Los candidatos a presidente y vicepresidente de la República por la Nueva República, Euclides Acevedo y Jorge Querey, organizaron una jornada de reuniones en Capiibary donde dialogaron con organizaciones indígenas, campesinas y dirigentes sociales, cumpliendo así con uno de los pilares de las propuestas de la dupla que es trabajar para reivindicar a sectores sociales desprotegidos.
Durante estas reuniones, los candidatos no solo lograron conocer las necesidades y adentrarse a las realidades de cada uno de estos sectores, sino que también pudieron plantear posibles soluciones y alternativas para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus comunidades.
Ayudar a que los sectores indígenas y campesinos se ha convertido en una de las áreas de trabajo más intensas de la dupla, ya que para ambos es clave que el Estado se involucre en el mejoramiento de la vida de estas personas para que las mismas también puedan aportar al país de una manera eficiente y colaborar con el crecimiento integral de la República.
“Para nosotros esto no es una cuestión electoral, es una cuestión política, no puede ser que 20 naciones de apenas 120.000 estén descuidadas por el Estado, por eso desde el gobierno tenemos que crear el ministerio de los pueblos aborígenes, no para protegerlos, sino que para estimularlos para su propia emancipación e incorporarlos al aparato productivo de la nación”, destacó Euclides Acevedo en una de sus alocuciones.
En el caso de las comunidades indígenas y sus líderes, las inquietudes principales son el desplazamiento de las mismas de sus localidades y la falta de asistencia por parte del Estado ante las reiterativas solicitudes de ayuda, ya que al perder sus hogares también terminan perdiendo sus zonas de autoabastecimiento, puntos sobre los cuales también dialogaron con los candidatos.
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Gobierno de Peña apunta a reivindicar labor policial
El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el gobierno de Santiago Peña apunta a reivindicar la labor de los efectivos policiales con la introducción de mayores beneficios sociales y el aumento de inversiones para las fuerzas de seguridad y defensa. Como ejemplo, reiteró el acompañamiento del Poder Ejecutivo al proyecto de modernización de la Policía Nacional, que ya cuenta con la media sanción del Senado y se prevé próximamente su estudio en la Cámara de Diputados.
La iniciativa reorganiza a la institución policial y establece garantías para los agentes, entre ellas, que toda promoción y ascenso sea a través de concursos públicos. “Cuando haya promoción, ascensos, se harán concursos públicos. Se blindará como lo estamos haciendo ahora a la institución policial de la influencia política, que es una práctica muy vieja, muy usada. Hoy no entra ni sale nadie de la policía sin el visto bueno de la Comandancia, haciendo que se respete su liderazgo”, indicó.
BENEFICIOS SOCIALES
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron en una entrevista emitida este sábado por la Vocería de Gobierno. “Probablemente la parte más importante de la ley es una reivindicación a la Policía Nacional en relación a los beneficios sociales”, refirió.
Riera detalló que mediante la propuesta los agentes tendrán posibilidad de cobrar por desarraigo cuando son enviados lejos de su residencia, también tendrán bonificaciones, gratificaciones y rubros para la compra de uniforme, de armas y de municiones.
Asimismo, manifestó que desde el Gobierno se apuesta a una fuerte inversión para dotar de equipos a los policías, como chalecos antibalas, equipos de comunicación, unas 500 patrulleras más y motocicletas.
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Triplican agentes motorizados de Lince
Cabe destacar además que el gobierno de Santiago Peña continúa potenciando el sistema de seguridad en Paraguay, tras concretarse el pasado miércoles el egreso de una nueva camada de 507 agentes Linces que se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional.
Con esto se está triplicando el número de agentes motorizados, con lo que se logra unos 4.000 uniformados que estarán vigilantes en las calles brindando mayor seguridad a las familias, según informaron desde la Comandancia de la Policía Nacional.
“De buenas a primeras vamos a estar distribuyendo en el departamento Central, donde precisamos mayor cantidad de Linces, consideramos por la cantidad de habitantes, el flujo comercial, eso es un factor determinante para que podamos distribuir en el departamento Central”, indicó el jefe del Grupo Lince, Gustavo Ruiz Díaz, en entrevista a la 1020 AM.
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Crecen reclamos sociales en la Argentina
- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- X: @RtrivasRivas
El gobierno del presidente argentino Javier Milei cumplió 4 meses a cargo de la administración sin conseguir que el Parlamento apruebe ninguno de los proyectos legislativos con los que el mandatario se propone cambiar este país. No se recuerda en 40 años desde el momento en que la Argentina dejó atrás las dictaduras que la asolaron en el siglo pasado una situación similar. Tan consciente de ello como molesto el jefe de Estado expresa que “las reformas que no podamos meter ahora las vamos a meter el 11 de diciembre de 2025″, cuando estima que dispondrá de mejores condiciones en el Congreso para que sus legisladores voten en favor de sus ideas. Para las elecciones de medio tiempo faltan no menos de 18 meses.
Los motivos por los que se arriba a este cuadro de situación son múltiples, por cierto. Algunos vinculados con situaciones propias de la dinámica de una economía en bancarrota preñada de corrupción estructural, malas prácticas, los efectos de una guerra perdida contra Inglaterra en las Islas Malvinas, reiterados incumplimientos con los organismos multilaterales de crédito, el avance de la ‘pobreza’ y de la economía informal, por solo mencionar algunas y a las que es posible añadir un notorio cambio de época y prácticas sociales ejercidas desde el más alto nivel de conducción política del país que por ello resultan llamativas. Veamos.
En ese contexto de Gobierno débil con un presidente de carácter fuerte, el señor Javier Milei en la Patagónica ciudad turística de Bariloche, en el Hotel Llao Llao, más precisamente, ante los más poderosos empresarios y hombres de negocios que operan aquí –algunos de los cuales desde muchos tiempo residen en el Uruguay– sostuvo que cuando “se ponen controles de capitales el que fuga ya no es un delincuente, es un héroe (porque) logró escaparse de las garras del Estado”. ¿Es un acto de heroísmo la evasión fiscal?
Mientras, el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington trajinaron numerosas oficinas de altos funcionarios de la administración que lidera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ya es habitual los mensajes públicos de esos funcionarios desde la capital estadounidense son de optimismo. Kristalina Gueorguieva, la directora gerente de ese organismo, elogió al Gobierno argentino. El Departamento del Tesoro, al arecer, también lo hizo. Sin embargo, Gita Gopinath –quien secunda a la anterior– les informó a ambos que deberán aguardar hasta el venidero mes de junio para saber si acaso la Argentina habrá de recibir un desembolso extra de unos 15 mil millones de dólares, según trascendió, para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) con el objetivo de poner fin al llamado cepo al dólar, relevante compromiso de Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.
Casi simultáneamente con esa respuesta del FMI, en Buenos Aires, el dos veces exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo adelantó que en este mes de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– podrá estar cerca del 10 % e, incluso, ser de un digito, pero advirtió que considera probable que durante “un largo período” se estacione entre 8 y 9 % mensual. Ese dato y sus efectos permitirá sostener en el tiempo las múltiples demandas de la sociedad civil con sus posibilidades económicas disminuidas. La clase media comienza a molestarse. El ajuste impuesto por la política económica es muy duro.
Tal vez por esa razón el Gobierno intervino con inusual dinámica para impedir que las empresas de medicina prepaga que atienden en el sector privado a más de 7 millones de personas dejaran de aumentar sus precios que los incrementaron sustentándose en las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que se inició la gestión dl presidente Milei. Esas prestaciones aumentaron desde el último mes de 2023 hasta este mes 165 %. Pero no es el único sector que ha incrementado sus tarifas en esa magnitud. Los servicios de transporte (colectivos) aumentaron casi 200 %. Combustibles, cerca de 170 %. Otros servicios esenciales como lo son el agua, la provisión de luz y de gas, se elevarán desde este mes. El Gobierno proyecta que hasta julio alcanzarán un valor de equilibrio. Mañana los estudiantes que cursan educación superior en las universidades públicas de todo el país marcharán en procura de “terminar con el ajuste” al presupuesto educativo. Al menos una universidad privada –la UADE– apoya y participa del reclamo. ¿Será sustentable en el tiempo el ajuste de las cuentas públicas sin que aumenten el mal clima social?
“Hay muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana, como, por ejemplo: avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día”, sostiene la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que preside el obispo de San Isidro Óscar Ojea.
“Se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria”, agrega el texto eclesial católico.
Todos los sectores sociales sienten la presión de los precios en alza. En las estructuras más altas del Estado los aumentos salariales se disimulan con ascensos de categoría a numerosos funcionarios. En la Cámara de Senadores –como lo permite la ley– sus integrantes no sólo acomodaron sus dietas (como se denominan sus remuneraciones que no son salarios) sino que desde ahora cobrarán 13 cuotas anuales. Una más que desde siempre. Mientras ello sucedía en el Congreso, ninguno de los 7 integrantes del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) se expresó en alta voz para manifestarse en contra de lo que finalmente sucedió. La vicepresidenta Victoria Villarroel, que preside el cuerpo, se justificó en que la decisión “es legal” y repitió ante quien quisiera escucharla que “no puedo impedirlo”.
Pese al ajuste y a las carencias que hacen que el presidente Milei repita una y otra vez que “no hay plata”, el ministro de Defensa Luis Petri junto con su homólogo danés ministro danés Troels Lund Poulsen, en Dinamarca, concretó la compra de 24 aviones de combate F-16 A/B MLU Fighting Falcon con 4 décadas de antigüedad pero que “han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología” según la comunicación oficial argentina.
La operación mencionada asciende a un costo de USD 650 millones que incluye a los cazabombarderos, sistemas de armas (misiles aire-superficie y aire-aire misiles aire-aire y armamento guiado aire-superficie, ocho motores, cuatro simuladores de vuelo, entrenamiento y capacitación de los pilotos.
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Recuerdan que las políticas sociales son necesarias
Las políticas sociales no pueden ir en paralelo con las políticas productivas, ya que son fundamentales en el proceso de desarrollo del país, explicó el economista y exministro de Desarrollo Social Cayo Cáceres, en contacto con La Nación/Nación Media. Según el economista, las políticas sociales nunca pueden ser regalías, sino que tienen que ser medidas para garantizar el ejercicio de derechos a los ciudadanos y a las familias, y ese proceso debe estar conectado con políticas productivas, políticas de empleo, políticas de capacitación, políticas crediticias y políticas de fortalecimiento de la gestión de las pequeñas organizaciones.
“Cuando entendemos que las políticas sociales tienen que ir por un andarivel y las políticas productivas por otro andarivel, ahí ya tenemos un panorama errado. Las políticas tienen que estar ajustadas de acuerdo al dimensionamiento de las organizaciones, las personas y las familias en donde se va a impactar”, enfatizó Cáceres.
Siguió explicando que cuando se quiere lograr un impacto inmediato en la economía y crecimiento, se deben diseñar las políticas reales según las necesidades del origen del problema. Por ejemplo, no es lo mismo establecer las líneas a seguir en producción para las personas que tienen formación académica y para las que no. “Si yo quiero mejorar, desarrollar y fortalecer el desempeño productivo de las personas que viven en Caraguatay, debo trabajar y dedicarme a ellos. No puedo pretender copiar lo que se hace en Japón o China, no funciona así el sistema. Las medidas serán efectivas cuando respondan a las necesidades de las comunidades”, expuso.
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Ganadero no puede asumir emisiones que provienen de otros sectores
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) compartió un estudio denominado la “Ganadería bovina y cambio climático en las Américas: hacia modelos de desarrollo bajos en carbono”, que señala que las emisiones biogénicas del ganado bovino, metano y óxido nitroso no superan el 5 %.
Este aspecto ya había sido abordado por otras investigaciones, pero en este informe elaborado por el científico argentino Ernesto Viglizzo pone al descubierto a toda la cadena de valor que prosigue a la actividad ganadera como componentes colaborativos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El especialista advierte que las publicaciones que atribuyen a la ganadería bovina una parte significativa de la responsabilidad sobre el cambio climático son equivocadas. “Se le adjudican emisiones que no le corresponden”, comentó Viglizzo, ya que las emisiones también provienen de otras aristas de la economía, como el industrial, el transporte, el residencial, la distribución o el consumo doméstico.
INCIDENCIA DE OTROS RUBROS
“Al productor ganadero no se le puede cargar sobre sus espaldas emisiones que no dependen estrictamente de sus actividades, sino de otros sectores. Por lo tanto, solo las emisiones de la actividad ganadera son las que deberían imputarse a las cadenas de la carne bovina”, expuso el investigador.
Viglizzo explicó que las emisiones no solo son provocadas por la producción ganadera, puesto que también se generan en otros sectores, como los frigoríficos, el transporte y la distribución mayorista o minorista. Más concretamente, fundamentó que estas actividades afines y posteriores a la producción emiten gran cantidad de emisiones, ya que consumen combustibles fósiles, responsables principales del cambio climático. Conforme a la investigación llevada a cabo por el experto, la ganadería bovina tiene un impacto mucho menor sobre el calentamiento global del que se alega, si se miden las emisiones de gases de efecto invernadero que efectivamente le corresponden, las del periodo de cría de animales y se excluyeran las que le adjudican.