La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), cuestionó la impunidad judicial en los casos de abusos en menores. Sostuvo que de nada sirve que haya leyes severas si finalmente no se aplican. Los marcos penales son drásticos, pero lamentó la escasez de condenas.
“En realidad lo que hay que ver es qué está haciendo la Justicia. La impunidad imperante, o sea que hay un montón de casos, cientos de casos de niñas obligadas a ser madres, que lógicamente todos esos embarazos son resultados de abusos sexuales”, señaló Vallejo en diálogo con periodistas encargados de la cobertura legislativa.
La parlamentaria dijo que se debe hurgar en los estrados judiciales, cuántas condenas tienen estos casos y qué investigaciones quedaron sin ser dilucidadas. “Porque todos los casos de estas niñas que llegan en estado de embarazo a los centros de salud son denunciados ante la justicia. Entonces en realidad el problema no está en la ley, el problema está en la impunidad. El problema está en la investigación”, lamentó.
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Instagram aplicará medidas para proteger a los menores del chantaje con fotos íntimas
Meta anunció ayer jueves nuevas medidas en Instagram para proteger a los menores de edad del chantaje con fotos íntimas a través de una función que difuminará los desnudos en los mensajes directos. En concreto, esta función, configurada por defecto en las cuentas de los menores, detectará automáticamente las imágenes con desnudos recibidas mediante la mensajería de la aplicación y las difuminará.
“De esta forma, el destinatario no se expone de forma no deseada a contenidos íntimos y tiene la opción de ver o no la imagen”, explicó a la AFP Capucine Tuffier, responsable de protección de la infancia en Meta Francia. Asimismo, se enviarán mensajes al remitente y al destinatario de dichas imágenes para sensibilizarles sobre el problema del chantaje con fotos íntimas, también conocido como “sextorsión”.
“El objetivo es reducir la creación y envío de este tipo de imágenes”, afirmó Tuffier. Además, una vez que una cuenta haya sido identificada por las herramientas de inteligencia artificial de Meta como posible fuente de este tipo de chantaje, sus interacciones con usuarios menores de edad se verán severamente restringidas.
No podrá, por ejemplo, enviar mensajes privados a la cuenta de un menor, no tendrá acceso a la lista completa de seguidores de estos últimos y las cuentas de menores no aparecerán en la barra de búsqueda, detalló Tuffier.
Meta también avisará a los jóvenes usuarios si entran en contacto con un posible chantajista. El menor será entonces dirigido a un sitio dedicado llamado “Stop Sextorsión” y tendrá acceso a una línea telefónica de ayuda en colaboración con asociaciones. Estas nuevas medidas se probarán a partir de mayo en un puñado de países de América Central y América Latina, antes de implantarse en todo el mundo en los próximos meses.
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Fuente: AFP
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El miserable corporativismo en busca de la impunidad
La sociedad es testigo y está consciente del perverso juego de protección corporativa de dos cadenas de medios de comunicación a favor de quien fuera su aliado y proveedor –a través del Estado– en el periodo presidencial 2018-2023, y que el juicio anticipatorio de la historia ya ha condenado como el más corrupto de toda la transición democrática. Los tribunales de la república, llegado el momento, solo habrán de confirmar esta sentencia inapelable ante la abrumadora contundencia de las pruebas incriminatorias, no solo en los ministerios del Ejecutivo, sino, y especialmente, en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyas actuales autoridades tienen la responsabilidad moral de aventar las suciedades que todavía se encuentran camufladas debajo de la alfombra.
Desde el primer día de su mandato, advertíamos al presidente Santiago Peña que el mayor desafío que tiene por delante era moralizar nuevamente las instituciones públicas, al tiempo de devolverles eficacia –esto es, lograr los objetivos deseados– en el cumplimiento de sus cometidos fundamentales. Todos los esfuerzos del gobernante y su equipo envían señales inequívocas de que se encuentran en ese camino: el de la rectitud y la capacidad realizadora, mal que les pese a los agoreros del fracaso ajeno. Pero, en la otra ribera, todavía queda una tarea pendiente, y estamos convencidos de que no tardará en ejecutarse.
Aprobados en el Congreso de la Nación los proyectos que tienen categoría de política de Estado y que apuntan directamente a derribar las históricas injusticias sociales, la Auditoría General del Poder Ejecutivo debe exponer a la consideración ciudadana el cuantioso perjuicio de la administración anterior al patrimonio que es de todo el pueblo. Sabemos que se trata de una investigación que requiere pericia, seriedad y cotejo de una voluminosa documentación, para que no queden resquicios o flancos débiles a los que les encantaría disparar a las dos corporaciones mediáticas que decidieron apostar por la impunidad cómplice, presionando y hostigando tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen con una alevosía que ni siquiera inmuta a ningún periodista de esos medios, quienes, sin embargo, pretenden erigirse en los abanderados de la trasparencia y la integridad.
Los mismos han pisoteado sin ningún escrúpulo ni pudor las reglas más elementales del periodismo, con tal de manipular los hechos, enmascarar la realidad y distraer la atención de los delitos más repugnantes y miserables perpetrados en agravio de miles y miles de familias, de condiciones humildes, quienes, en medio del llanto de la impotencia, veían cómo sus seres queridos morían por la insensibilidad de un Gobierno que prefirió desviar 1.600 millones de dólares, antes que aliviar el dolor de un pueblo asediado por la pandemia del covid-19. Fallecieron por falta de insumos, medicamentos, camas para terapias y, lo más triste, de oxígeno. El resultado fatal, al 15 de agosto de 2023, cuando Mario Abdo Benítez entregó el poder, fue de 19.880 decesos. Muchos de ellos pudieron ser evitados, si no fuera tanta la angurria, la improvisación y la dureza de corazones de quienes pensaron exclusivamente en sus bolsillos y no en el sufrimiento de la población. Los escasos hospitales de contingencia solo fueron montados con el propósito de propiciar las fotografías en los medios amigos y así continuar con el despilfarro de los recursos del área de la salud.
Este es el personaje y su equipo a los que están defendiendo estas corporaciones. Lo están haciendo ahora ante las irrebatibles pruebas de que utilizaron las instituciones del Estado para filtrar informaciones adulteradas algunas, y confidenciales otras, para tratar de eliminar de la carrera electoral a sus enemigos internos de la Asociación Nacional Republicana. Maniobra infame a la que se prestaron los bien identificados medios de comunicación por una doble y espuria motivación: la primera, para extender un manto oscuro de defensa sobre su aliado político y comercial; y la segunda, para obstaculizar cualquier iniciativa jurídica emprendida por los líderes del movimiento Honor Colorado en procura de justicia. Hasta pretenden, en un cinismo y descaro sin límites, deslegitimar la mayoría que hoy tiene el Partido Colorado en las cámaras de Diputados y Senadores, en alianza con representantes de otros sectores políticos democráticos. Sin embargo, en el pasado reciente celebraban la que fuera construida prioritariamente contra el cartismo entre los leales a Mario Abdo Benítez y sus satélites del Partido Democrático Progresista (PDP), liderados por la ahora exparlamentaria Desirée Masi. Sinuoso trayecto que hoy continúa con puntillosa fidelidad su marido, el senador Rafael Filizzola. Ahí es cuando la hipocresía exhibe su rostro más despreciable ante una sociedad frente a la cual perdieron todo vestigio de confianza y credibilidad. Y lo hicieron por sus propias acciones, al promover un corporativismo para la impunidad; en otras palabras, para dejar sin castigo al voraz latrocinio público, el despilfarro en avisaje fiscal y publinotas empalagosas, y la grosera manipulación de los organismos del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Y a esta campaña se sumaron algunos seudoopositores, evitando el desafuero de quien, alguna vez, más pronto que tarde, deberá enfrentar estos cargos y rendir cuentas ante la Justicia. El pueblo, repetimos, ya lo hizo hace rato.
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Menores huyeron de centro educativo
- Ciudad del Este. Agencia regional.
A las 17:30 del sábado, dos jóvenes huyeron del Centro Educativo de Menores Infractores del Este, siendo uno de ellos recapturado posteriormente. El local está ubicado sobre la avenida República de Venezuela del km 9 Acaray, de Ciudad del Este. Se trata de Jhonatan K.H., de 16 años, y Pedro S.A., de 17 años. Es lo que reportó la Subcomisaría 46.ª del barrio San Juan.
El oficial de guardia del sitio, Reinaldo Rodríguez Núñez, informó al personal policial que siendo las 15:00, aproximadamente, dos reclusos saltaron el tejido perimetral y huyeron, internándose hacia la zona boscosa que existe a solo unos metros del predio.
La búsqueda se inició en forma inmediata por parte de agentes policiales de comisarías aledañas, siendo recapturado uno de ellos, Pedro S.A., y derivado de nuevo al Centro Educativo del km 9 Acaray. La búsqueda continua con el otro menor infractor fugado. El caso fue comunicado al fiscal Osvaldo Zaracho.
El director del centro penitenciario para menores, Marcos Otazú, informó que son 25 los jóvenes que se encuentran privados de su libertad en el sitio. Explicó que los mismos estaban en el área deportiva cuando los dos decidieron saltar el cerco perimetral, desde una altura considerable para ganar la calle y huir.
El subcomisario Édgar González Ramírez, subjefe de la Subcomisaria 46.ª, confirmó a La Nación/Nación Media que todavía no fue recapturado el segundo joven que huyó del Centro Educativo del Este. Mencionó que los vecinos aportaron versiones distintas sobre la dirección que habría tomado el que sigue prófugo, porque algunos indican que se internó en el bosque, pero otros señalan que fue por calles vecinales.
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Lucha contra la corrupción e impunidad es clave para EE. UU.
El coordinador de Anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew, realizó su segunda visita a nuestro país, oportunidad en la que se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, miembros de su gabinete, otros poderes estatales y con varias organizaciones civiles.
“Durante estas productivas reuniones mencionamos que la lucha contra la corrupción es clave para la seguridad nacional, es una prioridad de política extranjera para Estados Unidos e incluye nuestro compromiso en apoyar a una sociedad libre e independiente así como la prensa independiente y el sector privado”, manifestó Nephew.
A lo largo de los diversos encuentros, el representante del Gobierno estadounidense conversó sobre las potenciales áreas de colaboración para continuar abordando temas principales como la corrupción, según indicó, al tiempo que mencionó que para que esto sea posible, la lucha contra la impunidad es esencial.
“La rendición de cuentas y la reducción de impunidad son fundamentales en poder abordar y prevenir la corrupción. El abordaje de la corrupción es esencial para que Paraguay pueda expandir su economía mientras que cuida su democracia”, afirmó el coordinador del Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos continuará utilizando herramientas para avanzar en pos de esta agenda, afirmó Nephew, quien señaló que esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de justicia criminal, control y en las instituciones con responsabilidades en esta área. Asimismo, sostuvo que el Gobierno norteamericano está unido y que mantiene una comunicación directa y fluida con la embajada de dicha nación en Paraguay.
Antes de las declaraciones de Nephew, el embajador Marc Ostfield brindó unas breves palabras en las que refirió que esta segunda visita del coordinador de Anticorrupción representa la reafirmación de Estados Unidos en su apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y además destacó el apoyo que están recibiendo de parte de este funcionario de Estado.