.

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En lo que concierne al contrabando, no se verificó conductas previstas en el artículo 336 del Código Aduanero, puesto que las diligencias practicadas evidencian la inexistencia de sumarios administrativos, la regularidad documental de las mercaderías y la ausencia de vinculación del denunciado en causas abiertas en el extranjero. Señala que, finalmente, en relación con el lavado de activos, no se constató la existencia de un delito fuente precedente ni de operaciones de ocultamiento, transformación o transferencia de bienes de origen ilícito, de modo que no se cumplen los presupuestos típicos.

Durante el gobierno anterior, la Seprelad fue instrumentalizada para realizar terrorismo de Estado y persecución política contra sus adversarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas de los exfuncionarios abdistas, entre ellos, justamente está incluido Giuzzio, al igual que el expresidente Abdo Benítez, cuyos fueros son protegidos por sus aliados de la oposición.