Una delegación de autoridades de la policía de la Guardia di Finanza de Italia, que se encuentra de visita en nuestro país, destacó la labor que viene realizando el Ministerio Público del Paraguay en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos.
Los representantes del estamento de seguridad italiano se entrevistaron con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien hicieron entrega de un reconocimiento a su persona y a las tareas emprendidas por la institución a su cargo. También expresaron su apoyo para consolidar y potenciar los trabajos de investigación entre ambos países contra el crimen trasnacional.
En ese sentido, ambas instituciones desarrollan actualmente proyectos de cooperación que abarcan, entre otros ámbitos, el intercambio de información, fortalecimiento en materia técnica y jurídica para fortalecer el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y los hechos de corrupción pública.
HOMENAJE A MARCELO PECCI
Igualmente, la delegación italiana de autoridades policiales que llegó a nuestro país el pasado día lunes 24 ofreció un emotivo homenaje y expresó sus sentidas condolencias por el asesinato del fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci, perpetrado el pasado día martes 10 de mayo en una playa de las afueras de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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Gobierno de Peña apunta a reivindicar labor policial
El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el gobierno de Santiago Peña apunta a reivindicar la labor de los efectivos policiales con la introducción de mayores beneficios sociales y el aumento de inversiones para las fuerzas de seguridad y defensa. Como ejemplo, reiteró el acompañamiento del Poder Ejecutivo al proyecto de modernización de la Policía Nacional, que ya cuenta con la media sanción del Senado y se prevé próximamente su estudio en la Cámara de Diputados.
La iniciativa reorganiza a la institución policial y establece garantías para los agentes, entre ellas, que toda promoción y ascenso sea a través de concursos públicos. “Cuando haya promoción, ascensos, se harán concursos públicos. Se blindará como lo estamos haciendo ahora a la institución policial de la influencia política, que es una práctica muy vieja, muy usada. Hoy no entra ni sale nadie de la policía sin el visto bueno de la Comandancia, haciendo que se respete su liderazgo”, indicó.
BENEFICIOS SOCIALES
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron en una entrevista emitida este sábado por la Vocería de Gobierno. “Probablemente la parte más importante de la ley es una reivindicación a la Policía Nacional en relación a los beneficios sociales”, refirió.
Riera detalló que mediante la propuesta los agentes tendrán posibilidad de cobrar por desarraigo cuando son enviados lejos de su residencia, también tendrán bonificaciones, gratificaciones y rubros para la compra de uniforme, de armas y de municiones.
Asimismo, manifestó que desde el Gobierno se apuesta a una fuerte inversión para dotar de equipos a los policías, como chalecos antibalas, equipos de comunicación, unas 500 patrulleras más y motocicletas.
SEPA MÁS
Triplican agentes motorizados de Lince
Cabe destacar además que el gobierno de Santiago Peña continúa potenciando el sistema de seguridad en Paraguay, tras concretarse el pasado miércoles el egreso de una nueva camada de 507 agentes Linces que se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional.
Con esto se está triplicando el número de agentes motorizados, con lo que se logra unos 4.000 uniformados que estarán vigilantes en las calles brindando mayor seguridad a las familias, según informaron desde la Comandancia de la Policía Nacional.
“De buenas a primeras vamos a estar distribuyendo en el departamento Central, donde precisamos mayor cantidad de Linces, consideramos por la cantidad de habitantes, el flujo comercial, eso es un factor determinante para que podamos distribuir en el departamento Central”, indicó el jefe del Grupo Lince, Gustavo Ruiz Díaz, en entrevista a la 1020 AM.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Rebeldes secuestran en Colombia a dos investigadores de la Fiscalía
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
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“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.
El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.
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En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
Fuente: AFP