Al menos once personas resultaron heridas y un camping tuvo que ser evacuado tras unas fuertes lluvias en el noreste de España la madrugada del sábado, que inundaron calles y dejaron a gente atrapada en vehículos, indicaron las autoridades.

Zonas de la región de Cataluña registraron más de 100 litros por metro cuadrado de lluvia, según el servicio meteorológico local. En determinados puntos de la costa catalana se acercaron a los 200 litros en cuestión de pocas horas.

Tres personas resultaron heridas al caerse un muro en el puerto de Roda de Berà, a unos 75 km al suroeste de Barcelona, según los servicios de emergencia.

Tenían heridas de “diferentes consideraciones, pero sí que hay alguno que puede estar en situación más grave”, comentó a la televisión española la subdirectora de Protección Civil del gobierno regional catalán, Imma Solé.

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En total, 11 personas fueron trasladadas al hospital o a centros sanitarios por los incidentes en Cataluña, según un comunicado del gobierno regional.

Las alrededor de 300 personas que se encontraban en ese camping tuvieron que ser evacuadas, y un centenar se alojó en el polideportivo municipal, indicaron las autoridades.

Otras 100 personas fueron evacuadas de una discoteca en El Vendrell, una localidad de unos 40.000 habitantes, y fueron llevadas a una escuela.

El paseo marítimo de El Vendrell quedó sumergido bajo más de medio metro de agua, mientras que varias calles de las localidades vecinas de Comarruga y Torredembarra también se inundaron, informó la televisión pública catalana.

El Vendrell fue una de las zonas más afectadas, con un registro de 145,4 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas, según el Servicio Meteorológico de Cataluña.

Los servicios de emergencia recibieron más de 800 llamadas. Los bomberos dijeron haber rescatado a personas de vehículos atrapados por las aguas.

La tormenta se produjo una semana después de que una inundación y un deslizamiento de tierra provocados por lluvias torrenciales causaran la muerte de dos mujeres en el noroeste de España.

Fuente: AFP

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El presidente Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica.

La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno de centroderecha de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver.

Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en la gaceta oficial.

Espinoza fue convocado el martes al Congreso en La Paz para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el presupuesto general del Estado, entre otros temas. Pero comunicó que no podría asistir porque tenía programado viajes a Santa Cruz (este) y a Brasil.

En la misma jornada, 91 de los 129 senadores y diputados presentes en la sesión votaron a favor de remover al ministro, lo que obligaba al presidente a destituirlo.

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El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso.

Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país.

El Tribunal Constitucional fijó audiencia para examinar el caso el 24 de agosto.

La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.

Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.

Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares.

Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.

Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 % al 5 %, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.

“No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.

El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 % y 1 %, estima el Ministerio de Economía.

Fuente: AFP

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España registró cerca de 4.500 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto, la cifra más alta en este periodo desde 2022, según datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid consultados el jueves por la AFP. A título comparativo, en el mismo periodo del año pasado se atribuyeron 3.073 decesos al calor, y 1.890 en 2024. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar una estimación similar, con 4.520 muertos entonces.

En esta ocasión, las muertes vinculadas al calor según los datos publicados diariamente y revisados con regularidad por este instituto público se elevan a 4.458 desde el 1 de junio. Estas estimaciones se basan en un sistema denominado “MoMo” (Monitorización de la Mortalidad), que recoge a diario el número de defunciones en España y calcula la desviación con respecto a la mortalidad prevista a partir de las series históricas registradas.

También incorpora factores como las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Al igual que gran parte de Europa, España atraviesa este año un verano especialmente tórrido, encadenando varias olas de calor. Julio de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado en España, igualando a julio de 2022, según la Aemet. También ha sido el mes de julio más seco desde el inicio de los registros en 1961, afirmó esta agencia.

Las altas temperaturas y la sequía contribuyeron a alimentar incendios de una magnitud inédita en el país, entre ellos el más extenso jamás registrado que quemó a finales de julio unas 50.000 hectáreas en Ávila, al oeste de Madrid. España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas que superan de largo los 40 ºC.

Unas 14.000 personas murieron este verano en Alemania a causa de las olas de calor, lo que supera el récord de 2018, según estimaciones publicadas el jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana. En 2018, el país europeo había registrado unos 8.900 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas.

Según el RKI, 9.600 de las 14.000 personas que murieron en total este año lo hicieron durante la semana del 22 al 28 de junio, que fue particularmente calurosa en Alemania. En ese período se registraron temperaturas récord, que en algunos lugares superaron los 41 °C. Las cifras recopiladas en todo el país por el RKI brindan información sobre el número estimado de decesos relacionados con las olas de calor hasta el 9 de agosto.

Las personas de 75 años o más fueron las más afectadas, señala el informe semanal del instituto. La magnitud de las muertes relacionadas con las altas temperaturas se calcula mediante métodos estadísticos, que comparan el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.

Esto es necesario porque el calor no puede indicarse como causa de la muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas sobre los motivos de los decesos.

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, lo que conduce a la muerte. Por ese motivo se habla entonces de muertes relacionadas con el calor.

Fuente: AFP.

A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.