El programa de la merienda y almuerzo escolar se convirtió en uno de los negocios más rentables de los últimos años, siendo así un verdadero atractivo para cualquier empresario del rubro de la provisión de alimentos, sin embargo, desde hace una década solo unos pocos acaparan las millonarias licitaciones a nivel país. Según el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de USD 1.044.292.695. En 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de 885.298.763.498 (USD 120.514.397).

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De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, existe un inquietante patrón con las mismas empresas que van ganando las licitaciones de las municipalidades, las gobernaciones y del Ministerio de Educación y Ciencias.

El almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques.

¿Quiénes son los barones de la merienda escolar en Paraguay?

¿Cuánto facturan y cuál es el nivel de incidencia que tienen en el mercado de las licitaciones?

Observando el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de USD 1.044.292.695. En 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de 885.298.763.498 (USD 120.514.397).

En ese periodo, la empresa proveedora Ladero Paraguayo SA se posicionó como la favorita con 176 adjudicaciones por valor total de G. 578.027.082.995. Esta firma consiguió contrataciones en 15 departamentos más capital.

Parte del informe de 300 páginas de la Contraloría remitido a la Fiscalía sobre el destino de los recursos provenientes del Fonacide.

En el segundo lugar figura la empresa Comepar con cuatro contrataciones por G. 567.578.055.351. En tercer puesto aparece esta misma proveedora, pero consorciada bajo el nombre de Consorcio Comepar y Asociados con 10 adjudicaciones por G. 509.945.666.181. Llamativamente esta misma empresa Comepar aparece nuevamente en el puesto 56 con otros dos contratos por G. 13.765.699.860.

En el cuarto lugar aparece Rosa Mabel Capli con 108 adjudicaciones por 435.653.118.703. En el quinto figura Patricia Esther Fernández Valiente con 15 contrataciones por un total de G. 283.499.530.379. En el sexto puesto aparece Blanca Nieves Rodríguez Braun con 148 contrataciones por G. 281.920.049.145. Le sigue el Consorcio Santa Rosa con 7 adjudicaciones por G. 219.912.963.366. Después aparecen la firma Granos y Aceites Sacia con 18 contratos por un monto total de G. 198.436.963.980, el Consorcio El Colono con 7 contrataciones por G. 157.154.886.290 y la firma Vega SA con 14 adjudicaciones por valor de G. 145.201.893.750.

EMPRESAS VINCULADAS

De los 10 mayores proveedores señalados, se constató que algunas firmas se encuentran vinculadas entre sí a través de socios. Al agruparlas, la Contraloría detectó dos grandes grupos, a los cuales denominó grupo Comepar y grupo Capli.

Las firmas que componen el grupo Comepar se encuentran vinculadas a través del Sr. Antolín Javier Génez Miranda, quien es socio y representante legal de las sociedades, y son las siguientes firmas: Comepar SA, Consorcio Comepar y Asociados, Consorcio de Alimentos, Consorcio Comepar y Alimentos, Consorcio Comepar y Plasma SA.

De acuerdo con el informe, las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Comepar representan el 21% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación Escolar durante los 10 años en el área capital y departamento Central.

Mientras que el segundo grupo, denominado Capli, está conformado y representado por Rosa Mabel Capli (firma unipersonal Distribuidora Paraguay), Hugo Atilio Carlson Núñez (firma unipersonal CAR&CAP Servicios), María Alejandra Mabel Carlson Capli (firma unipersonal Roma Emprendimientos), y Carlos Atilio Carlson Capli (firma unipersonal Fortaleza Emprendimientos).

Las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Capli representan el 15% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las contrataciones de alimentación durante los 10 años en 12 departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

Según el informe, en los procesos de almuerzo escolar de las gobernaciones en los años 2021 y 2022 en las que tuvo participación el grupo Capli, se pudo observar un patrón recurrente con el grupo de empresas que se presentaban como oferentes en los mismos procesos en los que participaba Rosa Mabel Capli, ya que coincidentemente en varios de ellos se presentaron en forma reiterada las mismas firmas participantes, como ser: Engadi Alimentaria SRL y Fitra SRL, resultando beneficiada la proveedora Capli. Si bien los auditores aclaran que no existe transgresión legal, resulta muy inquietante esta llamativa recurrencia.

En cuanto a la provisión alimentaria que realiza el MEC, la Contraloría detalla que nuevamente existen proveedores frecuentes que son adjudicados en estas contrataciones. Tal es así que la firma Comepar SA fue beneficiada con 4 contratos, lo cual representa el mayor porcentaje de adjudicaciones, siendo el 34,54 %; seguido por el Consorcio Comepar y Asociados con 7 contrataciones adjudicadas, que representa el 25,18 % del total; luego se encuentra Patricia Fernández de Alcaraz con 8 contrataciones, abarcando el 14,04% del total de contrataciones.

En varios procesos de contrataciones de diferentes años, las adjudicaciones recayeron sobre los mismos proveedores. En los 8 llamados realizados entre los años 2013 y 2022 presentaron ofertas en lotes diferentes las empresas Comepar SA, Consorcio Comepar y Asociados, Patricia E. Fernández de Alcaraz y Aida Aquino de Farías.

La institución contralora reveló en ese sentido el esquema de cómo estas 4 firmas presentaban ofertas en cada llamado. En cada proceso la firma Comepar SA cotizó la mayor cantidad de lotes y en ellos fue adjudicada; la siguiente firma de mayor cotización era el Consorcio Comepar y Asociados, que cotizó uno o dos lotes sin coincidir con el número de lote ofertado por Comepar SA, luego está Patricia Fernández de Alcaraz, quien cotizó un lote sin coincidir con los ofertados por las anteriores firmas, y finalmente Aida Aquino de Farías, quien cotizó un lote, también sin coincidir con ninguno de otros lotes ofertados por las demás firmas.

En el caso del Consorcio Comepar, las firmas Plasma SA y Comepar SA conforman el mismo. El modus operandi consiste en que en los mismos llamados, Comepar SA y el Consorcio Comepar y Asociados ofertaban en lotes diferentes y así eran adjudicados. Si bien esta práctica no está taxativamente prohibida por la ley, según esgrimió la Contraloría en su informe final, se configura en una conducta poco competitiva, lo cual da la pauta de la forma en que las grandes claques se adueñaron del jugoso negocio que representa llevar la comida a los alumnos en las instituciones educativas.

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