El abogado y exagente fiscal de Delitos Económicos, José Casañas Levi, quien funge como asesor jurídico del senador Rafael Filizzola, fue denunciado el miércoles por planillerismo. El simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) percibe actualmente un salario de G. 13.600.000.
La denuncia fue realizada por el senador Basilio “Bachi” Núñez, quien afirmó contar con una serie de documentaciones que avalan sus acusaciones y que serán expuestas en el transcurso de la próxima sesión ordinaria. “Casañas Levi está nombrado desde el año 2015. ¿Alguna vez se lo vio en el Congreso Nacional? Es un planillero que cobra G. 13 millones, debería devolver el dinero. Recibí la información de una fuente muy fidedigna”, dijo a los medios de comunicación.
De acuerdo a los antecedentes, Casañas Levi ingresó sin concurso como funcionario del Congreso Nacional el 27 de enero de 2015, durante la presidencia del exsenador Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Su incorporación se dio por el requerimiento de la bancada del PDP.
Posteriormente, en el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez fue comisionado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), durante la gestión de Eduardo Petta.
Una vez aceptada su renuncia, el letrado retornó al Congreso Nacional cumpliendo funciones como asesor jurídico en la oficina del exsenador Enrique Bacchetta, quien entonces militaba en el extinto movimiento Colorado Añetete, sector fuertemente vinculado al PDP.
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Denunciado por despojo de casa registra domicilio en propiedad de Líder Amarilla
Como los caminos conducen a Roma y el esquema de licitaciones que tenía como rostros visibles a los amigos apuntaba a negocios del exintendente liberal de Villa Elisa, hoy senador Líder Amarilla, la empresa ligada en caso de usura que despojó de su casa a un concejal liberal mediante una presunta estafa conduce a la misma dirección donde operaba la contratista vinculada a la familia del legislador, muy favorecida en la Municipalidad de Villa Elisa en los tiempos de Ricardo Estigarribia.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Las rivalidades en medio de la reciente Convención liberal destaparon hace unos días el presunto caso de usura y un despiadado despojo en condiciones fraudulentas que denunció el afectado, en este caso un concejal liberal de la ciudad de Itá, Fidel León Sosa.
El edil apuntó directamente al senador de su partido Líder Amarilla, a quien entabló una denuncia penal porque la operación se inició con un préstamo de G. 250 millones que le otorgó el legislador a León, transacción que tuvo como acreedora hipotecaria a la inmobiliaria Terranova Inmobiliaria SA.
León sindica en el esquema de supuesta estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal a la escribana Blanca Cilda Núñez, que protocolizó la transferencia en condiciones que califica como engañosa y que lo está por dejar sin casa y en la calle. En la denuncia penal aparece también un joven de 31 años de nombre Sergio Manuel Espínola Villalba, hoy día funcionario de la Municipalidad de J.A Saldívar, pero coincidentemente exfuncionario jornalero de la Municipalidad de Villa Elisa de los tiempos de Líder Amarilla y Ricardo Estigarribia, actual gobernador de Central.
Sergio Manuel Espínola, que en planillas de sueldos figuraba como chófer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Amarilla y Estigarribia, es nada menos que vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA, según la escritura de transferencia de inmueble por la cual dejaron sin casa al concejal León. El joven que actualmente figura como contratado con sueldo de G. 4,4 millones en la comuna de J.A Saldívar y que funge de vicepresidente en la inmobiliaria a favor de la cual se hipotecó la propiedad como garantía del préstamo, presuntamente otorgado por Líder Amarilla, es el mismo representante legal de Las Primas S.A, contratista a la que Ricardo Estigarribia adjudicó varias obras en instituciones educativas.
Las Primas SA es la constructora del puente caído de G. 1.000 millones en Lambaré, empresa administrada por Carlos Ramón Coronel y Neyde Amarilla, cuñado y hermanda de Líder Amarilla. Esta empresa y otra proveedora de la Municipalidad de Villa Elisa como es Mármol S.A a la que el mismo Líder Amarilla adjudicó obras con Fonacide fijan dirección en propiedad de este.
Es así que el hoy vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA, exfuncionario jornalero de Líder Amarilla y Estigarribia en la municipalidad de Villa Elisa, representante de proveedora que se alzó con millones en la citada comuna, fija domicilio en dirección que corresponde a la propiedad del legislador. El dato se consigna en escritura proveída por el afectado, un hecho no menor considerando que con la denuncia de usura y despojo el concejal liberal de Itá apuntó directamente al senador.
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Asesor de Rafael Filizzola gana jugoso salario y es denunciado por planillero
El abogado y exagente fiscal de Delitos Económicos, José Casañas Levi, quien funge como asesor jurídico del senador Rafael Filizzola, fue denunciado este miércoles por planillerismo. El simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) percibe actualmente un salario de G. 13.600.000.
La denuncia fue realizada por el senador Basilio “Bachi” Núñez, quien afirmó contar con una serie de documentaciones que avalan sus acusaciones y que serán expuestas en el transcurso de la próxima sesión ordinaria. “Casañas Levi está nombrado desde el año 2015. ¿Alguna vez se lo vio en el Congreso Nacional? Es un planillero que cobra G. 13 millones, debería devolver el dinero. Recibí la información de una fuente muy fidedigna”, dijo a los medios de comunicación.
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De acuerdo a los antecedentes, Casañas Levi ingresó sin concurso como funcionario del Congreso Nacional el 27 de enero de 2015, durante la presidencia del exsenador Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Su incorporación se dio por el requerimiento de la bancada del PDP.
Posteriormente, en el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez fue comisionado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), durante la gestión de Eduardo Petta. En ese entonces fue designado como responsable de la Unidad Anticorrupción de la citada cartera estatal. Su permanencia al frente de la dirección fue desde agosto de 2018 hasta enero de 2021.
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Una vez aceptada su renuncia, el letrado retornó al Congreso Nacional cumpliendo funciones como asesor jurídico en la oficina del exsenador Enrique Bacchetta, quien entonces militaba en el extinto movimiento Colorado Añetete, sector fuertemente vinculado al PDP. Bacchetta finalizó sus funciones como legislador en julio pasado, razón por la cual, con el nuevo periodo parlamentario que abarca desde el 2023 hasta el 2028, pasó a desempeñarse como asesor de Filizzola.
Casañas Levi es un funcionario permanente del Congreso y se encuentra exonerado para marcar presencia por solicitud de Filizzola. El abogado denunciado por Bachi intentó en 2017 asumir un cargo electivo presentándose como candidato a la diputación por Central de la mano del PDP, grupo político calificado como una “nucleación familiar”.
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“En ningún momento hemos denunciado a periodistas”
El representante legal del expresidente Horacio Cartes, abogado Pedro Ovelar, habló sobre las publicaciones del jueves 24 de agosto en las portadas de los periódicos Abc Color y Última Hora, que mencionan un supuesto amedrentamiento por parte del fiscal que investiga la denuncia sobre persecución política formulada por Cartes a periodistas de estos medios. Según publicaron, el fiscal solicitó identificar a las personas que habían escrito artículos sobre el exmandatario.
En comunicación con la 1330 AM, Ovelar aclaró que nunca denunciaron a periodistas. “En ningún momento denunciamos a periodistas ni dijimos que tienen la obligación de callarse, ni los amedrentamos. Tampoco dijimos que cometieron un ilícito”, remarcó el profesional del derecho.
Aclaró que la denuncia se enfoca en funcionarios públicos y órganos del Estado que violaron disposiciones legales para perseguir políticamente a Horacio Cartes. Haciendo la salvedad de que estos usaron a los medios para lograr la repercusión necesaria para sus fines.
El abogado insistió en que se trata de una investigación sobre una filtración de información sensible y confidencial de la Seprelad con el objetivo de destruir a su representado. Manifestó que se busca investigar quiénes filtraron la información y para qué. “Hay hechos calificados equivocada y tendenciosamente para perjudicar”, subrayó.
Sobre la solicitud realizada por el fiscal a los medios citados, dijo que el representante del Ministerio Público debería responder; en contrapartida, aclaró que ninguna parte del requerimiento obliga a revelar fuente de medios de prensa. Pero el fiscal sí está obligado a investigar.
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Sindicado como acosador participó de encuentro con mujeres en Itaipú
En el desarrollo del encuentro de integración Binacional de Mujeres de Itaipú, llamó la atención la presencia en el escenario de Gerardo Soria, funcionario de la Itaipú Binacional, quien había sido denunciado por acoso sexual y laboral. El mismo participó del evento que se realiza en el marco del 1° Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas.
La denuncia en contra el funcionario de la binacional se hizo pública el año pasado, sin embargo, Soria sigue participando sin inconvenientes en actividades como esta, donde se destaca la labor de la mujer. La nota que contenía la denuncia presentada ante la Defensoría de Itaipú, en ese entonces, señalaba “acoso sexual y laboral” contra el empleado Gerardo Atanasio Soria Dávalos, lo que en teoría derivó en un sumario administrativo al alto funcionario que fue instruido en octubre del 2022 por el director jurídico, Juan Rafael Caballero.
Según el dictamen, emitido en ese entonces, el fin era “investigar el hecho denunciado y deslindar la eventual responsabilidad por la comisión de las presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones”; pero todo se esfumó entre cuatro paredes, ya que en ningún momento trascendió alguna sanción contra el denunciado y menos una aclaratoria del caso desde la entidad binacional.
Sin embargo, en febrero de este año, el funcionario fue sobreseído de esta denuncia, bajo el argumento de falta de pruebas. En el informe de la Dirección Jurídica, “se concluyó que no han existido elementos probatorios para acreditar la veracidad de la denuncia, consecuentemente el sumariado fue sobreseído”.
“Jefe de escritorio”
Este no es el único caso, o por lo menos la única denuncia en contra de Soria, el mismo también es conocido como el “jefe de escritorio”, ya que fue asignado al cargo en plena pandemia, y luego fue ubicado en un puesto más serio y pasó a tener funciones como director de Responsabilidad Social de Itaipú con un ingreso base de G. 52 millones al mes.
Según sus últimas declaraciones juradas de bienes presentadas a la Contraloría General de la República, el funcionario tiene además ingresos en concepto de intereses cobrados, lo que sugiere que se dedica al negocio crediticio, aunque no especifica de dónde proviene ese importe que percibe y que al año suma G. 252 millones, esto ya había sido publicado por el equipo de investigación de Nación Media.